Reforma de la sedición

El registro el pasado viernes en el Congreso de la proposición de ley conjunta de PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición y reformar el de desórdenes públicos culmina los sucesivos anuncios de Pedro Sánchez en relación con ese tipo penal. De acuerdo con la propuesta, desaparece el delito de sedición y en su lugar se modificará el de desórdenes públicos para castigar a quienes atenten gravemente contra el orden público con “violencia o intimidación”. Las penas irían de tres a cinco años de cárcel en su modalidad agravada —diez menos que la actual pena de sedición— y si el delito lo comete una autoridad, la pena de inhabilitación sería de entre seis y ocho años.

El Gobierno cumple un compromiso del presidente y defiende que se trata de un tipo penal anacrónico en el código vigente de 1995 pero tipificado en 1848. Ahora se busca conciliar su redacción y las penas con las condiciones democráticas del presente y con la legislación europea, muy variada, y con la que han chocado varias euroórdenes para la entrega de independentistas fugados. La realidad y la mayoría de los expertos abundan desde hace tiempo en la necesidad de reformar este delito. La desaparición de la sedición no deja vacía la tipificación de los comportamientos contra la Constitución: los violentos los recoge el delito de rebelión; para los no violentos, además de los que estipule la redacción agravada del nuevo artículo, está el 506 del Código Penal sobre usurpación de atribuciones por parte de alguna autoridad sobre materia reservada al Estado. También habrá que comprobar que la reforma no tenga efectos indeseables sobre eventuales castigos a protestas sociales en la calle.

La reforma tiene implicaciones políticas múltiples y evidentes puesto que afecta especialmente a un socio de legislatura del Gobierno como es Esquerra Republicana. La actualización del tipo penal beneficia a los independentistas condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el Gobierno (indultados de la pena de cárcel, pero no de la inhabilitación) y favorece las condiciones del regreso de los huidos, incluido Carles Puigdemont, sin eximirles de dar cuentas ante la justicia. La aprobación de la reforma abriría también la puerta al regreso a la actividad política de Oriol Junqueras, de ERC, o Jordi Turull, de Junts, al ver extinguida su inhabilitación en un plazo más breve (aunque no la inhabilitación asociada al delito de malversación).

El significado para Cataluña es relevante. Propicia el asentamiento de la negociación política como instrumento para dirimir los conflictos institucionales y consolida el nuevo paradigma que abrieron los indultos en el que socialistas y los comunes refuerzan el espacio de la negociación política con ERC a la vez que desplazan al independentismo irredento de Junts fuera de la centralidad. El independentismo que llevó a su comunidad al abismo en 2017, roto políticamente, se rompe de nuevo sobre esta reforma.

Más discutible es la decisión del Gobierno de elegir la vía rápida para su tramitación, como proposición de ley de los dos partidos de la coalición, en lugar de hacerlo como proyecto de ley del Ejecutivo, lo que hubiera obligado a solicitar los informes no vinculantes del Consejo de Estado y de un Consejo General del Poder Judicial con su legitimidad hundida por llevar cuatro años caducado. Aunque este último es un argumento de peso no mitiga la sospecha de que el Gobierno tiene prisa y sacrifica un debate más amplio para alejarlo de las campañas electorales del año próximo. La oposición, legitimada para discrepar, ha reaccionado contra la reforma con el listón de las hipérboles tan alto y tan gastado que es imposible discernir ya si esta “traición” a España del Gobierno es mayor o menor que cualquiera de las que sentencia cada día a propósito de muchos otros asuntos.