Columna
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Deslegitimados

Poner en duda la legitimidad de un Gobierno democrático o el resultado de las urnas al conformar un Parlamento implica negarle a la España real el derecho a tomar decisiones

El presidente del Gobierno se dirige a la oposición durante una sesión de control en el Congreso.
El presidente del Gobierno se dirige a la oposición durante una sesión de control en el Congreso.JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

Hablar de literatura, incluso cuando discutes sobre un adjetivo o un tono, supone siempre hablar de política. La implicación sobrepasa los límites del apoyo a un emperador, un conde-duque o un presidente. Lo que hay en juego es la toma de decisiones sobre los derechos, los deberes, el futuro y las formas de vida de la gente. Desde Dante hasta Ajmátova, pasando por unos y otras, la mirada del escritor ha sido política, incluso cuando defendió la pureza. Juan Ramón Jiménez se hizo poeta puro para distanciarse de la farsa política decimonónica. La España oficial de los liberales y los conservadores se había separado de la España real. Recuerdo ahora la situación que dio paso a la famosa crisis del modernismo y el 98, porque algunas de las opiniones lanzadas contra la legitimidad del Gobierno y la composición del Parlamento me recuerdan los antiguos esfuerzos por separar la oficialidad de la sociedad viva. Deslegitiman la política real los que quieren convertir la política oficial en una democracia hueca.

Como me ha oído muchas veces recordar la advertencia de Antonio Machado contra los que intentan despreciar la actividad política (quieren hacer la política sin nosotros), la poeta Àngels Gregori celebra conmigo el centenario de Joan Fuster recordándome esta frase: “Tota política que no fem nosaltres, será feta contra nosaltres”. Me parece triste, intencionado y peligroso el descrédito de la política que reflejan las encuestas, seguido muy de cerca por el descrédito del periodismo. Difundir que toda información es sospechosa o que todos los políticos son corruptos y mentirosos supone provocar el vacío para que domine la ley del más fuerte.

Poner en duda la legitimidad de un Gobierno democrático o el resultado de las urnas a la hora de conformar un Parlamento implica negarle a la España real el derecho a tomar decisiones sobre los salarios, el precio del gas, el aborto o las normas de convivencia.

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