El ‘caso Convenios’ no da tregua a Boric: cae ‘la numero dos’ de Cultura

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha iniciado un sumario administrativo a la número dos del ministerio de Cultura, Andrea Gutiérrez, que ha renunciado a su cargo, según informa la Dirección de Comunicaciones de Presidencia esta noche de viernes, a través de un breve comunicado. La caída de la subsecretaria de las Culturas y las Artes se produce en el marco del caso Convenios, una trama que investiga la Fiscalía sobre traspasos de recursos del Estado a diversas fundaciones ligadas fundamentalmente a partidos, movimientos y personas afines al Frente Amplio, la coalición del propio presidente.

El caso involucra al ministerio de Vivienda de la región de Antofagasta –en el norte de Chile– y la fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática, RD, que forma parte del Frente Amplio. Fue la primera de las hebras que conoció la opinión pública a mediados de junio y la protagonizó la que era vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, militante de RD, y diversas personas de su círculo estrecho, como el que era su novio.

El caso de Gutiérrez, actriz y gestora cultural, fue destapado por el medio Ex-ante hace dos días. La subsecretaria –la segunda a bordo de un ministerio, luego del ministro– autorizó el 29 de diciembre pasado un traspaso a la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine, dirigida por Teresita Ugarte Álamos, pareja de un colaborador estrecho, Pablo Casals, que entonces era su jefe de Gabinete. Fue por 88 millones de pesos (unos 106.000 dólares).

Tres días antes, se publicó una resolución donde la Subsecretaría de las Culturas y las Artes autorizó el traspaso de unos 120 millones de pesos a la misma asociación (144.600 dólares), aunque en esta ocasión, según Ex-ante, fue firmado por la subsecretaria subrogante, Alejandra Jiménez.

Existe una segunda arista que complicaba a Gutiérrez. Hasta 11 días antes de asumir el cargo de subsecretaria de las Culturas y las Artes, se desempeñó como directora de cultura de de la Corporación de Desarrollo de Santiago, a la que ha realizado dos transferencias desde el Ejecutivo. Una por 250 millones de pesos el año 2022 (unos 300.000 dólares) y otra por 29.040.165 para 2023, por concurso público (unos 35.000 dólares).

La revelación empujó a tres parlamentarios de Renovación Nacional, partido de la derecha tradicional, a enviar un oficio a Contraloría para que indagara el trama de un eventual conflicto de interés. Ella, en tanto, sobre esta segunda hebra, reconoció: “Fue un error no haberme abstenido”.

Convenios ilegales por 15,6 millones de dólares

La Contraloría, que congeló la toma de razón de todos los convenios en el país tras la explosión de la trama, ha declarado ilegales acuerdos por 13.000.000.000 de pesos entre reparticiones públicas y fundaciones (unos 15,6 millones de dólares), según informó este sábado La Tercera. “El modelo está malo y eso tenemos que reconocerlo”, aseguró hoy el ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes.

El caso Convenios ha dejado a varios alfiles de Boric caídos. La diputada Pérez, por ejemplo, cuya militancia fue suspendida por un año según el tribunal de su partido, tuvo que renunciar a la vicepresidencia de la Cámara y recién hace pocos días regresó al hemiciclo tras una larga ausencia. El pasado 24 de junio, cayó Tatiana Rojas, militante de RD, que era subsecretaria de Vivienda –el ministerio donde estaban centrado originalmente los escándalos–. El 7 de julio pasado, cayó el representante de esta cartera en la región del Maule, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática (RD). Poco antes, Hernández había sido respaldado por el propio presidente Boric, luego de conocerse supuestas irregularidades en la entrega de dineros a Urbanismo Social, una fundación donde el funcionario había trabajado antes de ingresar al Gobierno.

El caso Convenios, a su vez, ha complicado políticamente al mayor aliado de Boric en el Gabinete, Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, fundador del partido RD y uno de sus principales líderes. Luego de que en medio de esta trama robaran 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio la semana pasada, uno de los principales partidos de la oposición, la UDI, congeló el diálogo con el Gobierno hasta que el presidente Boric saque del Ejecutivo a su compañero de ruta. Esta presión ha generado un diálogo público subido de tono entre el propio presidente y los líderes de la UDI.

La trama, a su vez, ha impactado políticamente de lleno en la promesa de probidad de la coalición de izquierda del Frente Amplio, que nació en las protestas universitarias de 2011 con la intención no solo de cambiar los rostros, sino las prácticas, de la generación progresista que los antecedió y que lideró la transición. Boric ha tratado de tomar cierta distancia y empujar porque la justicia opere. “No meto las manos al fuego por nadie”, aseguró cuando explotó el caso Convenios.