Lorca como síntoma

La alarma social está plenamente justificada ante el asalto que vivió el pleno municipal de Lorca el lunes pasado. Su misma naturaleza afecta al corazón de la democracia: ni es aceptable la ocupación de un pleno municipal en el desarrollo de sus funciones ni es irrelevante la sospecha, aún por investigar, de que el partidismo haya desempeñado algún papel en promover o jalear esa actuación. Las imágenes televisivas evocaban crudamente otras insurrecciones dispuestas a sabotear el funcionamiento de una institución democrática cuando se disponía a votar una modificación del plan de urbanismo. En ella se regulan las nuevas explotaciones de ganado porcino y la ampliación de las existentes, fijando unas distancias mínimas a los núcleos de población, colegios, centros de salud, manantiales y cauces. Esos límites fueron aprobados por unanimidad en julio de 2020, tras meses de negociaciones entre el Ayuntamiento, el sector ganadero y los vecinos. Ahora se incorporaban las aportaciones técnicas de la normativa europea, autonómica y estatal. De haberse aprobado, quedaba otro mes para alegaciones.

Las asociaciones ganaderas convocaron el mismo día del pleno una manifestación para pedir la retirada del plan y seguir negociando. Pero la oportunidad o no de regular las instalaciones porcinas resulta irrelevante desde el momento en que una treintena de personas se desgajaron de la manifestación, según algunos testigos de forma coordinada, se enfrentaron al cordón policial y accedieron en actitud violenta al pleno con la voluntad de suspenderlo, como, en efecto, lograron. Uno de los asaltantes ha reconocido que acudió “desinformado” a la marcha y, según él, les “dijeron unas cosas que no coincidían con la realidad”. Hasta siete participantes han sido arrestados y puestos en libertad con cargos; se les imputan delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Tanto el alcalde como el concejal de seguridad de Lorca y un ganadero ajeno a la manifestación acusan al PP y a Vox de manipular al sector con información sesgada y desinformación abierta. Pero esa presunta desinformación ni disculpa ni justifica una actuación irresponsable y sintonizada con movilizaciones populistas que exhiben su rechazo a los procedimientos democráticos.

Los intereses inmediatos y las angustias legítimas de los ganaderos han sido usados como munición para que una minoría saboteara un acuerdo que iba a ser aprobado donde debía serlo: no en la calle, sino en el pleno del Ayuntamiento que gobierna la ciudad. Asumir esa acción como símbolo de una degradación del debate político y social en España es posiblemente magnificar su significado, pero sí supone un síntoma del débil compromiso de algunos sectores populistas con los principios democráticos. Excusar ese asalto en la “desesperación” del sector ganadero, como ha hecho Vox, no contribuye tampoco a reconocer la gravedad de una acción que trata de imponer por la fuerza las propias razones. La escala local y relativamente menor de este incidente no le resta gravedad: es condenable sin peros de ningún tipo.