Colombia prepara el regreso de las cuestionadas fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca

El Gobierno de Iván Duque está a punto de cumplir su propósito, largamente postergado, de que Colombia regrese a las cuestionadas fumigaciones aéreas con glifosato contra los cultivos de hoja de coca. El presidente, al que le queda poco más de un año de mandato, firmó este lunes un decreto que establece las reglas de la aspersión aérea para regular “el control de riesgos para la salud y el medio ambiente”, y así cumplir con algunos de los requisitos que le ha exigido la Corte Constitucional. Desde que se suspendieron las fumigaciones en 2015, académicos, ambientalistas y organizaciones sociales han rechazado el uso de este herbicida potencialmente cancerígeno.

El anuncio reabre una discusión que ha despertado pasiones a lo largo de los años. El propio Duque ha argumentado con insistencia que Colombia necesita todas las herramientas para combatir el narcotráfico, incluido el glifosato. Su antecesor, Juan Manuel Santos, abogó por cambiar el enfoque en la lucha global contra el tráfico de drogas, y pidió abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública —incluso en su discurso de aceptación del Nobel de Paz por el acuerdo que selló con las FARC—. El actual mandatario ha marcado una línea más dura y un regreso al prohibicionismo, al tiempo que ha favorecido la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos.

Colombia ha fumigado cultivos ilícitos con glifosato desde los años ochenta. Aunque Estados Unidos promueve su uso, el Gobierno de Santos suspendió las aspersiones aéreas en 2015 ante recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución. En otra sentencia de 2017, el alto tribunal determinó, entre otros requisitos, que las autoridades solo pueden reactivar las fumigaciones si establecen con investigaciones científicas que esas aspersiones no producen daño a la salud ni al medio ambiente.

El decreto de esta semana “no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes [CNE] verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos”, ha matizado el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. “El programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes”, ha señalado por su parte su compañero de Gabinete en la cartera de Defensa, Diego Molano, quien vaticina que las aspersiones se reactivarán en este trimestre, en un proceso que podría extenderse hasta junio.

Para que las avionetas de la fuerza pública vuelvan a arrojar el herbicida sobre los cultivos de coca aún faltan varios pasos. Entre otros, los conceptos del Instituto Nacional de Salud y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de manera que el Ejecutivo pueda citar al CNE, la entidad nacional de política de drogas. Varios frentes todavía están envueltos en procesos jurídicos. Sin embargo, se da por descontado que el CNE aprobará las fumigaciones, pues la mayoría de sus miembros son funcionarios nombrados por Duque.

“El Gobierno ha sido absolutamente sordo a las críticas”, valora Isabel Pereira, coordinadora del área de política de drogas del centro de pensamiento Dejusticia, que destaca entre diversos pronunciamientos la carta de finales del año pasado en la que siete relatores de Naciones Unidas –el de Sustancias Tóxicas, la de Afrodescendientes, el de Medio Ambiente, el de Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas– le pedían a Duque no regresar al glifosato. “El decreto es un acto desafiante de terquedad que demuestra que no están interesados en escuchar a la comunidad internacional, ni a la comunidad académica, ni mucho menos a las comunidades que serían afectadas por la aspersión”, apunta Pereira. “La evidencia no va a afectar la manera como toman las decisiones”, se lamenta al advertir que la reglamentación aún presenta vacíos con respecto a los estándares que fijó la corte.

Colombia se mantiene por mucho como el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la cocaína. Luego de haber alcanzado máximos históricos, las hectáreas dedicadas a la coca han comenzado a marcar una tendencia a la baja en el Gobierno de Duque gracias a años de enormes esfuerzos. La superficie total se ubicó en 154.000 hectáreas al cierre del 2019, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), la medición oficial. Fue el segundo año consecutivo de una modesta disminución frente al récord de 171.000 hectáreas en 2017. El Gobierno culpa al narcotráfico de la crisis de seguridad que sufre el país, que incluye un creciente número de masacres y el incesante asesinato de líderes sociales.

“La inseguridad en el campo colombiano ha empeorado constantemente en años recientes mientras los grupos armados compiten entre sí y se enfrentan al Ejército. La erradicación redoblada, y potencialmente la fumigación aérea, podrían intensificar la violencia al empujar a los agricultores a las garras de los grupos armados, sin detener la resiembra de coca”, advertía en febrero un informe del centro de análisis International Crisis Group. “Colombia y Estados Unidos, el principal respaldo externo de las políticas antinarcóticos de mano dura en América Latina, deberían pasar la página en el uso de la fuerza contra los cultivadores de coca en un intento por reducir el suministro mundial de cocaína. Impulsar las economías rurales, seguir adelante con la sustitución de cultivos y evitar enfrentamientos con los cultivadores sería una mejor política”, concluía el documento.