Becas para ricos mezcladas con aborto

En sede parlamentaria, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, dijo en octubre de 2021: “No podemos regalarle la educación a todo el mundo porque no es sostenible el sistema”. Parece que ahora el PP de Madrid ha rectificado, subvencionado el consumo de escuelas privadas y privadas concertadas en la postobligatoria para las rentas familiares más altas. Hasta ahora, los ultraliberales habían mercantilizado por entero algún sistema educativo siguiendo a Milton Friedman con la fórmula del cheque escolar. Sin embargo, estos eran de carácter universal y canjeable para escoger o centros públicos o centros privados.

En todo el mundo, tan solo Chile y Suecia se atrevieron a generalizar el sistema de cheques, sacrificando la igualdad de oportunidades en aras de la libertad de elección. Sus desastrosas consecuencias en términos de equidad y de resultados han sido constatadas a nivel académico e internacional con Suecia, en caída libre en cada edición del informe PISA de la OCDE. Andreas Schneider, director de PISA, llegó a sentenciar que “el sistema escolar sueco parece haber perdido su alma” desde que en 1992 los neoliberales introdujeron el sistema de cheques.

La cuestión es que el PP de Madrid va más allá de lo que ningún otro neoliberal haya ido nunca. Es más, es tan extremo su modelo que ni siquiera es neoliberal, sino un cierre social neofeudal. Lo que ha acordado es una subvención directa al alumnado que ya esté escolarizado en la privada o en la concertada. No es para incentivar la escolarización privada entre las familias de menos renta. Todo lo contrario, es para blindar la segregación y exclusión académica de las rentas altas en una red privada de centros cuya composición social ya es de un 72% de alumnado socialmente acomodado, según datos de la Fundación BBVA-IVIE.

Por tanto, el modelo del PP de Madrid va contra del dogma neoliberal de hacer extender la libertad de elección a todas las rentas. No se orienta a incentivar que crezca ese 28% de rentas medias y bajas en la red privada madrileña (un 24% son rentas medias y solo un 4% rentas bajas), puesto que la “beca” se concede una vez ya estás matriculado o con reserva de plaza y este tipo de centros se cuidan mucho a la hora de seleccionar y filtrar sus candidatos por su distinción socioeconómica.

De hecho, esta “beca” es un copago a la factura escolar de centros privados que no pueden permitirse las familias de rentas medias y bajas. Irá a cubrir la inflación de las rentas más altas y de los centros privados. La derecha madrileña ha aprendido de las experiencias chilena y sueca y afina aún más. En lugar de extender los conciertos en la postobligatoria que da derechos al profesorado (el pago delegado) y obliga a tener un Consejo Escolar y a aplicar las novedades de la LOE-Lomloe (2020) contra la segregación, introduce el copago para que el 8% de los madrileños con rentas superiores a 60.000 euros vean garantizado su privilegio a segregar a sus hijos con fondos públicos en centros exclusivos.

El modelo del PP de Madrid limita la libertad de elección para todos, en contra de lo que predica. En el fondo, normaliza el blindaje de las escuelas privadas y concertadas para que sigan siendo espacios de enclasamiento, pero socializando los costes de distinción escolar entre todos los contribuyentes. Es decir, todos los madrileños van a pagar con sus impuestos la elitización educativa destinando su Gobierno autónomo 127 millones a financiar un cierre social neofeudal. Algo nunca visto en el mundo democrático occidental y toda una anomalía, de dudosa, por no decir, clara inconstitucionalidad en medio de una inflación desbocada.

La solidez jurídica esta medida está en entredicho. Para empezar, el artículo 83.1 de la LOE-Lomloe (2022) establece que “para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio”. Es decir, dispone que el derecho sustantivo a obtener becas se circunscribe a cierto perfil vulnerable de alumnos (no a los ricos) y con esta delimitación el legislador garantiza su objetivo constitucional que es la igualdad ante el derecho a la educación (no la libertad de elección). Es decir, es la desigualdad de renta la barrera a la igualdad en seguir estudiando y es esta la que hay que preservar y no acrecentar “becando” a los ricos con dinero público. No son becas sino cheques de privilegio.

Pero hay más inconsistencia legal. Tal y como recogen los artículos 1 y 2 del boletín oficial de la Comunidad de Madrid, el régimen que regirá estas “becas” es el de las subvenciones y toda su legislación. Pues bien, en el artículo 2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se especifica que “el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”. ¿Cuál es la utilidad pública en detraer 127 millones del presupuesto educativo que no se destinarán al 38% de menores de 18 años en situación de exclusión social detectado por Cáritas en Madrid, sino que van a subvencionar el copago y aislamiento escolar de las familias de alta renta?

Por si fuera poco, la desigualdad de oportunidades de lograr una titulación postobligatoria es más elevada en España que en la media europea. La brecha es de 2,85 veces más en favor del 10% de jóvenes con mayor índice socioeconómico sobre el 10% de jóvenes con el índice más bajo. En Francia esa brecha se reduce a 1,12 veces y en Alemania a 1,16. Redistribuir oportunidades y evitar toda discriminación son dos dictados de nuestra Constitución de 1978. Cabe recordar su artículo 9.2 que dispone “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”, refiriéndose a la igualdad de oportunidades. Por tanto, esa brecha de casi tres veces más para los más favorecidos a la hora de obtener el titulo en Bachillerato y ciclos de FP sigue siendo un desafío de inequidad para que todas las administraciones lo reduzcan, incluida la Comunidad de Madrid.

Legislar lo contrario es promover la desigualdad y los cierres sociales a conciencia, algo que ni los neoliberales hicieron, más ensimismados en liberalizar el sistema público que en segregar tan descaradamente a las capas sociales ya privilegiadas. La Comunidad de Madrid comparte ranking con Hungría y Rumania en las tasas más elevadas de segregación escolar de la Unión Europea. La elitización o segregación por arriba en la ESO de Madrid es del 39% entre el 25% de familias con mayor renta y del 45% para el 10% de híperricos. La media europea es, respectivamente, del 30% y del 41%. Madrid cuenta con uno de los sistemas educativos más clasistas de Europa, donde se hace repetir 9,7 veces más a un alumno desfavorecido, aunque tenga igual nivel de competencias ―según las pruebas de PISA― que el alumnado no desfavorecido. La media OCDE es de 1,8 veces más, según PISA 2015.

Por último, las delirantes declaraciones de Díaz-Ayuso haciendo equivalente este cheque de privilegio con el aborto o la transexualidad no comunicada a los padres [sic] es un cínico intento de enmascarar como guerra cultural lo que, en el fondo, es una agresiva lucha de clases planteada para capturar renta pública para ese 8% de rentas altas. Ni necesitan este copago ni tampoco lo reclaman, pero sus conciencias éticas pueden removerse si todavía comulgan con la doctrina social cristiana que el PP de Madrid tritura con vehemencia posmoderna y orgullo neofeudal. Esa es la cuestión principal, ya no existe democracia cristiana en Madrid, sino unas élites ultraliberales obsesionadas con la guerra cultural y con la lucha de clases invertida, desde arriba contra los de abajo. Antes Madrid aspiraba al cielo de la modernidad, ahora parece mirar y celebrar el infierno de la desigualdad.

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