La libertad en el Madrid de Díaz Ayuso

La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en políticas sociales por habitante de toda España. Desde hace una década, Madrid va consolidándose como el principal motor económico del país. Esta tensión ya estructural, más que una contradicción, es una paradoja que se resuelve sin contradicciones en el discurso aguirrista de Isabel Díaz Ayuso: la idea de libertad que abandera con enorme apoyo popular es revolucionaria y la ha configurado el neoliberalismo. Se evidenció el domingo pasado. En El Confidencial los académicos Santos y Fernández-Villaverde proponían una explicación interesantísima sobre los factores que han motivado la sustitución de Madrid por Cataluña en el liderazgo económico estatal y, simultáneamente, las calles del centro de la capital se llenaban de manifestantes en defensa de una atención primaria menos precarizada. Aunque la lógica del Estado del bienestar nos lleva a imaginar que debería ocurrir lo contrario, en este caso la dinámica consolidada es absolutamente la opuesta: a mayor acumulación de riqueza en la región, peor calidad de sus servicios públicos. Es la paradoja madrileña.

Hace pocas semanas se publicó la edición española de La paradoja del beneficio. El ensayo parte de una tesis contrastada e inquietante, simplifico el argumento del profesor Jan Eeckhout —investigador ICREA de la Universitat Pompeu Fabra—. En la economía globalizada las empresas actualmente dominantes son pocas y han consolidado esa posición gracias a su ventaja tecnológica. El poder de mercado que van acumulando les permite ir anulando la competencia en sus respectivos sectores. La falta de competencia está directamente relacionada con el aumento de su cuota de beneficio, un aumento que a partir de la década de los ochenta ha sido descomunal. Y aquí la paradoja, lo sucedido en el interior de las empresas: “Un desplazamiento del dinero que pasa de retribuir al trabajo a retribuir los beneficios y, por tanto, a los propietarios”. Lo que ha ocurrido es que, en la medida que aumentaban los beneficios, disminuía la parte del pastel que las empresas dedicaban a los salarios. Dicho con otras palabras: a mayores beneficios, hoy, mayor desigualdad.

Esa dinámica económica tiene unas consecuencias políticas y sociales devastadoras y parece haberse naturalizado en la Comunidad de Madrid más que en cualquier otro lugar de España. “Se distingue por sus niveles de desigualdad salarial”, podía leerse en las conclusiones de un informe del mes de julio de Comisiones Obreras, “el crecimiento económico no se traslada a los salarios de la mayoría trabajadora, que ve como sus ingresos siguen estancados a niveles de hace una década”. Es el precio del beneficio. Para controlar dicha dinámica, Eeckhout apuesta por herramientas de política económica que regulen la competencia y eviten esa acumulación de poder de mercado entre pocas empresas. Para evitar las consecuencias sociales de la paradoja del beneficio —la desigualdad— lo necesario es la inversión en el Estado del bienestar.

Pero esas inversiones sociales, en la ideología neoliberal de Díaz Ayuso, atentan contra su idea de la libertad porque pueden ser un freno para la acumulación de poder de mercado en la Comunidad. Y lo serían. Implicarían implementar una serie de políticas contradictorias con aquellas que han priorizado un determinado modelo de crecimiento económico y que, en este sentido, como evidencian los datos, como reiteraban Santos y Fernández-Villaverde, han sido exitosas. Implicaría, fundamentalmente, impugnar el principal mantra de los conservadores en la capital: la asociación sin pecado concebida entre progreso y constante bajada de impuestos. Una asociación que ha implicado durante los últimos lustros agujerear la sanidad y la educación pública para que la función del Estado social se quede en los huesos y, como argumenta Marco d’Eramo en Dominio, actúe como la principal herramienta de una revolución de las clases altas contra las bajas. En Madrid ha triunfado. No me refiero a que se pretenda duplicar el gasto en Asuntos Taurinos en los Presupuestos de la Comunidad para 2023. Me refiero al gasto social. En 2021 gastó en políticas sociales 2.202 euros por habitante, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. La que menos. La más rica. La más libre.