Inestabilidad catalana

El actual Gobierno catalán vuelve a vivir un serio riesgo de ruptura cuando no lleva ni un año y medio en el poder y después de cuatro legislaturas que han acabado antes de tiempo. En esta ocasión, el problema vuelve a ser la incapacidad de los dos socios de la coalición gobernante para alcanzar un programa de mínimos sobre la cuestión territorial —léase cómo resucitar la movilización— en un contexto en el que el socio mayoritario, ERC, sigue apostando a medio plazo por la mesa de diálogo con el Gobierno central, y Junts, el minoritario, presenta diferentes posiciones internas que hoy por hoy parecen irreconciliables.

Son precisamente los variados puntos de vista de la amalgama de facciones de Junts lo que ha abierto en el partido un debate sobre su posible salida del Govern que puede dejar a Pere Aragonès (ERC) sin mayoría parlamentaria y con la necesidad de buscar nuevos socios o convocar elecciones. El sector de Junts que encabeza Laura Borràs, su presidenta, mantiene que el Govern ha abandonado el proyecto independentista y que debe rectificar si no quiere perder el apoyo de los posconvergentes. Sin embargo, el grueso de altos cargos del partido, encuadrados en la vía pragmática heredera de Convergència, defienden presionar desde dentro del Govern para corregir el rumbo. Al fin y al cabo, no solo se juegan la participación de su partido en un Gobierno que gestiona un presupuesto de más de 38.000 millones, sino también el mantenimiento de cerca de 200 puestos de trabajo entre altos cargos y puestos de dirección. Ello sin contar que Junts es un partido en construcción con cerca de 400 alcaldes pendientes de repetir en el cargo en las elecciones de mayo.

Más allá de las posiciones e intereses legítimos de cada partido, la posibilidad de que Cataluña vuelva a hundirse en un periodo de inestabilidad debería preocupar a los dirigentes de todas las formaciones. Por el delicado contexto económico y social que afecta al conjunto de Europa, pero también por el riesgo de desandar los avances del último año y medio que han permitido un cierto sosiego de la vida política e institucional de Cataluña, al haber canalizado el descontento territorial a través de iniciativas como la mesa de diálogo entre gobiernos o los indultos que permitieron recuperar la libertad a los nueve líderes encarcelados tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Son muchas las asignaturas pendientes para que Cataluña vuelva a la plena normalidad. Entre otras, hay que encauzar la vida institucional del Parlament tras la suspensión de su presidenta, Laura Borràs, procesada por un caso de presunta corrupción. El Gobierno central tiene que garantizar las inversiones para corregir el caos que casi a diario afecta la red de Cercanías. Y hay que seguir trabajando en vías de consenso para, por ejemplo, evitar que la lengua en la que se imparte la educación se convierta en un agravio insalvable como denunciaron este domingo miles de manifestantes en Barcelona.

Para todo ello es necesario que haya un Gobierno que gobierne y que lo haga atendiendo a la pluralidad intrínseca de la sociedad catalana, que va mucho más allá del 52% de los electores que optaron por opciones independentistas en las últimas elecciones. Pere Aragonès tiene la obligación de encauzar estos retos. Lo puede hacer con Junts si son capaces de alcanzar un acuerdo mínimo. O buscando otras opciones si es necesario. Lo que ya no vale es ocupar el Govern sin ejercerlo.