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Compra de votos, una práctica sofisticada y enraizada en Colombia

La Misión de Observación Electoral ha recibido 79 denuncias relacionadas con los comicios del domingo. Solo 111 de los 7.000 supuestos delitos electorales de 2014 a 2021 llegaron a investigaciones formales

Catalina Oquendo
Elecciones Colombia
La exsenadora colombiana Aida Merlano, antes de una vista ante un tribunal en Caracas (Venezuela) el día 6.MIRAFLORES PALACE (Reuters)

“Si el elector no recibe un aliño económico, no vota. Puede ser plata, un puesto público, favores o que le pinten el frente de la casa”. En 2018, las palabras de Roberto Gerlein, un exsenador de la costa caribe que ocupó una curul en el Senado durante 50 años, ya evidenciaban cómo esa práctica ilegal ha marcado las elecciones de las últimas décadas en Colombia. “Es tradicional no solo en los pueblos del Atlántico sino en todos los departamentos de la costa y se ha extendido a todo el país. En Bogotá compran votos, en Medellín compran votos; en Pasto compran votos, en el Valle compran votos”, decía en una entrevista de la época el excongresista, que falleció en 2021. Ahora, aunque de acuerdo con varios expertos esa práctica ilegal se ha sofisticado, continúa presente en todo el país. Apenas a dos días de las votaciones a Congreso y a las consultas presidenciales de este domingo, la Misión de Observación Electoral (MOE) recibió 79 denuncias de compra de voto.

El reciente escándalo de la excongresista Aida Merlano, que salpica al precandidato a la presidencia Alejandro Char, revela que ya no se trata de una compra evidente y al menudeo, sino de un entramado criminal. “En el Atlántico, en toda la región se compran votos, pero aquí el tema es que se compran con los dineros y recursos de la nación y ellos son los financiadores de casi toda la clase política de la región”, dijo Merlano en febrero pasado en una entrevista a la revista Cambio.

La excongresista fue condenada a 11 años por corrupción electoral en los comicios de 2018 y luego protagonizó una fuga de película durante una consulta odontológica en Bogotá. Se descolgó por una cuerda y huyó en una moto que la esperaba. Meses más tarde fue recapturada en Venezuela y desde allí entregó una declaración a la Corte Suprema de Justicia de Colombia donde denunció que la casa Char, como se conoce al precandidato y otros políticos de su familia, participaron en su fuga.

Desde entonces la prensa local ha revelado videos de cómo funcionaba la Casa Blanca, sede de la campaña de Merlano y donde, según las denuncias, se compraban votos de forma masiva. “Lo que nos dejó ver este caso es cómo hay una tecnología dispuesta para la compra y que se volvió algo sistemático. También, que se ve a políticos que acceden a altos cargos públicos controlando y manejando una estructura criminal organizada que favorecía distintas candidaturas. El imaginario colectivo diría que se compran votos solo para ellos, pero que entraran al Congreso y consiguieran votos para otras candidaturas es llamativo”, dice Camilo Mancera, coordinador de justicia electoral de la MOE, misión que tiene la plataforma Pilas con el Voto donde los ciudadanos pueden denunciar constreñimientos y otras irregularidades electorales.

La impunidad favorece la corrupción electoral

La mecánica de la compra de votos arranca incluso el día de la inscripción de cédulas para votar, tres meses antes. Los intermediarios (coordinadores) entre los ciudadanos y los políticos indican a los votantes en qué puestos de votación deberían inscribirse y así pueden hacer seguimiento de que quienes reciben el dinero lo depositen finalmente por el candidato que paga. En muchos casos, explica Mancera, les entregan un anticipo que puede ser 50.000 pesos (14 dólares) cuando se inscriben y el resto del dinero, cuando votan. Solo en Barranquilla la MOE identificó 18 puestos de votación con “riesgo electoral consolidado” y ha lanzado alertas.

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A los votantes comprados los suelen llevar directamente hasta el punto de votación, acompañados por un líder que verifica que quienes recibieron el anticipo sí cumplan la cita electoral. Esos líderes, a su vez, reportan a coordinadores y existen unos personajes llamados mochileros, que entregan el dinero que guardan en mochilas. El negocio es la venta masiva de votos. “Les dicen a los políticos le vendo un paquete de 2.000 votos, eso le cuesta una cantidad equis de dinero y me aseguro de que a usted le lleguen”, agrega Mancera.

Sin embargo, las formas de comprar el voto son variadas. David Char, quien fue senador entre 2002 y 2006 y es primo del precandidato y hermano del expresidente del Congreso Arturo Char, le contó a la Jurisdicción Especial para la Paz (donde también admitió alianzas con paramilitares) que otra forma de compraventa del voto se llama “carrusel electoral”. “Era un voto seguro, pero más costoso, pero no había que hacer ningún trabajo con ningún líder porque aquí tenía metida la mano la Registraduría. Había gente dentro de la Registraduría que ponía al servicio la venta de mesas”.

El exsenador habló también de tejas, materiales de construcción y otras ayudas a cambio del voto y mencionó a Laureano Acuña, actual senador del Partido Conservador como una persona “conocida en el Atlántico que maneja mucho esta forma de comprar votos”. Acuña fue un líder de barrio que obtuvo una de las mejores votaciones a la Cámara y al Congreso, superando a barones electorales de la costa. Hoy es investigado por la Procuraduría precisamente por un audio en el que habla de la compra de 70.000 votos para las legislativas de este domingo.

Un colegio electoral el día 11 en Bogotá, en vísperas de las elecciones del domingo.
Un colegio electoral el día 11 en Bogotá, en vísperas de las elecciones del domingo. RAUL ARBOLEDA (AFP)

La impunidad en los delitos electorales son la razón para que este se repita por años. Un estudio de la Corporación Transparencia por Colombia muestra que entre 2014 y 2021 la Fiscalía recibió 1.549 noticias criminales relacionadas con el delito de “corrupción al sufragante”, pero solo el 2%, (31 noticias criminales) tienen sentencia. “Esto evidencia que hay dificultad en identificar y judicializar a los responsables del delito”, indica el documento Recomendaciones para la implementación efectiva de la Política Criminal Electoral.

Andrés Hernández, director de la Corporación Transparencia por Colombia, explica que la gama de irregularidades es amplia. Va desde fraude al sufragante, fraude en inscripción de cédulas, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento, tráfico de votos, y se mantiene el patrón de impunidad: de 7.048 denuncias que tiene la Fiscalía en esos años, apenas 6.276 pasaron a etapa de indagación y 111 llegaron a investigaciones formales.

“Genera suspicacia que no se conozcan más casos como el de Merlano cuando tenemos 7.000 denuncias y cuando sabemos que hay toda una estructura y que no se trata de que alguien espera en el lugar de votación con un tamal o tejas”, dice Hernández. Para él, la práctica de compra de votos ha estado tan presente en el contexto electoral colombiano que cree que este domingo se mantendrá. “Difícilmente haya alguna razón para pensar que en estas elecciones ese patrón vaya a cambiar”.

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Catalina Oquendo
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.

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