La violencia sexual contra las mujeres en conflictos y dictaduras, un crimen de lesa humanidad

El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para conmemorar las luchas de las mujeres que han llevado a la reivindicación de sus derechos, reconocer los obstáculos que han tenido que superar para ocupar espacios de toma de decisión y celebrar sus liderazgos. Ellas, nosotras, hemos puesto de manifiesto que las violencias son varias y específicas, como la violencia sexual y reproductiva en el contexto de conflictos armados y dictaduras.

Nuestro continente y el mundo ha sido testigo de largos años de dictaduras y de conflictos armados en muchos países, que en algunos casos persisten y siguen vulnerando los derechos de las mujeres, principalmente nuestro derecho a vivir libres de toda forma de violencia. Estos no son hechos aislados o extraordinarios, propios de estos contextos, sino que son el resultado de un continuo agravamiento de la violencia, basados en patrones culturales machistas y patriarcales en los que las mujeres siguen siendo percibidas desde un lugar de subordinación e inferioridad.

En tiempos de conflicto armado o dictadura, se han conocido prácticas generalizadas o sistemáticas de violencia sexual amparadas en la discriminación en contra de las mujeres, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Dicha violencia se caracteriza por su nula visibilidad y se acompaña por factores adicionales de victimización, como el estigma hacia las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y la ausencia de un sistema penal preparado para escuchar a estas mujeres y repararlas integralmente.

La cultura machista y patriarcal, que genera estigma y miedo, impide a las mujeres sobrevivientes denunciar y a la vez las cuestiona por no hacerlo. Estos son sólo algunos ejemplos de manifestaciones de la discriminación de género que la justicia y todo el aparato estatal deben tener en cuenta al momento de adoptar medidas contra la impunidad y la erradicación de las violencias. Para ello, es fundamental observar la perspectiva de género de manera transversal en los procesos de administración de justicia.

Existe un deber de actuar con debida diligencia, esto es investigar de forma seria, pronta e imparcial, con enfoque de género para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, de atender las características propias de cada situación y considerar el contexto en los que ocurren estos crímenes. Ello es fundamental para desentrañar las estructuras que facilitaron y siguen facilitando las violaciones a sus derechos humanos, y no solo sancionar a los perpetradores inmediatos.

La perspectiva de género también debe observarse en las reparaciones. Esto es necesario para garantizar a las sobrevivientes una reparación integral que tenga en cuenta todas las consecuencias de la violencia sexual, por ejemplo, las consecuencias socioeconómicas cuando resulta en embarazo, el impacto en su proyecto de vida y las afectaciones a la integridad personal que requieren de una atención integral a su salud física y mental.

La investigación diligente de la violencia sexual en estos contextos debe visibilizar su magnitud y sistematicidad, y exponer las pautas culturales que la originan. Debe ser uno de los puntos de partida para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación, para promover transformaciones socioculturales que lleven hacia sociedades democráticas e igualitarias, con paz y sin violencias hacia las mujeres.

Es preciso tener claro que la violencia sexual contra las mujeres es un crimen atroz que, cuando es cometido de manera sistemática o generalizada en tiempos de conflictos armados y dictaduras, constituye un crimen de lesa humanidad. Por lo que, en pleno siglo 21, si los Estados no adoptan medidas para poner fin a la impunidad, no será posible prevenir que las mujeres vivamos una vida libre de violencias en ningún contexto.

Para empezar a andar este tiempo de transformación sociocultural, donde el objetivo sea garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, es fundamental transitar hacia democracias representativas e igualitarias, en las que la prioridad sea la participación activa de las sobrevivientes y de todas las mujeres.