La lucha de Petro

En un país golpeado por una guerra de más de 50 años entre el Estado y las FARC, los militares han sido prácticamente intocables a pesar de los escándalos que protagonizaron. La resistencia al cambio se mantiene hoy, cuando el presidente Gustavo Petro está determinado a perseguir una “paz total” con los grupos armados aún activos. Los archivos secretos del Ejército a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan una reciente campaña de acoso y difamación contra los agricultores de hoja de coca y los periodistas encargados de informar sobre las erradicaciones forzosas.

Los documentos muestran que los soldados mataron en 2020, al comienzo de la pandemia, al menos a tres personas, además de perseguir a los periodistas. El propio presidente Gustavo Petro se hizo eco de esta información en apoyo a los pequeños productores de hoja de coca que, durante años, han sido criminalizados en el marco de la guerra contra las drogas. Los agricultores siguen denunciando la presencia del Ejército a pesar de que el Gobierno se propuso acabar con el hostigamiento a los campesinos dedicados a estos cultivos.

La estrategia de lucha contra el narcotráfico de Petro es radicalmente distinta de la de su antecesor, Iván Duque. Sin embargo, el mandatario de izquierdas no está en disposición de obviar las presiones de Estados Unidos. Si, por un lado, el presidente Petro se ha mostrado firme en su intención de cambiar la narrativa de la guerra contra las drogas, que calificó en la Asamblea General de las Naciones Unidas como un verdadero fracaso, por el otro lado, Washington sigue siendo un aliado crucial para el que la cantidad de hectáreas erradicadas es lo prioritario. Sus funcionarios ya han dicho que la persecución se centrará en los grandes productores y no en los pequeños, pero el asunto no ha terminado de concretarse y cunde la sensación de que ha quedado en el aire.

Este conflicto se enmarca en uno más amplio, el de la tierra y la seguridad en los territorios rurales abandonados por el Estado durante décadas y donde el Ejército nunca fue fiscalizado o controlado por otros poderes públicos. Las campañas de acoso como las que ha revelado EL PAÍS no solo producen muertes, sino que ahondan la desconfianza entre las comunidades campesinas y las instituciones, y condenan al empobrecimiento a una población muy vulnerable.

A eso se añade el debate sobre el sentido de la prohibición, ya abordado en el pasado por el expresidente Juan Manuel Santos. Petro ha sido un ejemplo a la hora de denunciar el fracaso del actual modelo, y se ha enfrentado directamente a Estados Unidos en un tema muy sensible. Abandera una nueva narrativa y un nuevo estilo que casa con la búsqueda de los cambios profundos que quiere impulsar. La protección de estas comunidades campesinas y el control de la actuación del Ejército en todos los rincones de Colombia ha de ser un paso en esa dirección.