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La deportación a Colombia del exjefe paramilitar Jorge 40 revive la esperanza de las víctimas

Tras 12 años en Estados Unidos, donde pagó una pena por narcotráfico, aterrizó en Bogotá y tiene 35 órdenes de captura vigentes

Catalina Oquendo
El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (c), a su llegada al búnker de la sede de la Fiscalía este lunes en Bogotá.
El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (c), a su llegada al búnker de la sede de la Fiscalía este lunes en Bogotá.Fiscalía Colombia (EFE)

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, uno de los exjefes paramilitares más sanguinarios de la costa Caribe, ha retornado a Colombia tras ser condenado a 12 años de prisión por narcotráfico en una cárcel de Estados Unidos. Su deportación era una de las más esperadas junto a la de Salvatore Mancuso, esta última aún complicada por errores jurídicos cometidos por las autoridades colombianas.

El aterrizaje del exjefe paramilitar fue confirmado por el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, a través de sus redes sociales. “Como lo anunciamos en su momento, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, ya se encuentra en Colombia a disposición de las autoridades migratorias y judiciales, y tendrá que responder ante la justicia y las víctimas por sus cuentas pendientes en el país”, dijo Ceballos.

Jorge 40 fue el comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y tiene 35 órdenes de captura vigentes, 40 medidas de aseguramiento y 1.486 investigaciones penales por masacres, desplazamientos, torturas y desapariciones. Desde 2008 cuando fue extraditado junto a otros comandantes de ese grupo, muchas víctimas de este grupo quedaron a la espera de conocer la verdad sobre sus casos.

Oriundo de Valledupar, Jorge 40 fue clave para conseguir apoyo de políticos y empresarios para su grupo paramilitar. En el ordenador portátil de uno de sus hombres, Édgar Fierro o alias Don Antonio, fue hallada información sobre los vínculos entre la clase política y los paramilitares, que en Colombia se conoce como parapolítica y que llevó a cerca de 50 congresistas a ser condenados.

Tras la desmovilización de las Autodefensas, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, se creó un sistema transicional llamado Justicia y Paz en el que los paramilitares ofrecían decir la verdad a cambio de reducción de penas. Jorge 40 alcanzó a reconocer que en 12 años en el grupo participó en al menos 600 crímenes. Sin embargo, después de su extradición a Estados Unidos, fue expulsado de Justicia y Paz por incumplir sus compromisos judiciales. De acuerdo con la Fiscalía, el exjefe paramilitar evitó acudir a 48 diligencias. “La extradición-dijo en su momento el magistrado Gustavo Roa- no es motivo para que el postulado no cumpliese con los requisitos contemplados en la ley de justicia y paz a fin de contribuir a esclarecer la verdad y para realizar los procesos de reparación a que tienen derechos las víctimas”.

Por eso ahora el exjefe paramilitar se enfrenta a la justicia ordinaria y su regreso supone una esperanza para las víctimas. “Quedará privado de la libertad en uno de los establecimientos de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC)”, afirmó Javier Sarmiento, ministro encargado de Justicia, aunque no reveló a cuál cárcel fue trasladado.

Hace unos meses causó polémica el nombramiento de Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar, quien fue contratado como coordinador del grupo de víctimas en el Ministerio del Interior de Iván Duque. En su momento, la ministra Alicia Arango defendió la contratación del joven. “Él no ha cometido delitos y no tiene problema con la justicia. No tiene la culpa de que su papá se haya equivocado”, dijo Arango. Cuatro meses después, el hijo de Jorge 40 renunció al cargo.

Colombia espera pronto la llegada de Salvatore Mancuso, quien ha solicitado ser deportado a Italia de donde tiene nacionalidad y no a Bogotá; así como la de otros exjefes paramilitares como Hernán Giraldo y Miguel Ángel Mejía Múnera.

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Sobre la firma

Catalina Oquendo
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.

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