Convulsión incesante: miedo sobre el futuro

Ya son más de 60 los muertos, desde que el 11 de diciembre ocurrieron las primeras fatalidades en las movilizaciones en la provincia de Andahuaylas, en la región andina del Perú. Mientras, la presión social y política parece haber superado ya los límites de lo razonable sin que cesen la violencia ni las muertes.

Y sin que aparezcan señales concretas para un adelanto de las elecciones generales —para el ejecutivo y el congreso— como lo pide la mayoría abrumadora del país. Un proyecto que avanzaba algo en esa dirección fue rechazado en el Congreso este martes. Unos, por dilatar el cambio de autoridades para el distante mayo del 2024 cuando el 73% de la población exige elecciones generales ya. Por otros —especialmente los congresistas de la extrema derecha— lo contrario: por adelantar para el 2024 el calendario electoral cuando cesarían recién en julio de 2026.

Estos traspiés y votaciones parlamentarias, hasta el momento inconducentes, se dan cuando el Congreso ha llegado a su más bajo nivel histórico de aprobación (7%) dentro del contexto de una espiral incesante de movilización y confrontación. Parecería haberse perdido la brújula y ser escasas las salidas.

Dentro de una trágica paradoja en la que mientras el sistema político e institucional aparece colapsado dentro del trágico contexto de decenas de fallecidos, paradójicamente, lucen saludables algunas variables económicas —inflación, balanza comercial, equilibrio fiscal, etc.— que hasta el momento parecerían ubicarse entre las mejores de América Latina. Ma non troppo. Esa paradoja podría dejar de serlo de continuar las cosas por el rumbo que van.

Por ejemplo, la relevante agencia Moody´s ha bajado a negativa este martes 31 de enero su perspectiva sobre la economía peruana. Considera que “los riesgos sociales y políticos se han intensificado y amenazan, en los próximos años, con un deterioro de la cohesión institucional, la gobernabilidad, la efectividad de las políticas y la fortaleza económica a través de los sucesivos gobiernos”. Este miércoles 1 de febrero, por otro lado, suspendió operaciones la inmensa minera Las Bambas, situada en la provincia andina de Cotabambas. Con uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo, allí se produce —o producía, hasta la semana pasada— nada menos que el 2% del cobre mundial.

Se hace difícil imaginar lo que ocurrirá mientras en distintos medios y sectores sociales se extiende una suerte de angustia por el desasosiego hoy prevaleciente sobre el futuro. Tres dinámicas concurren simultáneamente y se retroalimentan socavando posibles rutas de salida y contribuyendo al creciente miedo al futuro en este panorama incierto.

Primero, protestas sociales, sin precedentes en las últimas dos décadas, con la participación activa de una abrumadora mayoría de personas que lo han hecho y siguen haciendo de manera pacífica. En ellas, cierto, no ha estado ausente el uso de la violencia por algunos ni, por el otro lado, el uso excesivo e irracional de la fuerza desde los aparatos de orden público que ya ha generado decenas de fallecidos.

Siendo esta protesta nacional, su foco de mayor significación está en el sur andino y solo en tiempo más reciente, en Lima —ciudad de migrantes— a donde, además, se han desplazado estos días miles de pobladores trasladando sus marchas de protesta a la capital. La agenda es amplia. Y apunta a cuestiones de fondo ligadas esencialmente a la desatención por el Estado de aspectos críticos fundamentales como el desastroso estado de los sistemas de salud y educación o a la inoperancia del Estado en el mejoramiento de la infraestructura.

En esta dinámica compleja hay, como suele ser, un poco de todo en la protesta social. Y que, dentro de la amplia legitimidad de la protesta, intereses oscuros hayan tratado de pescar a río revuelto llevando las cosas hacia actos de confrontación que va más allá de la protesta. Que se hayan producido varios ataques a los aeropuertos y que 16 sedes judiciales hayan sido atacadas, destruyendo expedientes en giro, abre interrogantes sobre el aprovechamiento que podrían estar haciendo grupos al margen de la ley. Se piensa en la poderosa minería ilegal o en narcotraficantes.

Segundo, un extendido sentimiento de frustración, descontento y desconfianza frente a las instituciones públicas. En particular, ante el Gobierno y el Congreso apuntando de manera específica a la evaporada legitimidad de estos dos poderes del Estado en lo que el legislativo se lleva las palmas con su evaporado nivel de reconocimiento. Mientras, el 74% de la población piensa que la presidenta Boluarte debe renunciar y apartarse. O sea, no queda prácticamente nada.

Otra cosa: los medios de comunicación social. Que siendo parte de lo “público”, son también parte medular del mayoritario rechazo y distancia por el 58% de la población. Desaprobación que llega al 77% en el sur del país, región más intensamente movilizada y en acción desde que empezaron las protestas en diciembre.

Tercero, polarización, creciente y aguda. De tal nivel y profundidad que, por el momento, parece cerrar caminos de diálogo y concertación nacional. Se vive ahora dentro de una dinámica tensa y arborescente que ha tensado todos los ambientes e impactado en las relaciones sociales y amicales dificultando la generación de espacios de encuentro.

De un lado, energúmenas voces —minoritarias es verdad— que claman por una solución militar”. El sonsonete de “estamos en guerra pues el comunismo quiere tomar el poder” es expresado diariamente por un congresista extremista quien, lo que sirve como argumento —o pretexto— para oponerse frontalmente al adelanto de elecciones que pide el país. Por el otro, no está, por cierto, el fantasmal “comunismo que quiere tomar el poder”. Pero sí otra radicalidad, creciente y extendida: la de que “se vayan todos” como condición para avanzar. Tendría que renunciar primero protesta, adelantarse las elecciones generales y convocar a una asamblea constituyente como espacio cuasi mágico de solución.

Al colapsado y desfalleciente sistema político se le ofrecen pocas opciones inmediatas. La más clara y evidente es, en realidad, adelanto de elecciones generales para este año, tanto para el Gobierno como para el Congreso. Opción que estaba fuera del menú del Ejecutivo y de la mayoría congresal hasta hace pocos días, pero que, al calor de las tensiones y confrontación, la realidad la ha puesto a gritos en la agenda.

Pero, hasta el momento, solo eso, sin salida ni acuerdos para hacerlo. El congreso —que no quiere irse— ya rechazó este martes, por amplia mayoría, una timorata propuesta de adelanto electoral. Desde el ejecutivo se ha presentado, recién, un proyecto al congreso para que las elecciones se adelanten para octubre de este año y el cambio de autoridades para el 1 de enero del 2024. Pocos le auguran posibilidades de éxito a una propuesta que, en este contexto, es muy ambiciosa. Todo indica, pues, que el país seguiría en el insostenible “más de lo mismo” de autoridades cuestionadas hasta julio del 2026.

Dentro de ese gran contexto es evidente que el mero adelanto de elecciones para este año no resolvería, per se, problemas, retos y tensiones que tienen explicaciones muy profundas y complejas. Pero daría un respiro. Bajaría las tensiones, recuperando un escenario en el que se podrían contemplar respuestas de fondo que requieren condiciones políticas e institucionales que ahora no existen.

Se dice que para llegar a eso la renuncia inmediata de la presidenta obligaría al adelanto electoral. No es tan cierto. Sectores importantes del Congreso interpretan que el adelanto aplicaría solo para el ejecutivo y no a una elección “general” que abarcase al legislativo. Con el abrumador nivel de rechazo al legislativo, de hacerse uso de esa interpretación sesgada, el efecto sería social y políticamente insostenible. Podría llevar al país a niveles superiores de confrontación y a un “que se vayan todos” de virulencia impredecible.

El vigente sistema político no da más y, por cierto, presenta problemas que van más allá de lo que se resuelve con un adelanto electoral. Hay brechas de fondo que se han ido acumulando con décadas de marginación y de descuido por las mayorías con políticas públicas que han sostenido y prolongado esas brechas. Esto supondría rediseñar las políticas públicas fundamentales y sus prioridades. Esto, en las actuales e inmediatas condiciones lamentablemente está lejos de lo viable.