‘Caso Lencería’: la telenovelesca arista de la trama de corrupción que hace temblar la política chilena
Una ‘exinfluencer’, Camila Polizzi, protagoniza una causa que incluye amenazas de sicariato y la compra de grandes cantidades de ropa interior con fondos para proyectos sociales
![Antonia Laborde](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fa22f30a1-cf7e-4fb4-a8f4-22376284e8db.png?auth=95d149efb144f432f0a40fe10c27f9b6b7901712a4430e34f45ac8dad48e5412&width=100&height=100&smart=true)
![Camila Polizzi en una imagen compartida en sus redes sociales, el 16 de mayo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/I2FABVOR6JCH5DXL53L3VRAIFA.jpeg?auth=b5fe011a03b05ebb1c7793b620d82a68b3e569a87694a6b9e0540ff42e8792eb&width=414)
El Caso Convenios, la fórmula investigada por la Fiscalía para traspasar fondos del Estado a fundaciones afines políticamente que ya salpica a 11 de las 16 regiones de Chile, ampara una arista que ha despertado especial interés por los insólitos elementos que la componen: una exinfluencer con fallidos intentos de entrar en política, dineros públicos asignados a entidades de sus cercanos, amenazas de sicariato y la compra de grandes cantidades de ropa interior con fondos para proyectos sociales. En el país sudamericano se le conoce como el caso Lencería, vinculado al convenio entre el sureño Gobierno Regional del Biobío y la fundación En Ti.
Camila Polizzi (34 años, Concepción) es la protagonista de la trama. La madre de dos hijas, exmodelo, exinfluencer y excreadora de contenido de sátira política, alcanzó mayor notoriedad cuando se presentó en 2021 a la alcaldía de su natal Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, como independiente con el apoyo del Frente Amplio, la coalición del presidente Gabriel Boric. Su rechazo a la idea de despenalizar el aborto expresado durante la campaña provocó que la formación de izquierda le retirara su apoyo. Se presentó de todas formas y perdió. Luego intentó sin éxito convertirse en diputada independiente, arropada por el Partido Radical de centroizquierda por la Región del Biobío.
Tras sus fracasos en la arena política, se convirtió en representante legal de la Fundación Capital Social, dedicada a desarrollar proyectos para la comunidad de la zona. La entidad no existe oficialmente, según informó el Ministerio de Justicia a la radio Biobío. El mismo medio destapó el 13 de julio pasado que el Gobierno Regional de Biobío le asignó 250 millones de pesos (290.000 dólares) a la Fundación En Ti, a la que Polizzi “arrendó” el nombre y la respectiva firma electrónica por 10 millones de pesos (11.700 dólares). El programa por el que recibió los fondos públicos consistía en 45 talleres para los cuales se contrataron los servicios de la consultora EQOS y el (Organismo Técnico de Capacitación) OTEC Frumisal Limitada.
El día anterior a que la Fundación En Ti firmara el primer contrato con OTEC Frumisal Limitada, Sebastián Polanco, pareja de Polizzi, compró la empresa, que supuestamente ejecutaría gran parte de los talleres. Del total del presupuesto asignado, la fundación le transfirió 93,5 millones de pesos (109.000 dólares) a OTEC. Polanco adquirió la entidad junto a su amigo Matías Godoy, que quedó a cargo del 95% de la sociedad y como su representante legal. Cuando los medios de comunicación se hicieron eco de las artimañas, Godoy se autodenunció a la Policía de Investigaciones, PDI, asegurando que ingresó a la sociedad como “un favor” a su amigo, que era él quien tomaba todas las decisiones, y que ahora entendió que lo habían utilizado como un “palo blanco”.
“Siempre se me dijo lo que tenía que hacer (…) En realidad me engañaron, porque me reiteraron en muchas ocasiones que no había ninguna irregularidad”, sostuvo Godoy. Entre los antecedentes que aportó a las autoridades figuraba el detalle de los gastos asociados a la cuenta corriente de la OTEC Frumisal: reiteradas compras en la tienda de lencería femenina Intime y de otras marcas como Zara y Saville Row. También aparecen muchos restaurantes y delivery, según la autodenuncia a la que tuvo acceso el Diario Digital del Gran Concepción. Las fotografías en ropa interior de la etapa de modelo de Polizzi y los gastos en Intime condujeron a que la trama se conociera públicamente como caso Lencería.
El escándalo derivó en la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos desde el Gobierno Regional del Biobío a fundaciones. A fines de julio, el secretario ministerial de la Secretaría de Gobierno (Seremi) del Biobío, Eduardo Vivanco, renunció a su cargo. Lo hizo el mismo día que salió a la luz una reunión secreta con Polizzi cuando ya se había destapado la olla de la trama. La única vez que se ha visto en público a la protagonista del caso fue este miércoles, cuando acudió a la fiscalía local de Concepción para denunciar supuestas amenazas recibidas por Vivanco en aquel encuentro.
Polizzi acusa que le hicieron una “encerrona”. Ella fue citada por el militante del Partido Radical, Erick Diáz, y Vivanco se habría sumado al rato, sin su conocimiento. En la demanda, la mujer sostiene que Vivanco le insistió en denunciar a personas específicas del Gobierno Regional y le espeta intimidantes amenazas. “El seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, habla expresamente de sicariato. ‘¿Cuánto cuesta un colombiano?”, habría preguntado la ahora exautoridad en reiteradas ocasiones. “Las personas del Gobierno Regional del Biobío van a eliminarme, van a matarme”, dijo Vivanco, según la denuncia en la que asegura temer por su integridad y la de sus hijas, a la que tuvo acceso Radio Biobío en Concepción. Vivanco lo niega todo. Las amenazas y la supuesta encerrona. Según él, fue ella quien le pidió reunirse.
Los cuestionamientos también apuntan al gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz. Como el monto que adjudicó el Gobierno Regional a la fundación presidida por Polizzi eran menores a 443 millones de pesos, la iniciativa no necesitó de la aprobación del pleno del Consejo Regional. La decisión de hacerle una asignación directa a la Fundación En Ti recayó únicamente en la administración del gobernador Díaz. “Si me preguntan cuál es mi responsabilidad. Yo les digo: ‘Mire, yo soy el jefe del servicio, y tengo responsabilidad política con todo lo que pasa en el servicio”, sostuvo esta semana.
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