Los reclusos colombianos, condenados al abandono

Las cárceles de Colombia son una bomba de tiempo. Un problema a punto de estallar. En 136 establecimientos penitenciarios hay 116.788 personas, lo que significa una sobrepoblación de 38.098. El índice de hacinamiento es del 48.4%, de acuerdo con datos revelados el pasado jueves por el Procurador General, Fernando Carillo, en el Congreso internacional de política penitenciaria y carcelaria, en donde una vez más se puso sobre la mesa la ya tantas veces diagnosticada situación de los penales colombianos. Carrillo resalta el “populismo penitenciario” y una “falla estructural del sistema que involucra incoherencia de los legisladores que crean nuevas leyes para castigar con cárcel a los infractores". Cuestiona que en Colombia prevalezca la "justicia mediática, en el que hay que poner preso a todo el que viole la ley”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alerta sobre las precarias condiciones a las que se tienen que someter quienes son llevados a las prisiones de este país. Nazim Ayadat, coordinador del área de detención en el CICR en Colombia, habla de la urgencia de una reestructuración en la política criminal. “Hay una verdadera crisis. Falta atención médica y programas de resocialización. La cárcel no está cumpliendo con su papel”, dice a ELPAÍS. Según proyecciones citadas por el organismo, en el 2019 habrá 200.000 presos. “Es una bomba de tiempo”, insiste Ayadat.

La preocupación por lo que se vive dentro de las cárceles ha dejado de ser un reclamo exclusivo de las ONG o defensores de derechos humanos. En los últimos años el Estado ha reconocido que hay serias dificultades. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, cuestiona el uso excesivo del derecho penal y la creación de nuevos delitos. “Debe haber una política que no responda a un fin de venganza”, dice. También asegura que ampliar los cupos en los penales no ha sido suficiente. Entre 2010 y 2016 se generaron más de 24.000 nuevos espacios en las prisiones, pero el hacinamiento sigue siendo alto.

“Frente al enorme reto que significa superar esta crisis, el Estado ha sido inferior a las expectativas”, recalca el procurador. Alejandro Enrique Marambio, analista de política criminal del CICR, habla de la falta de estrategias para que medidas alternativas sean una opción y la cárcel no sea el único camino para pagar una pena en Colombia. “Los verdaderos cambios (en la política criminal) se darán cuando el tema transcienda y la discusión se dé de fondo”. Al hacinamiento se suma el acceso, cada vez más complicado, al sistema de salud. Que un interno consiga atención médica muchas veces es imposible. Además de los casos de tuberculosis, VIH y varicela, el CICR ha podido constatar que la hipertensión y la diabetes son diagnósticos frecuentes y poco atendidos. Los problemas relacionados con salud mental tampoco son tratados con eficiencia. Solo en dos ciudades del país, Bogotá y Cali, ofrecen atención para estas enfermedades.

“Existe una recolección ineficiente de información que no permite realizar una vigilancia epidemiológica adecuada”, señala Ayadat. “Hay que preguntarse de manera seria sobre las consecuencias de encarcelar sin resocializar y medir cuál es el impacto de llevar personas a prisión por dos, cinco meses”, reitera. Las mujeres son una gran preocupación. El 45% de las que están detenidas han sido condenadas por microtráfico o pequeños delitos y muchas son cabeza de familia. “¿Cuál es el costo social? Los hijos que se quedan solos y pueden caer fácilmente en carreras criminales”, cuestiona.

Hasta 2016, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), citado por el comité internacional, en las prisiones había cerca de 18.700 detenidos que reincidieron en los delitos, además el 30% de la población recluida no había sido condenada y permanecía encarcelada de forma preventiva, a la espera de que la justicia definiera su situación jurídica. “Hay brecha enorme entre lo que dice la ley y la práctica. El código penitenciario y carcelario señala que no se puede justificar por falta de recursos el incumplimiento de derechos. El Estado no puede eludir esa responsabilidad. ¿Cuánto cuesta tener a un interno privado de la libertad en las condiciones que debería estar? Para cumplir con la ley en la manera como dice habría que quitarle recursos a la salud, a la educación”, reflexiona Marambio sobre un debate reiterativo, pero hasta ahora poco profundo en Colombia.