Con las víctimas

Los atentados yihadistas que hoy hace cinco años sembraron el terror en la Rambla de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) siguen siendo uno de los mayores retos que ha debido de afrontar la democracia española. A la crudeza de los acontecimientos, con 16 fallecidos víctimas del ataque de una célula terrorista, se le sumó el hecho de que los responsables del atentado eran jóvenes crecidos y educados en España, sin apenas relación con el perfil de terrorista islamista que muchos tenían en la cabeza.

Hoy, cinco años después, las cicatrices del atentado están lejos de haberse cerrado. En parte porque la tragedia, ocurrida el 17 de agosto de 2017, acabó quedando subsumida dentro del caótico ruido político de la movilización independentista en su momento álgido, que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre y el posterior encarcelamiento y huida de los miembros del Gobierno de la Generalitat. Pese a la actuación decidida de las fuerzas de seguridad del Estado y de algunos dispersos apoyos de la ciudadanía a las víctimas, la dignidad de estas dista de estar resarcida.

La sentencia contra los tres acusados vivos de la célula terrorista, conocida el año pasado, establece penas de prisión de 8 a 53 años, e Interior cifra en 355 las personas que se vieron afectadas por los atentados, la mayor parte de ellas víctimas de estrés postraumático. Hasta ahora, 216 han solicitado algún tipo de indemnización y 130 han conseguido su objetivo. Todavía quedan algunas pendientes de resolución. La misma sentencia de la Audiencia Nacional del año pasado denuncia que las víctimas fueron “las grandes olvidadas” durante la investigación de los ataques. Reprocha al juzgado que la pieza separada que abrió sobre ellas careció de sistematización, lo que impidió conocer el verdadero número de personas lesionadas. El problema de los afectados radica en que no han estado en el centro del debate político y la acción institucional posterior a los atentados. Y no es la primera vez que algo así ocurre en España. Basta con recordar la crispación política y mediática que se generó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Revictimizadas en muchos casos en la espiral de enfrentamiento político que rodeó los atentados por las acusaciones de la Generalitat y de parte del independentismo sobre una fantasiosa y nunca acreditada inacción del Centro Nacional de Inteligencia, las personas afectadas por los atentados han tenido verdaderas dificultades para hacer oír su voz y reivindicar sus derechos. Hay ejemplos concretos de ello muy patentes. El mosso que abatió a cuatro de los terroristas en Cambrils ha obtenido tras largas penalidades burocráticas el reconocimiento oficial de la incapacidad permanente por las secuelas de aquel episodio, y ha tardado la friolera de cuatro años y medio en ver reconocida por fin su labor con la máxima distinción honorífica de los Mossos. Hasta entonces, la apatía institucional y las críticas a su admirable comportamiento, incluso por parte de partidos claves en la gobernabilidad de Cataluña, fueron la tónica dominante.

La sociedad española no puede permitirse que las víctimas del terrorismo queden desplazadas o marginadas del centro de la acción política e institucional después de un atentado. Más allá de lo que dicta la ley, instituciones, partidos y sociedad civil deben trabajar en la misma dirección para garantizar que en el futuro las víctimas de una eventual acción terrorista queden a salvo de debates sectarios y enfrentamientos que solo conducen al envilecimiento civil de nuestras sociedades.