de mar a mar
Columna
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Cartes, un activo tóxico

La vida pública latinoamericana se cursa en los tribunales. Esta peste es una de las raíces de la inestabilidad de la democracia en la región

Los expresidentes de Paraguay y de Argentina, Horacio Cartes y Mauricio Macri, en Buenos Aires, en 2017.
Los expresidentes de Paraguay y de Argentina, Horacio Cartes y Mauricio Macri, en Buenos Aires, en 2017.Rodrigo Valle (Getty Images)

La corrupción se ha transformado en una deformación sistémica de América Latina. Por su extensión y su arraigo trasciende la esfera moral, penal y económica. Es una variable principal de la lucha política. El campo de la batalla por el poder en casi toda la región.

El caso más estridente se está desarrollando en Paraguay. No es novedoso que en ese país afloren irregularidades. Sin ir más lejos, la calificadora de riesgos Moody’s elevó a la economía paraguaya de la categoría “estable” a “positiva”. Es la antesala para coronarle con el “grado de inversión”. Sin embargo, la agencia aclaró que ese nivel solo podrá ser alcanzado cuando se regenere la cultura administrativa y se combata el lavado de dinero. La modernización económica choca contra el límite moral.

Aun sobre este telón de fondo de larga duración, llama la atención la peripecia que rodea a Horacio Cartes, quien presidió Paraguay entre 2013 y 2018. Líder de una poderosa facción del Partido Colorado, que sigue en el poder, Cartes fue crucificado por el Gobierno de Estados Unidos. El último 22 de julio, el secretario de Estado Antony Blinken anunció que se le había suspendido la visa norteamericana al expresidente y a sus hijos adultos: Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña. La noticia fue divulgada en Asunción, durante una conferencia de prensa, por el embajador estadounidense Marc Ostfield. El acusado se suma a una lista corta, en la que figuraban ya dos expresidentes en las mismas condiciones: el ecuatoriano Abdala Bucaram y el hondureño Orlando Hernández.

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El comunicado del Departamento de Estado califica a Cartes como corrupto; le atribuye obstruir una investigación referida a sí mismo y a un ignoto “socio criminal”; y le imputa estar vinculado con organizaciones del terrorismo transnacional. Aun cuando la declaración se refiere de “relaciones documentadas” con esas redes, las autoridades estadounidenses no aportaron ningún detalle sobre los delitos que se le imputan al expresidente y su familia.

El expresidente de Paraguay Horacio Cartes, en una imagen de archivo.
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes, en una imagen de archivo.Jorge Saenz (AP)

Esa falta de información se cubrió, sobre todo en Asunción, con una hipótesis. Las presuntas conexiones de Cartes con integrantes de organizaciones iraníes, o protegidas por Irán, declaradas terroristas por las autoridades norteamericanas. Esta suposición se sostuvo en un hecho reciente. El 6 de junio aterrizó en Buenos Aires un avión Boeing de la empresa venezolana Emtrasur. La aeronave había pertenecido a la iraní Mahan Airlines. A bordo de ella había cinco iraníes y 14 venezolanos. El motivo explícito del vuelo fue transportar autopartes desde Querétaro, en México, hasta Córdoba, en la Argentina.

Los iraníes justificaron su presencia en la necesidad de entrenar a los profesionales venezolanos en el manejo del Boeing. Sin embargo, la justicia argentina retuvo el pasaporte de tres venezolanos y de cuatro iraníes, para investigar si no están relacionados con alguna organización terrorista. Por ejemplo, con la Fuerza Revolucionaria Iraní o con Hezbolá, a las que estaría conectado el piloto e instructor Gholamreza Ghasemi. Debe recordarse la insistencia con la que, desde el aparato de inteligencia norteamericano, se denuncia que el régimen de Nicolás Maduro protege a militantes de Hezbolá.

Hay hilo que lleva desde ese Boeing venezolano-iraní hasta Cartes. Es el vuelo que realizó ese mismo avión el 13 de mayo, entre Paraguay y Aruba, para transportar una carga de cigarrillos de la empresa tabacalera Tabacalera del Este S. A., que pertenece al líder colorado. Esta operación comercial le sirvió al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, para asociar a Cartes con el terrorismo internacional. Y René Fernández, el ministro anticorrupción, pidió que se inicie una investigación por lavado de dinero.

A Cartes se le adjudica tener controlada la frontera de Paraguay para sus operaciones comerciales. A partir de ese dato, las imputaciones se ramifican. Unos le atribuyen gestionar el contrabando hacia Brasil a través de la mafia de Primer Comando Capital, que domina las cárceles de San Pablo y de Paraguay. Otros extienden sus vinculaciones hacia la triple frontera de la Argentina, Paraguay y Brasil, una región observada por el espionaje internacional desde hace décadas por las actividades que allí realizarían células del fundamentalismo islámico.

Las relaciones entre Cartes y las tramas delictivas de Brasil son antiguas. En 2019 hasta se le llegó a pedir la prisión en ese país por sus negocios con Darío Messer, uno de los principales cambistas investigados en el caso Lava Jato. Los abogados del paraguayo lograron que se revocara esa sanción. De todos modos, el expresidente no sale del país, por temor a ser capturado en el extranjero. El Departamento de Estado ya había prohibido, en 2019, el ingreso a los Estados Unidos a dos allegados de Cartes: el exsenador Óscar González Daher y el exfiscal de Estado Javier Díaz Verón.

El expresidente de Paraguay Horacio Cartes junto a Darío Messer, uno de los principales cambistas investigados en el caso 'Lava Jato'.
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes junto a Darío Messer, uno de los principales cambistas investigados en el caso 'Lava Jato'.

Sobre esta información resbaladiza, referida a un personaje oscuro como Cartes, está transitando la disputa interna del Partido Colorado. El próximo 18 de diciembre habrá elecciones primarias en todo el país. En el oficialismo se enfrentan el presidente actual, Mario Abdo Benítez, que apadrina como postulante a su vicepresidente, Velázquez. Enfrentado a ellos está Cartes y su ahijado, el exministro de Economía Santiago Peña. La sucesión presidencial se va a decidir en los comicios del 30 de abril del año próximo.

La guerra colorada se traslada al Congreso. Allí los diputados alineados con Abdo intentarán, por enésima vez, iniciar juicio político a la fiscal general Sandra Quiñonez. Le reprochan no investigar los delitos adjudicados a Cartes. Como es de esperar, los legisladores de Cartes bloquean su destitución.

El expresidente paraguayo se ha convertido en un activo tóxico a escala regional. El sábado pasado llegó hasta su casa, en un vuelo relámpago, Andrónico Luksic. Es uno de los empresarios más poderosos de Chile, propietario de una de las mayores fortunas del planeta. Luskic llevó a Asunción rodeado de una comitiva. Se encerró en la mansión de Cartes, un chalet amurallado del barrio Carmelitas, interesado en conocer las acusaciones de los Estados Unidos que llevaron a la suspensión de la visa. Luksic es socio de Cartes en el negocio de distribución de bebidas y de gas en Paraguay.

La otra figura regional que está inquieta por la sombría peripecia de este controvertido paraguayo es Mauricio Macri, quien gobernó la Argentina en la misma época. El kirchnerismo, enemigo acérrimo de Macri, está utilizando la caída en desgracia de Cartes para descalificarle. La lupa está puesta en una visita que realizó Macri a Cartes, en el avión del empresario, durante la pandemia, cuando había restricciones para esos movimientos.

La fulminante acusación de Blinken contra el líder paraguayo plantea también una incógnita geopolítica. Paraguay mantiene una amistad histórica con Taiwán, que adquiere relevancia en el contexto de gran rivalidad entre Washington y Pekín. El país es, además, el elegido para los planes del Comando Sur de establecer una base militar en Sudamérica. Se desplegaría en la localidad de Mariscal Estigarribia.

Cartes es uno entre tantos. En Brasil, Lula da Silva pudo volver a postularse porque el Supremo Tribunal Federal anuló las causas que lo habían llevado tras las rejas por incorrecciones procesales. Es imposible saber si, hace cuatro años, Jair Bolsonaro llegó a la presidencia gracias a esa reclusión que dejó a su rival fuera de carrera. El juez que apresó a Lula, Sergio Moro, fue ministro de Justicia del triunfador. Ahora disputa una banca en el Senado.

En Buenos Aires un tribunal oral juzga a Cristina Kirchner por las manipulaciones en el sistema de obra pública. Está pagando una cuenta que, en alguna medida, le es ajena: la de las irregularidades cometidas por su esposo fallecido, el expresidente Néstor Kirchner, en el manejo de las contrataciones del Estado. El fiscal que la tiene acorralada pasa largas horas enumerando acusaciones frente a los canales de TV. Ella lo recusó porque aparecieron fotos de ese funcionario y de uno de los jueces del tribunal, confraternizando en partidos de fútbol en la casa de Macri, el principal rival de la acusada.

Parece ser la misma saga judicial. Cambian los países. Cambian los nombres. La vida pública latinoamericana se cursa en los tribunales. Curarse de esta peste se ha vuelto más urgente, porque es una de las raíces de la inestabilidad de la democracia en la región.

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