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El desafuero a la diputada Catalina Pérez, ex Frente Amplio chileno, despeja su formalización por fraude al fisco

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acoge la solicitud de la Fiscalía, que puede solicitar medidas cautelares contra la parlamentaria por el ‘caso Democracia Viva’

Catalina Pérez
La diputada chilena Catalina Pérez Salinas, en 2023.CORTESÍA
Antonia Laborde

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha acogido este lunes la solicitud de la Fiscalía y ha desaforado a la diputada Catalina Pérez, ex militante del Frente Amplio, el partido del presidente Gabriel Boric. Con esta medida, el Ministerio Público tiene previsto formalizar a la parlamentaria por tres delitos de fraude al fisco y pedir medidas cautelares por su papel en el escándalo de Democracia Viva, la primera fundación implicada en el caso Convenios, una trama de desvíos de recursos públicos a organizaciones privadas, que tenían como misión, supuestamente, trabajar en proyectos en asentamientos precarios. Pérez defiende su inocencia y su desconocimiento en el traspaso de fondos a la fundación dirigida por su entonces pareja, Daniel Andrade, hoy en arresto domiciliario.

Pérez, que hasta que estalló el caso a mediados de 2023 era vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ha estado en el ojo del huracán desde el inicio del caso por su posible implicancia y la información que manejase. Democracia Viva recibió unos 530.000 dólares provenientes de la secretaría de Vivienda (seremi) de Antofagasta, organismo estatal que era liderada por Carlos Contreras, quien fue jefe de Gabinete de la parlamentaria por Antofagasta. Los tres eran militantes de Revolución Democrática, un partido que se fusionó con otros el año pasado para formar el Frente Amplio. Andrade y Contreras ya están formalizados por esta pesquisa.

La Contraloría General de la República constató en un informe sobre los contratos entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta que fueron de manera directa y que no existió un proceso formal para seleccionar las entidades ejecutoras. También, que no se mencionaron en ningún documento los fundamentos que justificaran la designación de los proyectos a Democracia Viva para la ejecución de tres convenios pactados entre septiembre y octubre de 2022. La indagatoria apunta que la diputada Pérez intercedió para que la fundación de su entonces pareja, Andrade, se adjudicara los fondos públicos, violando el principio de probidad administrativa. Según el tribunal, hay antecedentes suficientes de tres delitos de fraude al fisco y “la calidad de autora de la diputada en estos”, según el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta.

Aguilar ha acusado que hubo una “maquinación” para obtener recursos “con fines políticos” a partir de los convenios que beneficiaron a Democracia Viva, una fundación que no tenía oficina y que utilizaba una dirección particular de una militante del partido como domicilio comercial. En uno de los chats filtrados por T13 entre Pérez y Andrade días después de que se conociera el caso, la parlamentaria le dice que hay que ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta de la dirección, “que haya una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así”. “Onda que para cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación”, añadió.

“En las conversaciones por WhatsApp que se citan uno puede percibir que la que daba las indicaciones era Catalina Pérez”, sostuvo el fiscal. “¿Y de qué? Había que evitar ser descubierto”, añadió el persecutor. “Catalina Pérez propició que Daniel Andrade postulara al programa de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales en conocimiento que ni Democracia Viva ni Daniel Andrade tenían experiencia ni experticia en materias de habilitación primaria, de modo que no se podrían ejecutar los tratos fiscales a tenor de los convenios”, apuntó Aguilar.

El abogado de Pérez, Gonzalo Medina, ha defendido esta tarde en un comunicado que su representada “no realizó ninguna acción de tráfico de influencias. Jamás intercedió por esos convenios” y anunció que acudirán a la Corte Suprema para revertir el desafuero que, según plantea en el texto, “no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos”. “Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”, añadió Medina.

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Sobre la firma

Antonia Laborde
Periodista en Chile desde 2022, antes estuvo cuatro años como corresponsal en la oficina de Washington. Ha trabajado en Telemundo (España), en el periódico económico Pulso (Chile) y en el medio online El Definido (Chile). Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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