Sánchez exige explicaciones a Juan Carlos I sobre sus fraudes a Hacienda

El contenido de la carta que Juan Carlos I envió a su hijo, el rey Felipe VI, en la que se limita a ”lamentar sinceramente” el escándalo producido por las informaciones sobre su fortuna opaca en el exterior no fue negociado con el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Ejecutivo solo fue informado unas horas antes “del sentido, no del contenido” de la carta que se hizo pública este lunes. Así lo aseguró Pedro Sánchez en una conversación informal con la prensa a bordo del avión que lo trasladó este martes a Letonia para visitar la base de Adazi de la OTAN en Riga con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La carta del rey emérito, en cuyo contenido no participó La Moncloa, no satisface las expectativas del Gobierno respecto al desenlace de la investigación abierta a Juan Carlos I por las irregularidades fiscales de sus actividades en el extranjero.

El presidente del Gobierno, en tono serio, señaló después de leer ese texto que Juan Carlos I aún “les debe una explicación a los españoles”.

“Acusamos recibo”, explicó sobre la carta, “pero lo que no es de recibo son las informaciones que hemos conocido en este tiempo, que son decepcionantes”.

Sánchez se refería a las múltiples irregularidades fiscales cometidas por Juan Carlos I desde al menos 1995 hasta 2018, que fueron destapadas por la investigación abierta por la Fiscalía hace más de dos años.

Esas irregularidades fiscales no han podido ser perseguidas penalmente por el ministerio público debido a los privilegios constitucionales de Juan Carlos I, inviolable hasta junio de 2014 cuando abdicó, o por las leyes sobre la prescripción de los delitos o las regularizaciones extraordinarias ante Hacienda.

Una vez más, el presidente Sánchez fue este martes el más duro de todo el Gobierno al calificar las actividades del monarca emérito, y fue más lejos que todos sus ministros en la valoración de los hechos conocidos ahora sobre Juan Carlos I.

El jefe del Ejecutivo ya había señalado en ocasiones anteriores que esas informaciones sobre los escándalos de Juan Carlos I le producían el mismo malestar que a todos los españoles. En julio de 2020, poco antes de que el rey emérito abandonase España acosado por la justicia, ya las calificó como “informaciones inquietantes y perturbadoras”.

Juan Carlos I envió la carta a Felipe VI para contarle sus planes de futuro —se quedará a vivir en Abu Dabi y visitará España ocasionalmente, aunque cuando lo haga vivirá en residencias privadas y no en el Palacio de la Zarzuela—, y mencionar por primera vez y de manera muy indirecta el asunto de sus irregularidades fiscales apuntando un amago de petición de excusas, pero sin ningún tipo de explicación.

Aclaración pública

Pedro Sánchez insistió en que él esperaba más, sobre todo una aclaración pública de su conducta del que fue jefe del Estado durante 40 años. “El rey [emérito] tiene que aclarar todas las informaciones que hemos ido conociendo y que recoge el informe de la Fiscalía, que retrata una serie de conductas”, remachó.

Juan Carlos I nunca ha explicado las razones que le llevaron a no declarar a Hacienda el dinero que escondió en las islas del Canal (hasta 15 millones de euros) entre 1995 y 2004 y que supuestamente le regalaron algunos amigos para protegerle de la posibilidad de que España sufriera un golpe de Estado.

Tampoco ha explicado por qué razón ingresó en un banco suizo a nombre de una fundación panameña los 100 millones de dólares que le regaló el rey de Arabia en agosto de 2008.

Ni tampoco ha contado las razones que le llevaron a liquidar esa cuenta en Suiza y transferir los fondos, como donación irrevocable, a quien había sido su amante unos años antes, Corinna Larsen.

El rey emérito siguió utilizando dinero de otros en el extranjero después de abdicar en 2014, sin declararlo a la hacienda pública española. Primero, de su primo lejano Álvaro de Orleans, quien le pagó hasta ocho millones de euros en decenas de vuelos en aviones privados y estancias en hoteles de lujo. Y luego, más de medio millón de euros que le regaló el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Juan Carlos I solo pagó los impuestos correspondientes a estos regalos de amigos en el extranjero cuando la Fiscalía le comunicó a su abogado que habían abierto diligencias de investigación al rey emérito.

Y de todas estas actuaciones no ha hablado el rey emérito porque, además, los fiscales que investigaban los negocios de Juan Carlos I en el extranjero no consideraron conveniente llamarle a declarar aunque interrogaron durante su investigación a algunos de los que participaron en los regalos.

Todos estos episodios merecieron 22 palabras en la carta de Juan Carlos I al rey Felipe VI: “Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre qué tipo de declaración tenía que hacer Juan Carlos I que pudiera satisfacer al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez señaló este martes que él no es quién para decir cómo se tiene que hacer esa explicación, porque eso corresponde a don Juan Carlos o a la Casa del Rey, pero sí dejó claro, como posición política, que él cree que habría que hacerlo.

Tampoco entró Pedro Sánchez a comentar nada sobre la posibilidad de que el rey emérito vuelva a España de visita, porque cree que eso sí es una cuestión “que deben hablar entre los dos reyes”; esto es, Juan Carlos I y Felipe VI.

El rey emérito explicó en su carta que continuará viviendo “de forma permanente y estable en Abu Dabi”, donde ha encontrado “tranquilidad”. “Aunque”, prosiguió, “como es natural volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos”.

La investigación abierta a Juan Carlos I en la Fiscalía y el conocimiento de sus andanzas financieras en el extranjero activaron los planes del Ejecutivo para dotar de mayor transparencia a la Casa del Rey, de manera que se garantizase que los acontecimientos pasados no se volvieran a repetir.

Más de un año después de que el presidente del Gobierno anunciara que habría reformas para hacer más transparente la institución monárquica, no se ha propuesto aún ningún cambio legal. Pedro Sánchez ha explicado que eso no depende solo del Ejecutivo sino también de la Casa del Rey, y que cuando haya novedades sobre el asunto se informará.

La Fiscalía del Tribunal Supremo comunicó la semana pasada el archivo de las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I. En los decretos de archivo se detallaban las actuaciones consideradas irregulares pero, al mismo tiempo, se daban explicaciones sobre los motivos que han llevado a la Fiscalía a archivar las diligencias sin presentar ninguna querella contra el rey emérito.

Por un lado, muchos de los delitos investigados estaban ya prescritos. Y, aunque no lo estuvieran, correspondían a la etapa de reinado de Juan Carlos I protegida por el artículo 56 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Por último, las dos regularizaciones extraordinarias que hizo a finales de 2020 y principios de 2021 salvaron a Juan Carlos I del banquillo.