ABRIENDO TROCHA
Columna
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Guatemala: la justicia bajo ataque

En el país centroamericano se han visibilizado varios zarpazos —y graves— contra jueces independientes, que apuntan al deliberado debilitamiento del sistema judicial

La abogada Eva Siomara Sosa, quien trabajó con el Fiscal Especial contra la Impunidad, es escoltada por oficiales de la policía en la sede de la Suprema Corte, el 15 de febrero, en Ciudad de Guatemala.
La abogada Eva Siomara Sosa, quien trabajó con el Fiscal Especial contra la Impunidad, es escoltada por oficiales de la policía en la sede de la Suprema Corte, el 15 de febrero, en Ciudad de Guatemala.LUIS ECHEVERRIA (REUTERS)

América Latina —y Guatemala dentro de ella— ha dado pasos positivos en las últimas décadas para dejar atrás el círculo vicioso de los golpes militares; ha avanzado, también, en frenar masivas violaciones de derechos humanos del pasado y del presente. Asimismo, se han producido avances en la separación de poderes, aunque, es verdad, con timidez y recelos para afiatar esa separación.

Debo referirme nuevamente a Guatemala, pues allí la justicia está bajo ataque. Después de haber tratado en esta página (EL PAÍS, 20 de enero de 2022) las persistentes agresiones e insubsistentes denuncias contra la jueza Erika Aifán, titular de un activo juzgado a cargo de procesar graves casos de corrupción, se han visibilizado varios otros zarpazos —y graves— que apuntan al deliberado debilitamiento del sistema judicial.

Son varios los pasos regresivos y tienen un común denominador: un simultáneo y persistente ataque contra juzgados “de Mayor Riesgo” con competencias en grandes casos de corrupción y de violación a los derechos humanos.

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Destaca, primero, el retiro de inmunidad al juez Pablo Xitumul, uno de los jueces de mayor renombre en Guatemala. Entre otras cosas es quien condenó penalmente en 2018 a los militares responsables de la desaparición de Marco Antonio Molina Thiessen, caso sobre el que se había pronunciado previamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Xitumul viene conociendo otros graves casos no sólo de derechos humanos sino de corrupción. Todos los elementos que llevaron a la decisión de la Corte Suprema de retirarle su inmunidad apuntan a que fue algo fabricado y que está en construcción un andamiaje para sacarlo de la escena. Organizaciones internacionales de derechos humanos, encabezadas por DPLF, han rechazado lo que califican como “criminalización del juez Pablo Xitumul” y denuncian la persecución de los operadores de justicia.

Contra la jueza Yassmin Barrios se está construyendo también otro edificio para un antejuicio y sacarla de un caso importante contra el ex jefe de la Fiscalía de Crimen Organizado. En el alarmante caso de Erika Aifán le tienen encaminado otro antejuicio con semejantes explicaciones, orígenes y propósitos, vinculado a un caso emblemático que es el hilo de la madeja en Guatemala: la corrupción en las designaciones de altas cortes llamado “Comisiones Paralelas I y II”. Gran paradoja y dato de escándalo: aparecerían implicados en los hechos investigados magistrados de la Corte Suprema, que es la entidad que tiene que pronunciarse a favor o en contra de la eliminación del antejuicio; lo que ya ocurrió con Xitumul.

Como si esto fuera poco, en este febrero de carnavales también se iniciaron investigaciones contra exfiscales que integraron la valiosa Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI): la exfiscal Siomara Sosa y su abogada Leyli Santizo. Sosa había sido muy activa en el ‘caso Odebrecht’ y Santizo trabajó por varios años en CICIG a cargo de investigación contra altos funcionarios sindicados como integrantes de redes de crimen organizado. La exfiscal estaría siendo presionada para declarar en contra de sus excolegas de la FECI.

El Ministerio Público ha ordenado allanamientos en las casas de la exfiscal Sosa y su abogada Santizo, donde la primera fue detenida. Contra Sosa se dictó orden de aprehensión, pese a que voluntariamente se presentó al juzgado para defender su inocencia.

Todo este panorama tiene como telón de fondo una modificación reciente a la Ley de la Carrera Judicial. Con ella se resta independencia al Consejo de la Carrera Judicial y se refuerza el poder de la cuestionada Corte Suprema, dándole la facultad de decretar traslados de jueces. Instancias internacionales de protección de los valores democráticos y los derechos humanos ya han indicado el peligro de que un mismo órgano —como la Corte Suprema— concentre las facultades jurisdiccionales y las administrativas, precisamente en momentos en que se cuestiona su independencia.

Algo que debe ser seriamente investigado es cómo, y través de qué personas, se mueven en los altos niveles del poder político estas redes de interferencia grosera en la justicia y de ataque artero y sistemático a la independencia judicial. La información disponible indica que los altos niveles del poder político habrían demostrado tal grado de corresponsabilidad que parecería que poderes oscuros se han apropiado de poderosas herramientas de control y de sujeción del poder judicial. Es sospechoso, por ejemplo, que la presidenta y demás integrantes de la Corte Suprema, quien tiene su mandato vencido, hace 28 meses no sea renovada violando lo que dice la Constitución y la ley.

Dentro de un cuadro que no puede ser definido sino como uno de ataque sistemático a la justicia, es dramático que esto ocurra no dentro de una dictadura sino dentro de los marcos institucionales de un Estado Constitucional de Derecho, drenándolo, así, de su contenido. De éste queda sólo un borroneo en varios países de nuestra América, mientras la comunidad internacional, frente a un deterioro como el que ocurre en Guatemala, guarda perfil bajo; las instancias multilaterales, ídem.

No hay, pues, nada de exageración en el título que lleva esta nota. Y, ojo, cuidado con que se extienda como gangrena si no se actúa.

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