editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El sentido de las becas

Las ayudas públicas al estudio deben contribuir a paliar o revertir las desigualdades sociales, no a aumentarlas

Una estudiante realiza las pruebas extraordinarias de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en el distrito universitario de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, el 4 de julio.
Una estudiante realiza las pruebas extraordinarias de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en el distrito universitario de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, el 4 de julio.Manu Reino (EFE)

Varias generaciones de españoles pudieron llegar a la universidad con el estreno de la democracia gracias al impulso a las políticas de becas que permitieron un acceso masivo a la educación superior. El ascensor social que representaron aquellos licenciados superiores para tantas familias quedó para siempre en el imaginario colectivo de este país. Las becas forman parte de las políticas de cualquier Gobierno para favorecer a quienes tienen menos recursos. Sin esas ayudas se pierde una importante palanca para la mejora de las condiciones de vida y el ensanchamiento de la clase media. Cierto es que esa igualdad de oportunidades no podrá ser nunca plena, pues los miembros de la clase alta parten siempre de mejores posiciones, pero el sentido de las becas es intentar combatir esos desequilibrios de origen y corregir aunque sea en parte una injusticia. Resulta insólito tener que repetir estos lugares comunes cuando las becas han probado su eficacia al dar a tantos estudiantes con pocos recursos un horizonte de mejora, un proyecto personal y una notable aportación a la riqueza de España. Pero resulta imprescindible recordarlo cuando se rompe su verdadero espíritu, el de ayudar a los más débiles y en ningún caso dar todavía mayores facilidades a los que más tienen. Y eso es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, donde se ofrecen ayudas a familias de rentas altas para estudiar en centros privados.

Como adelantó EL PAÍS, el Gobierno regional ha decidido elevar el umbral de ingresos familiares a 35.913 euros per capita al año para el acceso a los cheques que concede la Comunidad para cursar en centros privados educación infantil, bachillerato y formación profesional, tres etapas educativas no obligatorias. En la práctica significa que una familia de cuatro miembros con ingresos de 143.652 euros anuales puede acceder a una beca para estudiar bachillerato en cualquier centro privado. Después de que la presidenta ofreciera explicaciones disparatadas sobre si una estudiante de 16 años puede decidir abortar y en cambio no puede conseguir una beca al margen de los ingresos de su familia, finalmente el argumento utilizado ha sido que se pretende facilitar las cosas a unas clases medias muy tocadas por la crisis. Es evidente que con ese nivel de ingresos es posible rebajar los embates de los peores escenarios. Ayuso ha convertido la lógica que sostiene la igualdad de oportunidades en algo insultante: servirse del dinero de los contribuyentes para ayudar a los ricos.

El sentido profundo de una beca se va así a pique: ya no se trata de combatir las desigualdades sino de hacerlas aún más grandes. No se puede olvidar que mientras el 15% de los niños madrileños está en riesgo de pobreza, apenas el 9% tiene acceso a una beca comedor. Ni tampoco que de los 212 millones anuales destinados a becas, la Comunidad destina 127 a la privada —el 60%—. Las becas de Ayuso no incluían ni siquiera el criterio de notas obtenidas por el alumno —aunque han rectificado y pedirán una media—, y eran apoyos exclusivamente económicos. La manoseada cultura del esfuerzo termina allí donde empiezan los intereses de algunos votantes.

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Mientras en Europa el 81% de los estudiantes acuden a centros públicos y en el resto de España la media es del 67%, en la Comunidad de Madrid la cifra es del 55% —cae al 40% en la capital—. Estas becas financian de forma nada soterrada a la educación privada en detrimento de los más desfavorecidos y la educación pública. La iniciativa ha roto, incluso, el delicado equilibrio entre los distintos modelos de centros privados en Madrid. La enseñanza concertada tradicional, en su mayoría religiosa, ha acusado a la presidenta de favorecer opciones exclusivamente privadas. Así concebidas, las ayudas benefician, pues, solo a las élites y dinamitan la igualdad de oportunidades.


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