López Obrador y su utópica propuesta contra la corrupción

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha dicho que de llegar al Gobierno mexicano acabará con la corrupción. Su principal herramienta, asegura, será la multiplicación de su ejemplo, como si eso fuese suficiente para erradicar un problema tan complejo. Esta aseveración repetida una y otra vez en sus mítines y propaganda, es su principal apuesta de campaña en temas anti-corrupción, pero también la más débil. Una de las críticas recurrentes al candidato es que no explica las formas para acabar con un problema que mantiene al país en la posición 135 de 180 naciones en el índice de Corrupción de Transparencia Internacional.

La campaña de Morena asegura que López Obrador cuenta con un plan detallado y conformado por nueve ejes principales que van desde eliminar las empresas fantasmas hasta prohibir las adjudicaciones directas de contratos. Algunos expertos en transparencia y rendición de cuentas creen que las medidas son políticamente atractivas y populares, algunas pueden generar un cambio del escenario actual aunque otras existen o son, de plano, jurídicamente inviables.

López Obrador busca implementar esquemas de austeridad en el Gobierno, quitar la inmunidad al presidente, elaborar y publicar un padrón de contratistas sancionados o incumplidos, monitorear en tiempo real cada peso destinado a obra pública, y erradicar la participación de empresas fachada utilizadas para desviar recursos. “En las convocatorias para cualquier licitación pública, un requisito permanente que deberán cumplir los participantes será el presentar sus últimas dos declaraciones de impuestos”, asegura el programa anti corrupción. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, una politóloga e investigadora en temas de transparencia, es la encargada de la agenda de transparencia de Morena y la propuesta de López Obrador para ocupar la Secretaría de la Función Pública (SFP). Este ministerio, asegura, tendrá un rol central en el combate a la corrupción y la impunidad.

La SFP es el ministerio encargado de vigilar a los servidores públicos y de auditar el gasto que estos hacen a fin de prevenir el desvío del dinero. La dependencia ha sido severamente cuestionada porque las sanciones que impone son muy bajas y no se pagan. En lo que va de esta administración ha sancionado a 49.420 funcionarios y ha impuesto un total de multas por 12.617 millones de pesos (uno 700 millones de dólares), según información pública. El problema es que sólo se pagan el 10% de las mismas. Sandoval cree que el ministerio no ha dado los resultados esperados porque no existe la voluntad política para hacerla funcionar. “La Función Pública tiene perfectamente todas las herramientas para poder sancionar y no ha actuado. Nosotros vamos a combatir esa impunidad y a asegurar que se aplique la norma”, afirma.

Propuestas insuficientes

Para acabar con la corrupción no basta con que el presidente sea honesto y tenga voluntad política como lo pregona el candidato de Morena, dice María Amparo Casar, presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Un ejemplo de ello es que cuando él fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México sus propios secretarios y colaboradores cercanos se vieron envueltos en casos de corrupción, resalta. En 2004 René Bejarano, un operador político cercano al candidato, fue captado en un video recibiendo dinero de un empresario. Gustavo Ponce, secretario de finanzas en el gobierno capitalino, fue exhibido apostando en un casino de Las Vegas (EE UU). Carlos Imaz, delegado de Tlalpan, también fue parte de los llamados videoescándalos. “Las propuestas que hace verbalmente caen en la categoría de populares, son políticamente correctas y con tintes electorales, dedicadas a apaciguar el enojo y la indignación de la gente, pero están incompletas”, dice la doctora experta en temas de rendición de cuentas.

Casar destaca que el político ha sofisticado sus propuestas con el paso de los años, pero hay temas de fondo que quedan pendientes. En su oferta política no hace mención de las modificaciones legales que se necesitan para lograr una fiscalía autónoma, una propuesta que han impulsado decenas de organizaciones de la sociedad civil y que es indispensable para consolidar las políticas en materia de combate a la corrupción en el país. Actualmente el titular de la Fiscalía mexicana (Procuraduría General de la República) es nombrado por el presidente mexicano. Los colectivos solicitan una reforma constitucional para garantizar una verdadera independencia de la Fiscalía, dotada de recursos para investigar y perseguir los delitos, y que no actúe con fines políticos. “Si no reformamos el sistema de procuración de justicia, no vamos a ir a ningún lado y esto tiene que ver con la fiscalía independiente”, dice Casar. Sin embargo, la propuesta de López Obrador en el tema se ha reducido en decir que mandará una terna con las propuestas de fiscal.

Otra de sus propuestas consiste en transparentar las licitaciones públicas en las compras gubernamentales. Esa disposición ya existe, pero no se cumple, expone Casar. Eliminar el fuero, como también lo pregona, es una medida “políticamente correcta” que ya se ha discutido, pero no es viable y no acaba con la impunidad, asegura Casar.

La propuesta de eliminar las pensiones a los expresidentes es muy atractiva en la opinión pública, pero en términos presupuestales el ahorro sería menor, expone Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. “Una visión más amplia, a mi parecer, tendría que incluir pensiones relativas al Poder Judicial que son onerosas”, agrega. Los ministros retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gozan de pensiones que rondan los 250.000 pesos mensuales (13.890 dólares) y además cuentan con apoyos para gastos de alimentación, seguro de gastos médicos y personal de apoyo. La prohibición de las adjudicaciones directas puede ser riesgosa, menciona, lo más viable sería reducirlas significativamente y realizarlas solo en ciertos proyectos. “Que sean una excepción, pero no la norma”, afirma.

Otra propuesta que es positiva, pero complicada de aterrizar es eliminar las empresas fantasmas. Desde que se aprobó la reforma hacendaria el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está obligado a transparentar el listado de contribuyentes con operaciones inexistentes. Entre 2014 y febrero de este año las autoridades hacendarias han determinado que unos 4.000 contribuyentes emiten comprobantes fiscales falsos. Bohórquez explica que una empresa puede estar “dormida” (poner en ceros su declaración de impuestos), pero no es ilegal. La compañía se convertirá en fantasma hasta que participe en una operación ilícita (fiscal o de corrupción), explica.

Valeria Moy, directora del think tank México ¿cómo vamos?, es la más escéptica a las propuestas de López Obrador y cree que no traerán una transformación en materia anti-corrupción. El candidato asegura que erradicar esta problemática le permitiría a su Gobierno ahorrar hasta el 10% del presupuesto público, es decir, 500.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares). Ese dato es un invento, asegura Moy. “No existe y me parece riesgoso porque a partir de ese número mágico está financiando todo su plan de Gobierno”. El eje de monitorear cada peso en tiempo real sería muy efectivo, pero jamás lo hizo cuando estuvo al frente del Gobierno capitalino, recalca. “La información de las grandes obras de su gobierno que fueron los segundos pisos está reservada", recalca.

En su denominado proyecto de nación, López Obrador también enumera una serie de acciones para acabar con el lavado de dinero como combatir los paraísos fiscales y realizar una auditoría inmobiliaria de políticos mexicanos en Estados Unidos. Critica que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), una instancia conformada por autoridades federales y locales que busca prevenir y combatir esta problemática, haya dejado intacta la figura del presidente y no regule el poder de las empresas nacionales y trasnacionales. Sandoval Ballesteros asegura que respetarán y reforzarán el SNA. “Nosotros hemos sido críticos del proceso que dio lugar al Sistema. Nos parece que hay muchas carencias en ese andamiaje legal, pero se tiene que respetar y vamos a trabajar en él”, afirma.

La disminución de la corrupción requiere de una solución integral que ataque un mal sistémico que está arraigado no sólo en el sector público y privado, sino también en la sociedad, dice Casar. “Hay toda una estructura hacia abajo en los gobiernos locales compuestos por una burocracia política que se ha enraizado a lo largo de los años. La corrupción atraviesa a todos los órdenes de Gobierno –municipal, estatal y federal- y estratos socioeconómicos”, dice la politóloga. Un tema que está ausente en las propuestas del candidato es cómo se medirá el resultado e impacto de lo que propone, agrega Bohórquez “¿Cómo van a medir que redujeron la corrupción en la medida que ofrecieron”, cuestiona.