Los españoles perciben a los políticos como el grupo de población más corrupto, según una encuesta

Los españoles creen que hay más corrupción entre los políticos que entre los empresarios, los funcionarios o el resto de ciudadanos, según la primera Encuesta sobre Corrupción y Ética en España. La consulta, presentada este lunes por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF, adscrita a las Cortes Valencianas) y la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia, revela también que una mayoría considera que “el comportamiento tiene que ser ilegal para ser considerado corrupto”. En todo caso, la corrupción y el fraude aparecen en los últimos puestos de los problemas que preocupan a los encuestados, pero del estudio se desprende, según sus autores, “una insatisfacción ciudadana” con los políticos y las instituciones en el sentido de que “no cumplen con sus obligaciones”.

El responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública y catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Fernando Jiménez, ha expuesto los resultados del estudio, elaborado a partir de más de 1.500 entrevistas telefónicas realizadas entre septiembre y octubre de este año; 400 de ellas en la Comunidad Valenciana, pues el sondeo incluye una lectura valenciana y otra del conjunto del territorio nacional.

La subida de precios se sitúa como el primer problema (21,4% de las respuestas). Le sigue la política (20,3%). La corrupción está, sin embargo, en la cola (2,3%). En el caso de la Comunidad Valenciana, la inflación ocupa el primer lugar, aunque en un porcentaje menor (18,8%), mientras que la corrupción cae al último puesto, con un 1,5%.

Preguntados sobre quiénes son más corruptos, los encuestados apuntan a que el 60% de los políticos lo son, seguidos de los empresarios (47%), los funcionarios (39%) y los ciudadanos (36%).

Las Fuerzas Armadas, la policía y la Unión Europea son las instituciones que más confianza merecen a los ciudadanos, tanto en el conjunto del territorio nacional como en la Comunidad Valenciana. El Gobierno, el Congreso y los partidos políticos son, por el contrario, los que generan menos confianza.

En la encuesta también se recoge lo que la ciudadanía entiende por corrupción: la mayoría considera que “el comportamiento tiene que ser ilegal para ser considerado corrupto” (esta respuesta obtiene un 5,5 en un rango donde 0 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo). Otra parte de la población (las respuestas se sitúan en torno al 4) cree que, “si la acción irregular se realiza por una causa justa, no es corrupción” o que, “si el resultado de una acción es beneficioso para la población en general, no es corrupción”.

Otra de las preguntas plantea qué es más importante para tener éxito económico en España: la mayoría (47%) opina que “tener buenos contactos y cultivarlos”; en segundo lugar (42,8%) se menciona “tener buenas ideas y esforzarse en aplicarlas”. La diferencia, según el informe, “es brutal con el norte de Europa”, donde predomina el mérito y el esfuerzo para conseguir una mejora, subraya Jiménez.

El 43% de los encuestados cree que la corrupción aumentó en el último año, frente al 13% que piensa que disminuyó y un 43,34% que considera que sigue igual. Ante la pregunta de si alguna vez algún funcionario le ha pedido regalos o dinero para realizar su trabajo, el 94% de los encuestados responde que “nunca”, una cifra similar tanto en el conjunto de España como en la Comunidad Valenciana.

Suavizar el castigo al delito

Al responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, Fernando Jiménez, no le parece adecuada la propuesta que ERC, por un lado, y el PSOE, por otro, han puesto encima de la mesa para reformar el delito de malversación, porque “el concepto de corrupción que tienen los ciudadanos no es un concepto simplemente de lucro personal, sino de que las instituciones políticas no funcionan con suficiente imparcialidad”. “Me da igual dónde vaya el dinero, estás defraudando dinero público, empleando un dinero público, que tiene un uso determinado legal, a otro irregular. Me da igual que no vaya a tu bolsillo, eso es corrupción para la gran mayoría de los ciudadanos”, ha afirmado.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha alertado también de que la reforma del delito de malversación para reducir las penas si no hay ánimo de lucro puede suponer un “retroceso” en la lucha contra la corrupción, “facilitar vías de escape”. Sí ve positiva la incorporación del delito de enriquecimiento ilícito.