Pobreza y política

La correlación entre pobreza o exclusión social y desconexión de la política se traduce en un persistente abstencionismo electoral. No es un fenómeno nuevo ni solo español, pero está viviendo una agudización cronificada que exige al menos una toma de conciencia sobre la magnitud del problema y la erosión democrática que produce. Los más pobres no votan, no participan en mítines porque no les llegan, se sienten excluidos de debates que no afectan a sus situaciones reales. La consecuencia es la autoexclusión de un sistema democrático que ha dejado de interpelarlos. La baja participación de este segmento de la población se ha convertido en una mala noticia rutinaria tanto en España como en Europa en cada cita electoral. En el chequeo a fondo de Andalucía que EL PAÍS está realizando esta semana con motivo de los comicios del domingo, volvía a emerger esa realidad que se ha ido cronificando. En las últimas elecciones autonómicas andaluzas de 2018 la abstención general estuvo por encima del 41%, pero es un dato que no refleja la distribución social del abstencionismo. En los barrios más pobres suele estar por encima. En 2018 fue del 51% en el distrito Palma-Palmilla de Málaga o del 43% en el distrito Norte de Granada, y hablamos de una comunidad autónoma que tiene siete de los 10 barrios más pobres de las grandes ciudades de España, según datos del INE de este año.

La crisis que arrancó en 2008 y que ha vivido ya dos mutaciones, primero tras la pandemia y después con la actual guerra en Ucrania, se ha cebado con quienes tenían menos reservas de todo tipo —de cualificación profesional, de entorno familiar, de medio social— y solo ha agravado las condiciones para que la desafección democrática siga aumentando precisamente entre quienes solo tienen al Estado como vía de protección. La pobreza avanza a la par que la desconexión política con efectos letales para el mismo sistema democrático. Durante la pandemia, la cifra de andaluces en situación de “exclusión severa” pasó de los 600.000 a casi el doble en 2021, es decir, el 13,9% de la población, según el informe de la Fundación Foessa, de Cáritas España, para 2022. Si se suma la exclusión moderada, la cifra alcanza un perturbador 26% de la población, es decir, hasta los 2,2 millones. Las ayudas económicas públicas son de tan poca cuantía que no permiten escapar al bucle de la pobreza, y los acuerdos para compatibilizar las ayudas autonómicas y del Gobierno tampoco han llegado a ejecutarse. El rescate social y democrático de quienes han quedado socialmente excluidos, o están en riesgo de serlo, debería ser una prioridad de las políticas públicas. El voto expresa en un solo acto una pluralidad de competencias de las que carecen centenares de miles de ciudadanos que sienten que la democracia no va con ellos. O quizá peor, que la democracia va contra ellos.