¿Están preparadas las Fuerzas Militares de Colombia para retomar la guerra contra el ELN? El ejército se debilita, mientras los ilegales se expanden y se fortalecen

La brutal arremetida de la guerrilla del ELN contra un grupo disidente de las extintas FARC en el Catatumbo, que en solo una semana ha dejado un saldo de 60 muertos y 40.000 desplazados, llevó al Gobierno de Gustavo Petro a remplazar su política de paz total por una improvisada estrategia de guerra. “Le corresponde al Ejército actual, al Ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino. El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá”, escribió el presidente en sus redes sociales. Petro, además, suspendió los diálogos con esa guerrilla y la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra sus principales cabecillas, incluido alias Pablito, el mayor responsable de la ola de sangre.

Sin embargo, las fuerzas armadas no pasan por su mejor momento ni parecen preparadas para asumir en simultáneo varios frentes de guerra contra distintos actores armados. Investigadores, analistas y un general retirado, consultados por EL PAÍS, coinciden en que en los dos años y medio del Gobierno Petro el Ejército se ha debilitado, mientras los grupos armados ilegales se han fortalecido. Los problemas, más evidentes ahora con la reanudación del conflicto armado en varias regiones, van desde la disminución del número de soldados, los recortes presupuestales y el deterioro del poder aéreo, hasta la pérdida de capacidad en los servicios de inteligencia y la eliminación de las fuerzas de tarea conjunta. En contraste, el ELN, las distintas disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo han aumentado sus integrantes, han consolidado su poder y se han expandido por más zonas del territorio.

Jorge Mantilla, investigador en temas de conflicto y seguridad, explica que desde el año 2018 el tamaño de las fuerzas militares han caído en cerca de 40.000 hombres. “En 2021 había 203.000 integrantes en el ejército, y en 2023 el número se redujo a 172.000″, dice por teléfono. Y añade lo que parece ser la paradoja más difícil del esfuerzo de paz total de Petro: “La fuerza pública viene disminuyendo su pie de fuerza, pero los grupos armados lo han aumentado. En el último año, el Clan del Golfo se expandió 25% en hombres. Este es un primer síntoma del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública en este Gobierno”.

Un informe de inteligencia militar publicado esta semana por El Tiempo confirma esa disminución. “El máximo tope de hombres que ha tenido el Ejército fue en 2012, en el segundo año de la presidencia de Juan Manuel Santos, con 242.350 uniformados (...) hoy nosotros (el Ejército) seguimos para abajo. Hoy hay 177.800 soldados”, se lee. En contraste, en 2023, según el informe, había aproximadamente 18.334 hombres en armas de todos los grupos ilegales, una cifra que para 2024 era de 21.201, un crecimiento del 14%. EL ELN, en particular, pasó de 5.800 guerrilleros en 2022 a 6.300 en 2024.

Laura Lizarazo, analista para Colombia de Control Risks especializada en conflicto armado, coincide en la lectura: “Las fuerzas militares alcanzaron un pico de capacidades que quedó atrás hace unos años”. Afirma que, desde que llegó Petro al poder, se han reducido de manera significativa los esfuerzos de reclutamiento de soldados. “De agosto de 2022, a agosto de 2023, se redujeron casi a la mitad. Las tropas no se están renovando”. A la reducción del pie de fuerza se suman los múltiples cambios en la cúpula. “Las fuerzas armadas de Colombia han sufrido una progresiva y gradual erosión de sus capacidades tácticas, de inteligencia y de respuesta operativas, que se aceleró y se profundizó cuando el presidente Gustavo Petro asumió el poder″, concluye Lizarazo.

Otro problema que debilita a las fuerzas militares es la pérdida del poder aéreo. Mantilla, doctorando en Criminología, Derecho y Justicia en la Universidad de Illinois en Chicago, muestra un panorama preocupante. “Cerca del 60 % de la flota aérea colombiana está hoy en el suelo. No puede volar o porque requiere mantenimiento, o porque está en una fase de obsolescencia, o porque no hay gasolina”. De acuerdo con el investigador, para el segundo semestre de 2024 solo el 25% de los helicópteros y el 60% de los aviones estaban operando. “En 2022 la Policía Nacional contaba con 96 aeronaves operativas, a junio del 2024 eran 69″.

Eso se ve reflejado en las horas de vuelo, un indicador clave de la capacidad aérea. Lizarazo explica que los pilotos han reducido significativamente sus horas de entrenamiento. “En su pico de capacidades, un piloto volaba 100 horas al mes, a inicios del año pasado eso pasó a 10 horas”. Uno de los factores que ha producido esa pérdida de capacidad es la reducción del presupuesto. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Defensa redujo la asignación para gastos de funcionamiento, con 14.000 millones de pesos menos para el combustible de las aeronaves. “Si se reduce la gasolina, los pilotos pierden horas de vuelo. Eso se ve reflejado en que tenemos una fuerza aérea menos experimentada que la de hace unos años”, dice Mantilla.

El general retirado Rafael Colón agrega otro elemento. Afirma que los continuos ceses al fuego y las nueve mesas de negociación paralelas que emprendió el Gobierno confunden a los militares. “Desde hace dos años, hemos visto es que los grupos armados fortalecieron sus capacidades con economía ilegal, pero la fuerza militar está maniatada. Las guerrillas han cogido ventaja”. Para Colón, uno de los síntomas más graves de ese debilitamiento es que la mayoría de las disputas por el territorio se están dando entre grupos armados. ”Las fuerzas militares se resguardan en las bases y pierden la ofensiva”. Mantilla coincide: “El Estado ha perdido la iniciativa. En el Catatumbo, el ejército duró una semana entrando solo a recoger cuerpos y a ayudar a evacuar a los civiles. Eso desdice mucho de la capacidad para controlar el territorio e imponer las condiciones de la guerra”.

El último factor, según los tres consultados, ha sido la decisión de desmontar las fuerzas de tarea conjunta, tomada en noviembre pasado. Para los expertos, sin ellas se compromete la capacidad de realizar acciones de gran envergadura entre el Ejército, la armada y la fuerza aérea, como las que se requieren en el Catatumbo. “Lo que está pasando en esa región demuestra que el Gobierno no tenía un plan B si la paz total salía mal”, dice Mantilla. Y concluye: “No tenemos certeza de que vaya a haber una victoria militar como el presidente anuncia”. Lizarazo insiste: “Este Gobierno no ha hecho una articulación de política de paz y la estrategia de guerra. Las perspectivas no son favorables”.

El PAÍS se intentó comunicar en varias ocasiones con el Ministerio de Defensa, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no habían contestado la solicitud.