Aviso a La Zarzuela

Juan Carlos I “aún les debe una explicación a los españoles”. Con esta respuesta a la carta, promovida por La Zarzuela, con la que el padre del Rey pretendía normalizar su situación después del cierre de su expediente por parte de la Fiscalía, el presidente Sánchez ha roto el conformismo corporativista con el que sus antecesores han tratado los desmanes de quien tuteló el tránsito de la dictadura a la democracia.

Pedro Sánchez no ha optado por el camino fácil de poner el énfasis en el expediente político del emérito como forma de minimizar sus trapacerías, sino que ha incidido en la gravedad de los hechos condonados: “Las informaciones que hemos recibido en este tiempo son decepcionantes”. Por muchos requiebros que se den, la realidad es tozuda: que la justicia no haya podido actuar sobre los comportamientos delictivos e improcedentes de Juan Carlos I no quiere decir que no hayan existido y que no estén acreditados. Simplemente, han quedado impunes porque la legislación hacía imposible juzgarlos. Con lo cual el problema está en este punto negro de la Constitución que establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, que imprime en ella la huella aristocrática que debería ser incompatible con la legitimidad democrática.

Una persona irresponsable al frente de un Estado. Reliquias que marcan las historias de los pueblos, que desafían la razón y el sentido común, que se admiten con argumentos de estabilidad y continuidad, pero que un día pueden acabar hechas trizas a la vista de todos. Desde luego, lleva razón el presidente al decir que las explicaciones son insuficientes. Pero a la vista de los hechos no resulta fácil imaginar qué podría decir el Rey para que fueran satisfactorias. Y más todavía cuando la decisión —pactada con la Casa del Rey— es mantener la residencia en Abu Dabi, un decorado susceptible de asociaciones nada imaginativas con el pasado.

En un momento, marcado por la crisis de Ucrania, en el que quienes tuvieron veleidades putinistas disimulan, la derecha está en tránsito de restauración y en la izquierda podemita se viven momentos de recomposición, el presidente Sánchez percibe que el espacio de influencia se le amplía y busca acumular señales de presencia y autoridad. El aviso a La Zarzuela forma parte de esta agenda. Y le compromete a retomar un cabo que dejó suelto. Ya que el debate monarquía-república no está ahora mismo en el orden del día, y menos en tiempos de tanta tribulación, es hora de emprender la elaboración de un estatuto de la Corona que ponga deberes a quien la ocupa antes de caer en la tentación de columpiarse en la irresponsabilidad, este raro privilegio que la Constitución otorga y que consiste en despojar al Rey de la condición de ciudadano. Por lo visto, Juan Carlos I se lo tomó al pie de la letra.