Contra la prostitución

La abolición de la prostitución ha entrado en la agenda legislativa española, y esa demanda reúne hoy a 175 organizaciones feministas en una manifestación en Madrid. El Congreso de los Diputados tendrá que pronunciarse sobre una proposición de ley del grupo socialista que prohíbe toda forma de proxenetismo y persigue tanto a quienes se lucran con la explotación sexual de las mujeres como a los clientes. Parte de la premisa de que la prostitución es una mercantilización degradante del cuerpo, una forma de violencia machista y vulnera los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres prostituidas. El proyecto pondrá a prueba la cohesión interna de Unidas Podemos, en cuyo seno conviven dos posturas: una, partidaria de la abolición, al igual que el PSOE, y otra que, con diferentes matices, defiende reconocer la prostitución como un trabajo que merece la protección social y laboral de las mujeres que la ejerzan de forma voluntaria, excluyendo en cualquier caso la posibilidad de explotación por parte de terceros.

El PSOE accedió a retirar una enmienda de carácter abolicionista de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, en aras del consenso, pero ha registrado, sin el concurso de Unidas Podemos, una proposición abolicionista que espera que sea tomada en consideración en junio para que pueda ser aprobada antes de final de año. Cumple así con el compromiso adoptado en su último congreso. La proposición prevé penas de prisión para quienes con violencia, intimidación o engaño, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, lleven a una mujer a ejercer la prostitución, o quienes, con ánimo de lucro, la inciten a ello, aunque sea con su consentimiento.

Algunos ayuntamientos, como los de Barcelona o Sevilla, y el gobierno del de Valencia aplican o promueven ordenanzas municipales que castigan tanto a los proxenetas como a los clientes. Pero el problema excede su capacidad de intervención y requiere un enfoque integral.

Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz esta cuestión, y ninguno de los modelos de otros países está libre de inconvenientes. Pero tampoco había legislación europea en torno a la salud menstrual, y está ya en marcha en España. Proteger la prostitución como si fuera un trabajo más permite mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero no incide sobre las causas sociales y económicas de esta forma de explotación. Tampoco asegura que quienes dicen ejercerla de forma voluntaria sean realmente libres, ni que sean los proxenetas quienes, bajo diferentes formas de ocultamiento, se acaben aprovechando de esa regulación.

Convertir la prostitución en una actividad económica reconocida y regulada, como ha hecho Alemania, tampoco evita la trata de mujeres y estimula el consumo de prostitución como si fuese una diversión más, y aligerada de reproches sociales. El modelo abolicionista aplicado en Suecia sí ha reducido la prostitución, pero el efecto indeseable ha sido su crecimiento en la clandestinidad. Ese es el mayor peligro de este enfoque. Para que el modelo dé fruto, no basta con prohibir y castigar a proxenetas y clientes. Exige un plan muy ambicioso que ofrezca alternativas de inserción social y laboral a mujeres que perderían sus ingresos, por fuerza y de un día para otro, y se verían abocadas al ejercicio clandestino, con una desprotección extrema.

Ninguna solución es óptima, pero sí pueden darse pasos hacia la persecución del proxenetismo y cualquier forma de explotación de la mujer, en particular en un país que figura a la cabeza del consumo de prostitución. En la inmensa mayoría de los casos, tiene como víctimas a mujeres sometidas a trata de personas: el objetivo de acabar con eso es irrenunciable.