La amenaza del ‘caso Assange’

Julian Assange no es un periodista cualquiera. La aprobación por el Gobierno británico de su extradición a Estados Unidos, acusado de 18 delitos, incluido uno de espionaje, trasciende el caso particular del fundador de WikiLeaks y supone una advertencia inquietante para el ejercicio del periodismo en las democracias occidentales. Washington persigue judicialmente a Assange por la difusión por parte de WikiLeaks de información confidencial, registros militares y cables diplomáticos que considera que puso vidas en peligro. Pero la Fiscalía estadounidense no ha sido capaz de presentar ni un solo caso en que los documentos de la organización de Assange verificados exhaustivamente y publicados, entre otros medios, por EL PAÍS, The New York Times, The Guardian, Le Monde o Der Spiegel contuvieran información que pudiera poner en peligro la vida de una persona.

Lo que sí ha llegado a la opinión pública mundial gracias a las informaciones obtenidas y facilitadas por WikiLeaks son pruebas de mentiras, deformaciones de la verdad y abusos contra la población civil en las guerras de Afganistán e Irak. También importantes presiones de la Administración estadounidense sobre diferentes gobiernos. Se trata de una información legítima y necesaria que había sido ocultada retorciendo injustificadamente el alcance del concepto de secreto de Estado. El poder se defiende ante la filtración de lo que quiere ocultar: eso es todo.

El devenir personal de Assange ha sido complejo y su imagen pública ha adoptado gestos entre la provocación antisistema y el histrionismo del estrellato. Prófugo de la justicia sueca, acusado de violación y abusos sexuales, fue condenado a casi un año de cárcel por la justicia británica por saltarse las restricciones de su libertad provisional en 2012 mientras se dirimía su extradición a Suecia. Pero el activista, que siempre ha defendido su inocencia, se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció siete años con el beneplácito del presidente Rafael Correa, mientras era espiado. En ese tiempo Suecia cerró el caso ante las dificultades de procesarlo; no así Estados Unidos. La decisión del Gobierno británico es recurrible, pero será ya su último cartucho.

Nada de lo anterior puede interponerse en el derecho de los medios de comunicación a difundir información veraz —y de una manera responsable, como se hizo— y el del público a conocerla: la fortaleza de las democracias depende de la solvencia y fortaleza de sus medios, y del atrevimiento para sacar a la luz precisamente aquello que el poder desea mantener oculto. Eso es lo que sucedió con los documentos de WikiLeaks. El derecho a la información está protegido por todos los ordenamientos constitucionales democráticos. Perseguir a una figura emblemática cuya tarea fue la de facilitar el acceso del público a información relevante no solo es un castigo individual; contiene una velada amenaza contra los profesionales dispuestos a volver a hacerlo.