8-M

La lucha feminista ha exhibido en el último medio siglo una extraordinaria capacidad de transformación social. Las conquistas de las mujeres han implicado mayores niveles de justicia social y progresos civilizatorios sustanciales tanto para ellas como para los hombres. Se han producido cambios legislativos de gran calado en igualdad salarial, libertad sexual y reproductiva y violencias machistas. Una de cada cuatro mujeres de 15 a 49 años sufre, según la Organización Mundial de la Salud, violencia física o sexual por parte de su pareja. Frente al 27% de la media global, el porcentaje en Europa central es del 16% y en España, del 15%. Cualquier grado de violencia es inaceptable, pero los datos indican un progreso que invita a persistir e intensificar la batalla. Hoy este periódico ha querido asomarse al momento en que empieza a fraguarse la desigualdad, a las causas que los expertos señalan para que los patrones se reproduzcan en nuestros jóvenes. Lo ha hecho a partir de dos datos: muchos de nuestros niños tienen una primera aproximación al porno a los ocho años solo con desbloquear el móvil de un adulto. Ahí comienza ya una configuración de las relaciones afectivo sexuales. El segundo dato lo ofrece la macroencuesta de 2019 sobre violencia machista del Ministerio de Igualdad: el control de la pareja por parte del hombre afecta a una de cada cuatro chicas de 16 a 17 años y asciende al 63,5% al ampliar la franja de edad hasta los 24 años.

La desigualdad es un fenómeno multifactorial y transversal. La pandemia ha vuelto a demostrar que las crisis afectan más a las mujeres porque sufren mayores tasas de precariedad y temporalidad que los hombres. Para reducir la brecha salarial no es suficiente con que la normativa obligue a pagar igual salario por igual trabajo. Hay que intervenir sobre las condiciones laborales que, de forma diferencial, afectan negativamente a las mujeres. Y también sobre una condición social preexistente: la enorme desproporción en la carga social del cuidado y atención a cualquier tipo de dependencia, que recae fundamentalmente sobre las mujeres y se agrava cada vez que una crisis reduce los servicios sociales o pospone el acceso a la educación en edades tempranas. Todo ello explica que, a pesar de las leyes, los avances en la equiparación sean tan lentos. En 10 años, en la Unión Europea solo hemos avanzado cinco puntos en el índice anual de igualdad de género, que en 2021 se situó en 68 sobre 100.

Los avances son enormes pero también los retos. En España asistimos a una profunda división del movimiento feminista que el 8-M de 2018 asombró al mundo. Por primera vez las manifestaciones del 8 de marzo tendrán en muchas ciudades españolas dos convocatorias y dos recorridos. La causa central de la división son las diferencias en torno a la ley trans y la libre determinación del sexo, pero este año también una discusión que viene de muy lejos: cómo abordar la prostitución. El compromiso del PSOE de promover una ley sobre este último asunto antes de terminar la legislatura ha polarizado como nunca antes a las partidarias de la abolición completa de una realidad que esclaviza a millones de mujeres con las partidarias de una regularización que proteja a las prostitutas. El enfrentamiento se ha radicalizado hasta la ruptura total y ha debilitado la lucha de las mujeres en un momento de fuerte reacción en contra de la extrema derecha.