Colombia envía a prisión domiciliaria a los reclusos más vulnerables al coronavirus

Casi un mes después de un sangriento motín que dejó en evidencia el dramático hacinamiento en las cárceles de Colombia, y a pocos días de la muerte de dos reclusos infectados por la covid-19, el Gobierno de Iván Duque ha decidido enviar a prisión domiciliaria a unas 4.000 personas privadas de la libertad para contener la pandemia. El esperado decreto 546, emitido cerca de la medianoche de este martes en el marco del Estado de emergencia declarado por el Ejecutivo, “tiene un gran sentido humanitario para que las personas que puedan estar expuestas con mayor vulnerabilidad al virus, puedan poder salir de la reclusión carcelaria intramuros y pasar a reclusión domiciliaria mejorando sus condiciones de protección en términos de salud”, según declaró el mandatario.

La medida cobija, con algunas excepciones, a los mayores de 60 años, a los que estén pagando penas de hasta 5 años, a las mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años y a los pacientes de cáncer y enfermedades de difícil manejo, entre otras. El narcotráfico, desplazamiento forzado y secuestro son delitos graves sobre los cuales no se aplican los beneficios. También contempla que los reclusos diagnosticados con la covid-19 serán trasladados a lugares más aptos para atenderlos, aunque “no se les concederá la medida de detención o prisión domiciliaria transitoria hasta tanto las autoridades médicas y sanitarias así lo autoricen”.

La detención domiciliaria tiene, en principio, un plazo de seis meses. “En este primer decreto serán beneficiadas las personas que están ad portas de salir”, ha explicado la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, en una rueda de prensa virtual en la que concedió que “el decreto per sé no es suficiente para afrontar la emergencia”. La funcionaria explicó que bajaron el número de posibles beneficiados de 10.000 a cerca de 4.000 para agilizar la operatividad, y que aspiran a alcanzar con nuevas medidas a un número más amplio. El hacinamiento ha sido un problema crónico del sistema carcelario colombiano, que tiene capacidad para 80.000 presos, pero mantiene a cerca de 124.000 en las 132 cárceles del país.

Diversas organizaciones han alertado sobre la bomba de tiempo que constituyen las cárceles en varios países de América Latina. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, ha hecho un llamado a los Estados para que protejan la vida y los derechos de las personas privadas de la libertad en medio de la pandemia, y ha recordado las recomendaciones de la ONU, que incluyen reducir la población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad, así como la revisión de todos los casos de prisión preventiva. En Colombia, la Defensoría del Pueblo había pedido expedir con prontitud el decreto que permitiera las detenciones domiciliarias, y que la emergencia “sea el inicio para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales al interior de los establecimientos penitenciarios”.

Las alertas llevan semanas encendidas. El fin de semana se reportó la muerte de dos presos contagiados en la cárcel de Villavicencio, la capital del departamento del Meta, en el centro del país. El primero fue un hombre que cumplió su condena el 1 de abril y salió del penal pero falleció 6 días después en un hospital. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció otros 15 casos confirmados en esa prisión con capacidad para 900 reclusos que alberga el doble. “Es la única hasta ahora que tiene contagios”, enfatizó este miércoles la ministra de Justicia.

El decreto también se concreta casi un mes después de que la crisis del coronavirus dejara en evidencia el hacinamiento, denunciado en infinidad de ocasiones por distintas ONG. La noche del sábado 21 de marzo, reclusos en varias cárceles del país se amotinaron para exigir medidas sanitarias que los protejan de la pandemia. El peor saldo se produjo en La Modelo de Bogotá, donde el Ministerio de Justicia reportó 23 muertos y 83 heridos, aunque atribuyó los hechos a un “intento masivo y criminal de fuga y motines”. Después, la Fiscalía ha señalado a las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del proceso de paz, así como a cabecillas del ELN, de estar detrás de los motines. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los acuerdos, ha acusado al Gobierno de culpar al ELN y las disidencias como una “cortina de humo” para ocultar las “terribles” condiciones en las prisiones del país.

La emergencia carcelaria lleva décadas gestándose. “Cada año las condiciones de los detenidos empeoran en las cárceles colombianas. La inestabilidad de las políticas públicas en materia penitenciaria y carcelaria, así como el afán de solucionar los problemas más coyunturales, en lugar de los problemas estructurales, dificulta las respuestas a largo plazo”, señalaba en su balance anual sobre desafíos humanitarios el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a comienzos de año. “Los problemas de la situación carcelaria en Colombia van mucho más allá del hacinamiento y de las difíciles condiciones que genera para las personas privadas de la libertad”, zanjaba el organismo.

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