La desconexión de los ciudadanos más pobres de la política se agrava: ni se hablan ni se escuchan

La distancia entre la población pobre y la clase política es a menudo sideral. Y esa enorme brecha, que va en aumento, según los expertos, es triple: las Administraciones no atienden sus necesidades y las carencias se hacen crónicas, mientras las familias no escuchan a los políticos porque consideran que hablan otro lenguaje. Y esa masa casi se ha duplicado en Andalucía con la crisis del coronavirus: de los 600.000 andaluces que se encontraban en 2018 en situación de “exclusión severa” (con carencias en al menos cinco de los ocho aspectos sociales analizados) se ha pasado a 1.100.000 en 2021. En solo tres años, el porcentaje ha pasado del 7,2% al 13,9% de la población, según el informe de la Fundación Foessa, de Cáritas España, para 2022. ¿Tiene remedio esta desconexión entre la clase política y la base más humilde de la pirámide, traducida en una altísima abstención, de hasta el 50% en algunos barrios?

“El hastío llega cuando se alcanza la convicción de que el voto no sirve para nada y no interesa lo que dicen los políticos. Tiene que ver con que los programas no incluyen soluciones a los problemas reales. Hay una doble dirección: ni los políticos hablan de los pobres ni a los pobres les interesan los políticos. Con la leña que soportan de subidas de alquiler y que cada día es todo más difícil, ¿le planteas que vote? No está en su hoja de ruta”, razona Juan Luis Delcan, presidente de la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión en Andalucía. La abstención en las elecciones autonómicas de 2018 alcanzó el 51% en el distrito Palma-Palmilla de Málaga; el 43% en el distrito Norte de Granada (con siete barrios de rentas dispares) y el 40% en el distrito Sur de Sevilla (con 14 barrios de renta alta y baja).

Juan Diego Acosta sobrevive en la capital andaluza “haciendo encaje de bolillos” y censura: “Los políticos no saben qué pasa en los barrios humildes, ellos viven en su mundo paralelo. Han quitado a los pediatras del ambulatorio Juan XXIII y los han pasado a otro. A pesar de que el servicio no tiene cercanía, ellos insisten en que se sigue dando. Somos números y un pediatra solo da una buena atención con un mínimo de calidad, si no es imposible”.

Antes los partidos acudían a los barrios más humildes de las ciudades para dar mítines, ahora la mayoría ya ni hace parada. La mitad de los seis principales programas electorales ni mencionan las medidas para hacer desaparecer esa pobreza que desespera a tanta gente vulnerable. Porque la exclusión severa atañe a 1,1 millones de andaluces, pero la cifra se duplica hasta los 2,2 millones (26,3% de la población) si se cuenta la exclusión moderada, según la encuesta de la Fundación Foessa, el estudio más reciente sobre pobreza en la comunidad, con más de 7.000 hogares entrevistados. Ese informe analiza ocho parámetros sociales: empleo, nivel de consumo, salud, educación, política, acceso a la vivienda, conflicto social y aislamiento social.

“No hemos dado con ninguna receta para romper el binomio pobreza-abstención, que hace años van de la mano”, admite Soledad Pérez, portavoz del PSOE para Igualdad y Políticas Sociales. “Hasta ahora la interlocución con los vecinos no ha sido directa, sino a través de las ONG. Es una participación con personas interpuestas, uno de los errores históricos en esos barrios”, dice. Y añade: “La participación vecinal ha bajado muchísimo respecto a antaño. La complejidad y burocracia de las Administraciones genera más brecha con la población. Aunque nos sentemos a hablar, hablamos dos lenguajes diferentes: tú explicas la necesidad de una seguridad jurídica y ellos consideran que solo ponemos obstáculos a sus ayudas”. Pérez admite que los partidos “nunca van lo suficiente a estos barrios”, donde por lo general carecen de sedes y arraigo.

Uno de los problemas enquistados es que la ayuda económica pública que reciben estas familias ―desempleados, casi siempre con niños a su cargo― es tan reducida (entre 400 y 500 euros) que no les permite abandonar el círculo vicioso de la pobreza. El acuerdo político para poder compatibilizar la renta mínima del Gobierno central con el ingreso por la infancia y la inclusión de la Junta se ha quedado en el tintero por culpa del adelanto electoral, otro puñetazo para las familias más necesitadas. “Se ha quedado hecho el borrador del decreto, pero no ha dado tiempo, a pesar de que es un tema muy importante”, reconoce Ana Vanesa García, portavoz de Igualdad y Políticas sociales en el PP.

El secretario técnico de la Fundación Foessa, Raúl Flores, destaca que el abismo entre las clases más vulnerables y la política aumenta: “La desafección y el alejamiento es cada vez mayor, hay menos implicación en movimientos sociales y menos voto. ¿Qué ocurre? Pues que las personas más vulnerables no sienten que sus dificultades se reflejen en los programas políticos, no les ofrecen soluciones. Y eso genera otro efecto: que los partidos no reflejan sus preocupaciones porque estas personas no votan”.

La carencia material severa en los niños andaluces ha pasado del 5,9% al 9,3%, lo que implica que las familias no se pueden permitir una comida de carne o pescado cada dos días, mantener la vivienda a temperatura adecuada o pagar el alquiler, según un informe de Save The Children en Andalucía de hace un año, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La emergencia por la pobreza infantil ha provocado que la Comisión Europea exija ahora a los Estados y autonomías que el 5% de sus fondos se dedique a la infancia. “Las ayudas no son eficaces si solo sirven para sobrevivir, es necesario un incremento del presupuesto, lo primero es la inversión. Las políticas son ineficientes”, censura Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

La mitad de las familias andaluzas tiene problemas para afrontar los costes de la crianza, según otro informe presentado por Save the Children este martes. Si el coste de criar un hijo en la región es de 641 euros al mes, hay un 48,5% de las familias que tiene dificultades para afrontar la factura. En Andalucía hay 1,1 millones de familias con hijos, de las cuales 166.467 carecen de ingresos suficientes para cubrir la crianza y requieren ayudas públicas o de las ONG. En Andalucía, 469.995 niños y adolescentes estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019, el 40% de la población infantil, según el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

La recuperación de las familias humildes tras la crisis de 2008 fue tan lenta que, cuando llegó la del coronavirus, muchas no habían levantado cabeza, alerta Delcan. “A las entidades sociales nos piden resultados las Administraciones. ¿Por qué no se hace lo mismo con los cursos públicos de empleabilidad sin resultados? Habrá que rediseñar ciertas políticas públicas”, incide.

La Red de lucha contra la pobreza y la exclusión, que aglutina a 61 entidades, se ha reunido con los principales partidos, excepto con Vox ―“ni nos recibe ni le interesa”― para transmitirles un decálogo con 10 medidas de inclusión social que incorporar a sus programas electorales. Entre ellas, garantizar el derecho a la vivienda de los más vulnerables, lo que ayudaría a hacer desaparecer las decenas de asentamientos chabolistas de temporeros ―sobre todo en Almería y Huelva― y la lucha contra la transmisión intergeneracional de la pobreza.