Wilson Ruiz: “En este momento no tengo ninguna instrucción de eliminar ninguna Corte ”

Wilson Ruiz (Florida, Valle del Cauca, 1967) es el tercer ministro de Justicia del Ejecutivo de Iván Duque, la cartera que más cambios ha tenido en algo más de dos años de Gobierno. El presidente de Colombia se proponía al iniciar su mandato de cuatro años, en agosto de 2018, ministros de perfil técnico que duraran todo su periodo, pero se ha topado con una realidad política más tormentosa. Gloria María Borrero renunció en mayo de 2019 en medio de la crisis institucional provocada por la decisión de liberar a Jesús Santrich, un excomandante de las FARC pedido en extradición por Estados Unidos y ahora prófugo de las autoridades. Su relevo, Margarita Cabello Blanco, dimitió el pasado agosto para ser escogida por el Senado como la próxima procuradora general, lo que ha provocado una intensa discusión sobre el equilibrio de poderes.

“Es completamente normal que haya cambios dentro de un Gobierno”, apunta Ruiz, que tomó posesión del cargo el mes pasado, en esta conversación con EL PAÍS en su despacho del décimo piso del Ministerio de Justicia y del Derecho. “Claro que yo sí quiero quedarme el resto del periodo”, agrega el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Su aterrizaje en el cargo –después de competir con Cabello en la terna para procurador– se produce en un momento delicado, con varias propuestas de reforma a la Justicia en el aire. Entre ellas, la del Centro Democrático. El partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, que enfrenta varias investigaciones judiciales, propone un referendo para reducir el tamaño de las altas cortes. “No tengo ninguna instrucción de eliminar ninguna corte en nuestro país”, señala el ministro en esta entrevista.

Pregunta. ¿El Gobierno está decidido a retomar la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca?

Respuesta. Sí. Sobre eso aquí en Colombia hay muchísima polémica. Hay zonas que son bastante vulnerables como el departamento del Cauca, Nariño, Antioquia… donde hay un mayor número de cultivos. Actualmente tenemos unas 154.000 hectáreas sembradas, y desde luego la política del presidente Duque es erradicar todo esto de todas las formas posibles. Sea a través de la erradicación manual, la sustitución o la aspersión aérea con el glifosato. En esta lucha antidrogas que está librando el Estado colombiano, [el Gobierno] desarrolló la política Ruta futuro, que es una política integral que ataca con rigor toda la cadena del narcotráfico. Se han logrado erradicar 98.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 2020. El área sembrada de coca en 2019 se redujo en un 9%, pasamos de 169.000 hectáreas a 154.000. Esto genera mucha resistencia en aquellas comunidades que son vulnerables, que utilizan todo tipo de artificios para poder frenar el actuar de la erradicación del Gobierno. (...) Como Estado social de derecho siempre respetamos lo que diga nuestra Corte Constitucional.

P. ¿Qué hace falta para cumplir con los requisitos que exige la Corte Constitucional para retomar la fumigación?

R. Estamos trabajando con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que es la que nos va a dar finalmente el concepto favorable para empezar nuevamente con la aspersión aérea y la erradicación de los cultivos ilícitos con el glifosato. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Pensaría que a comienzos del año entrante estaríamos empezando nuevamente con la fumigación aérea.

P. ¿Si los números de erradicación tienen una tendencia tan favorable por qué hace falta volver a la aspersión, que es un método tan controversial?

R. Desafortunadamente, en Colombia muchas bandas criminales están incentivando a la población, entonces si nosotros no logramos establecer un mecanismo contundente como es la aspersión aérea, lo más seguro es que volvamos a multiplicar nuevamente todos los cultivos ilícitos. Se ha detectado que la aspersión aérea es mejor desde el punto de vista de los costos y del riesgo que van a asumir las personas de la policía antinarcóticos.

P. La Administración de Donald Trump en Estados Unidos era manifiestamente favorable al regreso de las fumigaciones. Con un nuevo presidente electo en ese país [Joe Biden] ¿hay un menor sentido de urgencia para el regreso de las fumigaciones?

R. No podemos olvidar que Colombia y Estados Unidos han sido aliados durante más de 20 años con esta problemática del narcotráfico. Nosotros aspiramos a que la política del nuevo presidente electo, Joe Biden, sea parecida a la que veníamos trabajando con Donald Trump.

P. Estados Unidos también ha sido socio de Colombia en los esfuerzos de fortalecimiento de la justicia. ¿Cómo está planteada esa cooperación?

R. Tiene varios frentes. La ayuda que da Estados Unidos en el tema del narcotráfico es bastante fuerte. También se trabaja mucho en Colombia en la construcción de cárceles para que tengan mejores instalaciones y la problemática de hacinamiento cada día sea menor. La cooperación es muy buena, hasta en materia de extradición. Nosotros seguimos constantemente enviando personas requeridas por la justicia de Estados Unidos. También de allá para acá nos están trayendo colombianos, como en el caso de los paramilitares, que han cumplido sus penas allá, pero tienen que terminar de pagarlas aquí y hablar de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas.

P. Hemos tenido casos como el de Salvatore Mancuso, todavía por resolver. ¿Usted confía en que esos casos se resuelvan de una manera fluida con la justicia estadounidense?

R. Sí. Estamos en diálogo constante con la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el tema ya se ha tocado. Nosotros, como Gobierno nacional, aspiramos desde luego a que Salvatore Mancuso no sea deportado hacia Italia, sino que venga aquí a Colombia, porque tiene varias deudas pendientes con la justicia. Lo que más me preocupa como ministro de Justicia es que las víctimas están esperando que les hablen de verdad, justicia, reparación, y que estos victimarios reconozcan todos los daños que le han ocasionado a la población colombiana.

P. Con el caso de Mancuso en particular, ¿ustedes se proponen algún plazo para que esa situación se resuelva?

R. Nosotros no nos entrometemos generalmente en los términos de otros Gobiernos extranjeros. Ellos manejan sus términos y nosotros lo que hacemos es tener un compás de espera hasta que finalmente lo traigan para Colombia.

P. Desde sectores del partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe se ha atacado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a las altas cortes, lo que ha provocado críticas de falta de respeto a la separación de poderes. ¿Cómo es la relación del Gobierno con las altas cortes?

R. Es muy buena, estamos pasando por un buen momento. Tuvimos el encuentro de la jurisdicción ordinaria, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia; estuvo el presidente, Iván Duque; los presidentes de las cortes; yo, como ministro de Justicia; y me llamó la atención la buena relación que hay con ellos. Lo que pasa es que a veces uno tiene que formular ideas y mirar si hay forma de hacer alguna modificación. Pero en este momento no tengo ningún direccionamiento ni ninguna instrucción de eliminar ninguna corte en nuestro país.

P. ¿Es oportuno buscar una reforma a la justicia en un ambiente político tan polarizado?

R. El ambiente no está polarizado con las cortes. Fui magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y fui presidente de las cortes de nuestro país. Colombia es un país democrático y yo, que vengo de una alta corte también, no lograría encajar la eliminación de una corte. No tenemos esa intención. Yo siento que hay buen ambiente, de cordialidad, un diálogo fluido y se está notando.

P. ¿Cuál es entonces la propuesta de reforma a la justicia del Gobierno de Duque?

R. Hace 18 años que ninguna reforma a la justicia ha pasado. Desde luego se requieren algunos cambios. La pandemia nos ha dejado una gran experiencia y es que necesariamente tenemos que trabajar con la parte digital, la parte virtual. Y vemos que sí se puede. Es uno de los puntos del proyecto de ley estatutaria de reforma a la justicia. Tiene digitalización de la justicia, y otro aspecto importante como es intentar darle facultades a los notarios para ver si pueden administrar justicia, sobre todo en pleitos pequeños. También estamos trabajando en el acceso a la justicia para que las personas puedan reclamar más fácilmente sus derechos. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer.

P. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señala que cada año las condiciones de los detenidos empeoran en las cárceles colombianas, y el coronavirus no ha hecho más que dejarlo en evidencia.

R. Colombia presenta un hacinamiento [en prisiones] muy alto. Las cárceles tienen capacidad aproximadamente para 80.000 internos, y llegamos a registrar 140.00, 150.000 reclusos. En estos momentos, a raíz de la covid-19, hemos logrado bajar el hacinamiento de un 50% que teníamos hasta un 23%, y vamos a seguir bajando. Yo voy a todos los territorios a ver cómo está el sistema carcelario, y salgo un poco deprimido de ver la situación de los internos. Un detenido tiene que tener dignidad, y eso es tener forma de dormir, una comida, salud y un defensor que pueda asumir una defensa en un momento determinado. En Colombia lo más grave que tenemos ahora es que hay más de 18.000 internos que han sido sindicados de presuntos delitos, y los tienen en las estaciones de policía o Unidades de Reacción Inmediata [URI]. Esta cantidad de personas no tiene por qué estar en instalaciones que no están preparadas para ello.

P. ¿Qué resultado han arrojado las investigaciones por la muerte de 23 presos el pasado marzo en la cárcel La Picota de Bogotá? ¿Qué ocurrió ese día?

R. Yo en ese momento no estaba de ministro, habría que preguntarle a la anterior ministra qué fue lo que pasó realmente. Las investigaciones las están adelantado tanto la Fiscalía como la Procuraduría para determinar cuáles fueron las causas de esos fallecimientos.