El Gobierno de Boric pide disolver Democracia Viva, la fundación que abrió la trama del ‘caso Convenios’

El Ministerio de Justicia del Gobierno del presidente chileno Gabriel Boric, que encabeza el abogado Luis Cordero, ha informado que, tras una fiscalización en la que se detectaron diversas irregularidades, tomó la decisión de pedir la disolución de Democracia Viva, la primera fundación implicada en el caso Convenios. Es la trama de desvíos de recursos públicos a organizaciones privadas, la mayoría ligadas al oficialismo, que tenían como misión, supuestamente, trabajar en proyectos en asentamientos precarios en nueve de las 16 regiones del país.

La determinación implica que el ministerio ha pedido al Consejo de Defensa de Estado (CDE), el organismo que representa los intereses del Fisco y que se querelló en agosto por este caso, acuda a los tribunales civiles para pedir “la disolución de la Fundación Democracia Viva por graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula este tipo de entidades”. Es una decisión que surgió desde la subsecretaría de Justicia, que lidera Jaime Gajardo, luego de un proceso de fiscalización que comenzó el 22 de junio, seis días después de que estallara el escándalo del lío de platas.

La fiscalización detectó que “los numerosos incumplimientos estatutarios” importan “una infracción grave a sus estatutos” y que las infracciones de Democracia Viva “son de tal magnitud que no es posible corregirlas”. Y, según detalló este miércoles el ministro Cordero, “existen graves incumplimientos a la ley y a los estatutos de la fundación, que han desnaturalizado el objeto de la misma y que, en resumen, ha alterado los fines para los cuales la regulación permite la existencia de ella [de la fundación]. Es un extenso oficio que ha sido dirigido al Consejo de Defensa del Estado”.

El caso de la Democracia Viva se hizo público el 16 de junio, luego que recibiera en forma directa desde la secretaría regional ministerial de Vivienda, Seremi, de Antofagasta, en el norte de Chile, 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares). Pero no es solo el alto monto de dinero el problema que indaga la fiscalía chilena, sino, además, quien dirigía la fundación: Daniel Andrade, ahora exnovio de la diputada oficialista por Antofagasta Catalina Pérez. Quien encabezaba el organismo que otorgó los fondos era Carlos Contreras, exjefe de Gabinete de Pérez.

Tanto Andrade como Contreras estaban adscritos a Revolución Democrática (RD), partido que forma parte del Frente Amplio (FA), el conglomerado del presidente Boric, pero debieron renunciar tras el escándalo. En el caso de la diputada Pérez, la colectividad suspendió su militancia en julio. Además, debió salir de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

La denuncia contra Democracia Viva derivó en una mega investigación de la fiscalía sobre docenas de fundaciones en todo el país por el traspaso de fondos que suman más de 14 mil millones de pesos (unos 15,8 millones de dólares). Gran parte de estas organizaciones son encabezadas por militantes de Revolución Democrática, lo que provocó la mayor crisis política del Gobierno de Boric y una herida a la promesa de probidad de la joven generación de izquierda que llegó al poder con el mandatario.

A las nueve autoridades que debieron renunciar por implicancias directas, se sumó la dimisión, el 11 de agosto, del ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, el compañero de ruta de Boric desde que eran dirigentes universitarios. Sucedió luego de que la oposición le endosara responsabilidad política como fundador y líder de RD y presionara a La Moneda para que saliera del Gabinete.