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México, el fracaso en frenar los feminicidios

Mientras el Gobierno se centra en reducciones puntuales, las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista denuncian un aumento de los asesinatos de mujeres en los últimos cinco años

Almudena Barragán
Día Internacional contra la violencia de género
Una mujer observa los nombres de cientos de asesinadas escritos en las vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional, el 8 de marzo de este año.Nayeli Cruz

México llega al Día Internacional contra la Violencia de Género sumido en una crisis de seguridad provocada por la violencia machista. Desde 1990, pero de manera más acelerada en los últimos cinco años, el asesinato de mujeres en el país ha aumentado cada año sin freno hasta llegar a un máximo de 3.957 homicidios en 2020. Cualquier cifra en torno a la violencia machista en el país da pavor: once mujeres son asesinadas al día, la tasa de impunidad supera el 95%, solo un 2% de los casos termina en sentencia y tan solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor. Como respuesta, el movimiento feminista expresa su repulsa a esta realidad con ira, hartazgo y desesperación en las calles. Las feministas critican la postura del presidente López Obrador que ha llegado a insinuar que el movimiento de mujeres se ha convertido en un movimiento opositor a su Administración.

El presidente ha reiterado su compromiso de “proteger y no dejar en el desamparo” a las mujeres. Tan solo entre 2018 y el año pasado, 11.602 mujeres han sido asesinadas en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a proteger a los desposeídos, los humildes, a las mujeres, a las viudas, los huérfanos”, ha agregado el mandatario en conferencia de prensa desde el Estado de Zacatecas. “Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Por convicción, no por moda. Porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas”, ha asegurado.

El mensaje del Gobierno se ha centrado en demostrar un avance en el combate a los delitos contra las mujeres e insiste en la vocación feminista del presidente. “Es un hombre profundamente feminista. Si no, la mitad de su Gabinete no serían mujeres”, aseguraba en una entrevista con EL PAÍS Semanal la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “El feminicidio bajó 14,8% en octubre respecto al mismo mes del 2020, y es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno. Seguiremos reforzando las acciones”, señalaba Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad federal. Rodríguez hacía la misma referencia un mes antes: “Es el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno”.

Las cifras que citan las autoridades hacen referencia a reducciones puntuales en delitos como el feminicidio y las violaciones. En contraste, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con las víctimas señalan que en un contexto más amplio la violencia feminicida en el país está lejos de acabarse y lejos de mejorar. El retrato que dan es el de unas autoridades rebasadas por el horror. “Cada vez se asesina a mujeres más jóvenes y con mayor ensañamiento”, señala la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada y agrega otro dato: “Los feminicidios de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se han incrementado año con año desde 2015 hasta los 542 en septiembre de 2021″, citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El aumento generalizado de la violencia en México tiene consecuencias directas en el aumento de la violencia contra las mujeres, sin embargo, los últimos descensos en las cifras de delitos no han tenido efecto en la bajada de la violencia machista. Al contrario, esta ha seguido subiendo. “De las más de 3.000 mujeres asesinadas, el 50% tiene características de feminicidios”, afirma Estrada. Sin embargo, no todos los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio. Esta definición creada en 2012, está recogida en el Código Penal Federal, aunque en la práctica depende de los códigos penales de cada Estado.

Estrada explica que existe “mucha resistencia” de las fiscalías estatales en clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios. En 2020 el 58,2% de asesinatos de mujeres fue por arma de fuego, de acuerdo al Inegi, motivo para clasificar el caso como un homicidio. “Hay mucha presión del poder político y las autoridades para que no suban los feminicidio en los Estados”, denuncia la directora. La especialista pone al Estado de Tamaulipas, uno de los más violentos del país, como ejemplo. Allí solo se han contabilizado tres feminicidios en lo que va de año de un total de 1.053 homicidios, de acuerdo con datos oficiales. “Todos los estados tienen tipificado el delito de feminicidio, pero no quieren comités que evalúen los resultados. Aquí se cruzan presiones desde la delincuencia, la política, el Ejército, la policía y los casos quedan en la impunidad”, apunta Estrada.

En lo que va de año, de acuerdo a cifras del Gobierno se han abierto en el país 809 carpetas de investigación por feminicidio, comparado con las 344 que se abrieron en el mismo periodo de 2015, un 135% más. En los pasados cinco años la violencia feminicida ha ido en ascenso. Mientras que en 2015 se registraron 412 feminicidios, para 2018 los casos eran el doble, 895. En 2019 el número de investigaciones totales rondaba casi las 950, una cifra similar a las nuevas víctimas registradas en 2020.

La falta de acceso a la justicia

Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados de México. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que ha acabado extendiéndose por todo el país. “El Estado mexicano está haciendo acciones puntuales frente a situaciones que son muy urgentes, pero son aisladas y descoordinadas”, opina la abogada Andrea Medina. “Hay falta de voluntad por parte de las autoridades porque lineamientos sobran: tenemos una legislación muy completa, pronunciamientos de la Suprema Corte sobre violencia de género, tenemos sentencias de la Corte Interamericana, México ha firmado tratados internacionales, pero no sirve de nada si los operadores del sistema no los aplican, no sé si por ignorancia o por dolo”, dice Mariel Albarrán, víctima de violencia.

Es ahí, en el acceso a la justicia donde la mayoría de víctimas se quejan de maltrato y revictimización que reciben de las autoridades. Y las autoridades, desbordadas, avanzan lentamente en la resolución de los casos con trabas, falta de personal, falta de formación y recortes presupuestarios. Araceli Osorio recuerda que antes de ver al asesino de su hija tras las rejas, tuvo que pelear dos largos años para que un tribunal reclasificara el asesinato de Lesvy Berlín Rivera como feminicidio. La Fiscalía de Ciudad de México había intentado cerrar el caso al asegurar que la chica se había suicidado con el cable de una cabina telefónica. Después, un tribunal reconoció que la joven de 22 años fue estrangulada por el que era su pareja en los jardines de la Universidad Nacional Autónoma. “Después del juicio ha habido cambios de mentalidad, de percepción, de repensar las prácticas de los funcionarios, aunque se siguen cometiendo muchos errores”, decía Osorio en entrevista con este periódico.

En medio de este panorama, la violencia machista en México se ha agravado con la pandemia y el confinamiento. Las llamadas de auxilio al 911 crecieron un 32% y aumentaron las estancias en los refugios para mujeres víctimas de maltrato. Sin embargo, otro de los problemas que enfrentarán las organizaciones y programas de apoyo a las víctimas serán recortes o un presupuesto muy reducido para el próximo año. Las organizaciones exhortan al Gobierno a que no las condene al ostracismo. “La violencia contra las mujeres en nuestro país era ya una pandemia antes de la pandemia provocada por la covid. Los feminicidios deberían de estar en el centro y los recursos reflejar el interés que tiene el Gobierno por solucionar una problemática de esta dimensión”, afirma Marilú Rasso, directora ejecutiva del refugio Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en Ciudad de México

A tres años de que termine el sexenio del presidente López Obrador, el Gobierno todavía no ha publicado el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La estrategia maestra para atender el problema se ha quedado en un limbo administrativo. La Secretaría de Gobernación asegura que Hacienda no ha refrendado el documento y que aún esperan la firma del presidente para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. “Los gobiernos han simulado invertir en los programas y políticas a favor de las mujeres, pero en realidad no ha sido así. Volvemos a tener esa política de simulación que tanto daño nos ha hecho a las mexicanas”, sentencia la periodista y socióloga Lucía Lagunes.

Cientos de mujeres tomarán este jueves otra vez las calles para exigir justicia y un alto a los asesinatos, las violaciones, las desapariciones, el acoso y la impunidad. Marcharán por sus hijas, por sus madres, por sus amigas. Por las que vienen y por las que ya no están.

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Sobre la firma

Almudena Barragán
Periodista de EL PAÍS en México. Escribe sobre temas sociales con perspectiva de género: desigualdad, violencia y feminismo. Ha trabajado en la sección Verne México y en diversos medios españoles y mexicanos, entre los que destacan El Economista.es y El Financiero Bloomberg. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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