¿Quién le pone el cascabel al gato?

En la dinámica de la gran corrupción se dan importantes articulaciones entre decisiones de autoridades del Estado con grandes corporaciones —muchas veces transnacionales— de construcción, servicios públicos, irrigaciones, etc. Dentro de ese contexto, en ningún país de la región nos quedamos cortos en proclamas anticorrupción. Muchas veces retóricas, en ocasiones auténticas y en serio.

En medio de un cuadro a veces desalentador, felizmente hay conductas y propuestas muy relevantes. La madre del cordero está, sin embargo, en si se actúa —o no— para investigar en serio y sancionar ejemplarmente la corrupción. Especialmente la grande, la que articula espacios medulares del poder público con contratos a medida para beneficiar a empresas corruptoras. Sin perjuicio de lo crucial de medidas y políticas preventivas, la clave de la cuestión es contar con un sistema judicial y de fiscales independiente, enérgico y con coraje. Sin eso, todo quedará en palabras, buenos propósitos.

Jueces y fiscales son, pues, la herramienta esencial con la que cuenta la sociedad para defenderse. Personajes cruciales en la medida que puedan actuar sin intromisiones indebidas para lo cual la sociedad debiera prestarles más atención y apoyo. No las están llevando fácil, sin embargo, en lugares como Colombia o Guatemala, por ejemplo.

En visita académica a Colombia esta semana me entrevisté con la fiscal Angélica Monsalve Gaviria y recibí preocupante información de lo que parece ser una grave interferencia indebida en la búsqueda de justicia. La fiscal venía investigando presuntos graves actos de corrupción en Bogotá en delitos como incompatibilidades en concursos públicos e interés indebido en la celebración de contratos. Lejos de estimularla y apoyarla, se ha decidido en días pasados trasladarla a la Fiscalía de Putumayo bajo la figura de “necesidades de servicio”.

Hace pocas semanas, la fiscal Monsalve imputó por el delito de interés indebido en contratos públicos a un exconcejal de Bogotá y a sus dos tíos, a quienes logró identificar como los verdaderos propietarios de una empresa que obtuvo la concesión para recaudar nada menos que los importantes pagos del servicio de transporte público de Bogotá (Transmilenio). El contrato se adjudicó y firmó, según esta información, mientras el sobrino de los beneficiados con el contrato era concejal.

Desde que actuó con esa información delicada —que indicaría la comisión de delitos—, la fiscal ha recibido presiones de actores influyentes, cuyos detalles me proporcionó, para que se abstenga de proseguir en ese camino de investigación. Hace pocos días, el 14 de marzo, la Fiscalía General le notificó que sería trasladada de inmediato a Putumayo, zona de alta peligrosidad y lejana a la investigación que venía conduciendo. Muy grave.

El traslado arbitrario y sin justificación de fiscales o jueces es, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes, una interferencia indebida en la independencia judicial y una violación del principio de inamovilidad. El traslado que se pretende hacer de la fiscal Monsalve Gaviria tiene todos los elementos para ser considerado como una grave afectación de este principio.

En Guatemala, por su lado, el caso de la jueza Erika Aifán, que actuaba en investigaciones contra la corrupción y que comenté en su momento en esta columna, evolucionó hasta forzarla a renunciar hace una semana y a exiliarse en los Estados Unidos. Eso en un contexto en el que han ocurrido otros hechos graves como el acoso y detención a la ex fiscal especial contra la Impunidad, Siomara Sosa, y de su abogada. La jueza Sosa había investigado el caso Odebrecht. Auxiliares fiscales claves en otras investigaciones, como Paola Escobar Quiñónez, Aliss Noemí Morán y Roberto Racanac, vieron también sus domicilios allanados y fueron detenidos dentro del marco en que intervenían investigando un caso emblemático de tráfico de influencias (Comisiones Paralelas 2020).

En este cuadro de amenazas y ataques a la independencia judicial, se han producido importantes procesos de reflexión y análisis entre jueces y fiscales sobre lo que ocurre en la región y sobre cómo enfrentar mejor las guerras de desgaste iniciadas por la corrupción organizada. En resumen, intercambiando experiencias e ideas concretas sobre cómo hacer mejor su trabajo, en particular para la investigación y sanción de casos de corrupción.

En esa dirección, un excelente proceso en marcha es el denominado Jueces como constructores de paz. Está siendo impulsado por el Vance Center del Colegio de Abogados de Nueva York, el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC) y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) y es un ejemplo concreto de lo que puede hacer la sociedad para fortalecer las capacidades de un sistema judicial independiente para enfrentar amenazas como la corrupción.

Me ha tocado el privilegio de acompañar desde fuera ese proyecto. Entre otras cosas, ha promovido interesantísimos encuentros judiciales en los que se han planteado iniciativas valiosas y concretas sobre cómo enfrentar mejor la corrupción, así como llamar la atención sobre ciertos procesos siniestros en marcha para atajar los esfuerzos contra la corrupción.

Se han planteado, por ejemplo, recomendaciones concretas para armonizar la legislación anticorrupción nacional con estándares internacionales, algo pendiente en varios países. También que debería generalizarse la inclusión en la legislación penal de todos los países la responsabilidad de personas jurídicas y determinar las obligaciones de integridad; asunto pendiente, por ejemplo, en Colombia. Se ha planteado, asimismo, fortalecer los mecanismos para garantizar la reparación del daño por casos de corrupción.

Son voces y propuestas que provienen del terreno concreto —el fundamental— el de la investigación y eventual sanción de casos de corrupción. Hay que oír esas voces y defender los aguerridos esfuerzos de quienes ya actúan con energía y profesionalismo ante graves casos de corrupción.

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