La jueza Erika Aifán deja Guatemala debido a las amenazas “de redes políticas y criminales”

La jueza Erika Aifán ha renunciado a su cargo como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala debido a las amenazas que ha sufrido de parte de “redes políticas y criminales”, ha denunciado este lunes la magistrada en un video publicado en Twitter. Aifán se ha exiliado en Washington tras afirmar que no cuenta con garantías suficientes de protección a su vida e integridad física. La jueza ha estado en el ojo del huracán porque ha llevado algunos de los casos más sonados de corrupción, que la convirtieron en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Con Aifán, son ya 14 jueces y fiscales los que han tenido que huir de su país hacia Estados Unidos debido a la persecución que enfrentan.

Aifán, que lleva 19 años trabajando en el sistema de justicia de Guatemala —seis de ellos a cargo del Juzgado D de Mayor Riesgo—, ha denunciado que recibió “amenazas y presiones” por su trabajo, al que, ha afirmado, le ha dado “una dedicación casi absoluta”. La jueza ha recordado que desde su despacho ha llevado casos de crimen organizado y estructuras de corrupción “en todos los niveles del Estado”, lo que la ha convertido en el objeto de serias amenazas. “He decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, ha informado Aifán. “Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”, ha advertido.

La renuncia y exilio de la jueza Aifán es la última muestra de la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Varios exjueces y exfiscales han señalado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, por obstaculizar su trabajo. A finales de febrero, el exfiscal especial contra la impunidad, Carlos Antonio Videz, dejó Guatemala y acusó directamente en un comunicado a la fiscal general Porras como responsable de su salida. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato, complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, señaló Videz. Una denuncia similar hizo el exfiscal general Juan Francisco Sandoval, quien fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”.

En una entrevista concedida a este diario a finales de enero, Aifán denunció que Porras ha permitido que se desarrolle una especie de cacería dentro del sistema de justicia contra jueces y fiscales que llevan importantes casos de corrupción. “Le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta”, dijo Aifán.

En Washington también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, entre otros, quienes han convertido a la capital de Estados Unidos en el refugio de exoperadores de justicia perseguidos por sus empeño en combatir la corrupción y luchar contra la impunidad en el país centroamericano.

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