La tramitación de la reforma de la sedición como proposición de ley acorta medio año el proceso
La fórmula empleada en la iniciativa que el PSOE y Podemos presentan este viernes en el Congreso evita los informes preceptivos y no vinculantes del Consejo del Poder Judicial y el Consejo de Estado
La reforma del Código Penal para reducir a más de la mitad las penas previstas para el delito de sedición de manera que salgan beneficiados los dirigentes independentistas condenados —e indultados después— por el procés se tramitará mediante una proposición de Ley conjunta presentada por los grupos del PSOE y Unidas Podemos, partidos del Gobierno de coalición. Este procedimiento acortará casi medio año los plazos de tramitación de una iniciativa legislativa especialmente relevante y polémica. La sedición tiene ahora una pena de hasta 15 años y se usó para condenar a los líderes independentistas con hasta 13 años de prisión. Se sustituirá por uno de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de cinco años, un tercio de la actual, según fuentes parlamentarias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció anoche durante una entrevista en La Sexta que la sedición dejará con esta reforma de aparecer en el Código Penal y recibirá el nuevo tratamiento de “desórdenes públicos agravados” con una correspondiente rebaja de penas.
No es la primera vez que el Gobierno opta por esta fórmula para tramitar cambios legales especialmente controvertidos, como la reforma del Consejo General del Poder Judicial para prohibir los nombramientos cuando tienen, como ahora, el mandato caducado. La proposición de Ley evita al Gobierno tener que solicitar los informes, preceptivos pero no vinculantes, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado.
La presentación de un proyecto de Ley para reformar el Código Penal hubiera supuesto un nuevo obstáculo al toparse con un Consejo General del Poder Judicial que ni siquiera ha cumplido los plazos legales para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. En este ambiente, con una parte del CGPJ muy crítico con el Gobierno, al que algunos de sus representantes descalifica a diario, la elaboración de un informe sobre la nueva reforma del delito de sedición hubiera supuesto un contratiempo que podría demorar durante meses la aprobación del cambio legal.
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