Bolsonaro y la Amazonia: recuperar el tiempo perdido

No es asunto baladí el desastre dejado por Bolsonaro en Brasil, que va desde la salud hasta la destrucción más acelerada de la Amazonia. En la extensa larga lista negra de su gestión están no solo los cerca de 700.000 fallecidos por pretender -criminalmente- dejar pasar la pandemia, sino por su decisiva e imperdonable contribución a la destrucción de la foresta amazónica, asunto que he tratado en este mismo periódico (10/06/2022; 29/09/2022).

La sostenida deforestación amazónica, como se sabe, es una tragedia de repercusiones globales. Hay en ello, por cierto, responsabilidades compartidas entre los países de la cuenca amazónica, que alberga alrededor de 30 millones de personas, e incluye territorio del Brasil, Colombia, Ecuador, la Guayana Francesa, Perú y Venezuela. El 70% de los 7 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonia se encuentra, en ese orden, en Brasil (3,6 millones de kilómetros cuadrados), Perú (782.000) y Colombia (484.000).

En Brasil, sin embargo, está, pues, más de la mitad. En consecuencia, el grueso de la carga que es donde se produjo en los años-Bolsonaro la mayor deforestación en el país desde 2008: aumentó 79%, por una destrucción acelerada sin precedentes. La asunción del Gobierno de Brasil por Lula abre una perspectiva promisoria para la región amazónica.

Como lo he venido diciendo en este periódico, un triunfo electoral de Lula en Brasil podía dar la pauta para un viraje decisivo contras las prácticas vigentes de destrucción acelerada de la Amazonia. Después de muchos años aparece una perspectiva diferente, signada por dos componentes centrales.

De un lado, un ajuste decisivo contra la política permisiva y tolerante con la destrucción amazónica. Lula, al asumir el Gobierno, plantea, más bien, proteger la foresta amazónica. En segundo lugar, condiciones políticas favorables que dan esperanza de que al coexistir en la región amazónica una serie de gobiernos con signos políticos que no son los tradicionales de un liberalismo a ultranza para el cual el medio ambiente es solo un obstáculo a atropellar.

Establecer lineamientos y políticas comunes de repercusiones amazónicas estaba obviamente fuera de lugar mientras un depredador gobernase el Brasil, que ocupa más del 50% del espacio amazónico. Las cosas han cambiado desde el 1 de enero y Lula habrá de ver cómo logra concretar en acciones de política su declarado compromiso de protección de la región amazónica.

Poco o nada de ello se podría llevar a cabo, sin embargo, con respuestas de impacto si los otros dos países claves en el espacio amazónico -Perú y Colombia- no empujasen juntos el coche de una política de protección amazónica concertada. Las casualidades de la política hacen que en la actualidad coexistan en los tres países gobiernos proclives a la protección de la región amazónica y de los pueblos que la habitan. En medio de las idas y venidas de polarizaciones internas o de agudas crisis políticas, la circunstancia actual parecería ofrecer condiciones adecuadas para efectivas políticas concertadas.

Con ocasión de la transmisión de mando el pasado domingo 1 de enero en Brasilia, el presidente Petro tuiteó un mensaje sustantivo de convocatoria muy importante, llamó a “Un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad”. Mensaje crucial. Pero a la vez sintético pues, como es obvio, el tal “gran pacto” encierra un supuesto de fondo crucial: no solo Brasil y la Colombia de Petro, sino el Perú, es el otro país clave para hacer de tal llamado un objetivo concreto. El “gran pacto”, para ser tal, tiene que ser al menos entre estos tres países como es evidente.

La política, sin embargo, parecería oponerse, a primera vista, a un propósito tan crucial de concertación sobre asuntos de trascendencia global. La particular posición de Petro frente al proceso político peruano parecería ser, -repito, “a primera vista”- un obstáculo grande para tal concertación.

Creo, sin embargo, que bien manejadas las cosas, y poniendo por delante los grandes intereses históricos de los pueblos de Brasil, Perú y Colombia, más temprano que tarde se deberán calmar las aguas agitadas. Respetable, por cierto, la simpatía que pudiera haber tenido el presidente Petro con el entonces presidente Castillo. Comprensible la sensibilidad, además, con la destitución de Castillo ya que en la historia personal de Petro pesa su propia destitución como alcalde de Bogotá el 2013 por decisión de una autoridad administrativa.

Sin embargo, un análisis más objetivo y riguroso de las complejas circunstancias políticas internas de Perú debería reemplazar la visión particular del presidente Petro de omitir que hubo un autogolpe y de que lo que se produjo el mes pasado no fue un “golpe de Estado” que derrocó al presidente Castillo. Si en el Petro del 2013 y Castillo del 2022 el concepto “destitución” estuvo presente, la situación es completamente diferente.

El caso Petro es uno en el que se trató de una decisión de autoridad administrativa la que lo destituyó irregularmente. Tan irregular que la Corte Interamericana así lo estableció en sentencia contundente. En lo de Castillo se está ante una destitución adoptada por el Congreso por mayoría abrumadora ante un supuesto previsto en la Constitución. En varias normas constitucionales de la región, como la peruana, el Congreso tiene la facultad de destituir al presidente ante ciertos supuestos graves. En Perú lo hizo por querer disolver el Congreso y concentrar todo el poder interviniendo la justicia y la fiscalía. Nada era, pues, “pecado venial”.

Pasada la borrasca de los acontecimientos políticos de momento, se impone poner por delante y privilegiar asuntos estratégicos y de Estado que atañen, como en el ejemplo del asunto amazónico, no solo a los tres países más concernidos sino a toda la humanidad. Que se construya, pues, el “gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad” del que habló Petro en Brasilia.

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