El vuelco de Petro en la política de drogas empieza por reducir la erradicación forzada de coca

El Gobierno de Gustavo Petro da pasos cada vez más decididos para concretar el vuelco en la política de drogas que el presidente de Colombia se propone desde la propia campaña que lo llevó al poder. Después de haber preparado el terreno para sepultar de una vez por todas las fumigaciones aéreas con glifosato contra los cultivos de coca, esta semana la Policía Nacional fijó su meta de erradicación de cultivos ilícitos para el año 2023 en 20.000 hectáreas, una notable reducción de 60% con respecto a las 50.000 que se proponía para 2022. Una noticia ilustrativa del cambio de los tiempos.

Colombia es desde hace años el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la cocaína, y ha alcanzado un nuevo récord en el terreno dedicada a esos narcocultivos. El área total se disparó de 143.000 a 204.000 hectáreas al cierre de 2021, de acuerdo con el último informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), la medición oficial. El potencial de producción de clorhidrato de cocaína alcanzó 1.400 toneladas. Ambas son las cifras más altas desde que se tienen registros.

“Si continuamos lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos 10 o 20 años, el resultado no va a cambiar”, reconocía en octubre el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante la presentación del Simci, el primero en el Gobierno Petro. Entonces subrayó que el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, sellado a finales de 2016, marca la hoja de ruta para una política de sustitución de cultivos. El propio mandatario ha pedido dejar de criminalizar a los cultivadores de coca, e incluso participó en diciembre en el primer congreso de cocaleros de la región del Catatumbo, para enfocar los esfuerzos en golpear a las organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico.

La nueva política de drogas, a cargo principalmente del Ministerio de Justicia, todavía está en construcción. Aunque esa cartera no participó en la decisión anunciada el martes por la policía antinarcóticos sobre la reducción de la meta de erradicación forzada, sí ha dibujado sus principales lineamientos. “Vamos a darle oxígeno a algunas actividades y asfixiar otras. Oxígeno a los eslabones más débiles, a los campesinos y cultivadores de hoja de coca, y asfixia a traficantes, lavadores de activos y mafias”, señalaba el ministro Osuna hace un mes durante una audiencia pública de rendición de cuentas.

Las cifras récord de cultivos y producción de coca marcan el fracaso de los esfuerzos de erradicación forzosa en los que persistió el antecesor de Petro, Iván Duque (2018-2022). Durante su periodo, Duque ya había dado un marcado giro en la política antidrogas con respecto a Juan Manuel Santos (2010-2018). Mientras que Santos abogó por cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico –como la hace Petro ahora–, y pidió abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública, Duque marcó una línea más dura, volvió al prohibicionismo y favoreció la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos. También insistió en regresar a las fumigaciones aéreas con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno, aunque no consiguió superar las dificultades jurídicas y operativas para concretarlo.

Desde que llegó al poder, Petro ha prometido prohibir de plano las fumigaciones con glifosato –suspendidas desde 2015 por un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución – y ha tachado de fracaso la guerra contra las drogas. “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, dijo en septiembre en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU.

En el frente internacional, Petro ha ido sumando respaldos en ese propósito. La lucha contra el narcotráfico necesita cambios profundos como los que pide el presidente de Colombia, pues la política de la prohibición fracasó, han apuntado los líderes mundiales agrupados en la Comisión Global sobre Política de Drogas, a la que pertenecen, entre otras, dos expresidentes colombianos: Santos (2010-2018) y César Gaviria (1990-1994). También el Grupo de Puebla, que reúne a dirigentes y expresidentes progresistas de Iberoamérica, ha apoyado sus esfuerzos por descriminalizar las drogas. Y cuando Petro visitó en noviembre a Andrés Manuel López Obrador, Colombia y México se propusieron convocar al resto de América Latina a rediseñar y replantear la política de drogas con una gran conferencia de mandatarios de la región.

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