El Estado chileno se querella contra Democracia Viva, la fundación que abrió la trama del ‘caso Convenios’

El Consejo del Estado (CDE), el organismo que representa en Chile los intereses del Fisco, ha presentado una querella criminal en contra de Democracia Viva, la primera fundación implicada en el caso Convenios, una trama de desvíos de recursos públicos a organizaciones privadas, la mayoría ligadas al oficialismo, y cuya misión era, supuestamente, colaborar en asentamientos precarios en distintas regiones del país.

La Fundación Democracia Viva dio origen, el 16 de junio en Antofagasta, en el norte de Chile, a la mega investigación que abrió hace dos meses la Fiscalía chilena por presunta corrupción y que su estructura estaba liderada por militantes de Revolución Democrática (RD), partido que forma parte del Frente Amplio (FA), el conglomerado del presidente de izquierdas Gabriel Boric. Su representante legal era Daniel Andrade, ahora exnovio de la diputada RD por Antofagasta, Catalina Pérez.

La fundación recibió en forma directa desde la secretaría regional ministerial de Vivienda, Seremi, también de Antofagasta, en el norte de Chile, 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares). Quien encabezaba esa repartición era Carlos Contreras, militante del mismo partido y exjefe de Gabinete de Pérez.

El caso Convenios representa una grave herida a una nueva generación política de izquierda que llegó al poder en marzo de 2022 con una fuerte promesa no solo de renovación de rostros, sino, sobre todo, de prácticas. Asimismo, el escándalo ha generado una crisis política en la Administración de Boric, que ha implicado la salida de siete integrantes de su Gobierno. El último de ellos fue el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson -el aliado político histórico del mandatario-, que debió renunciar por presiones de la oposición, que exigía su salida por considerarlo responsable político del caso Convenios como fundador y líder de Revolución Democrática.

Además de las acciones legales contra Democracia Viva, el CDE resolvió querellarse en contra de la Fundación En Ti. Considerada la arista más telenovelesca de la causa por los convenios, en Chile ha sido llamada como caso Lencería por sus insólitos elementos: una exinfluencer, Camila Polizzi, con fallidos intentos de entrar en política, dineros públicos asignados a entidades de sus cercanos, amenazas de sicariato y la compra de grandes cantidades de ropa interior con fondos para proyectos sociales. Es un proceso vinculado al Gobierno Regional del Biobío, en sur del país.

De acuerdo con información entregada hoy por el CDE, la decisión de querellarse en contra de las fundaciones Democracia Viva y En Ti, se debe a “hechos que dan cuenta de una serie de ilícitos, ya sea para la obtención fraudulenta de recursos fiscales, o de una administración desleal de los mismos, provocando un perjuicio fiscal. Ello, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran identificar, acreditar y determinar en las indagatorias a cargo del órgano persecutor ([la Fiscalía]”. El CDE agrega: “La decisión adoptada se funda en los antecedentes que, a la fecha, se han tenido a la vista de las carpetas investigativas en cada caso, y que revelarían una serie de traspasos irregulares de dinero entre organismos estatales y las fundaciones señaladas”.

Respecto de Democracia Viva, el comité penal del CDE decidió querellarse considerando, entre otros aspectos, “que pese a que dicha fundación ostentaba un objeto social distinto al propósito para el cual debían contratarse servicios de construcción de obras de habitabilidad primaria, la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo suscribió con ella tres convenios, aun cuando carecía de experiencia en el rubro, así como de profesionales idóneos para ejecutar la labor encomendada”.

El 10 de agosto, el CDE también se querelló en contra de Diego Ancalao, el primer detenido por el caso Convenios. El excandidato presidencial por la Lista del Pueblo, la extinta agrupación de independientes de izquierda que marcó el fracasado primer proceso constitucional chileno, fue formalizado por la Fiscalía por los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y estafa.