Multa multimillonaria a Amazon

Amazon ha sido la última de las grandes empresas tecnológicas en ser multada por llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia y abuso de su posición de dominio. Italia ha impuesto una sanción de 1.128 millones de euros a la compañía estadounidense de comercio electrónico por penalizar a los vendedores independientes que utilizan su plataforma digital pero no utilizaban el servicio de logística de la propia Amazon. Un mes antes, la empresa ya había sido multada en Italia junto a Apple con más de 200 millones por restringir el acceso a la plataforma de comercio a distribuidores legítimos de productos de la marca californiana.

La elevada cuantía de la última sanción equivale a más de un tercio de los ingresos netos de la tecnológica en el tercer trimestre (2.837 millones de euros) y es una de las más elevadas impuestas en el continente a los gigantes tecnológicos, sometidos a escala global a un creciente escrutinio por el uso de los datos y por su dominio del mercado. De hecho, la Comisión Europea tiene abierta una investigación sobre Amazon por el mismo motivo, el trato preferencial que da a los vendedores que utilizan su servicio de logística y envío. Habrá que ver cómo influye el precedente italiano en esa investigación comunitaria.

Dado el volumen de comercio implicado, la multa en ese caso sería considerablemente mayor. La norma permite a los reguladores europeos imponer una sanción de hasta el 10% de sus ventas anuales, que según las cuentas presentadas por Amazon pueden superar los 40.000 millones de euros en este ejercicio. En 2017, la Comisión impuso una multa de 2.400 millones de euros a Google por favorecer en su motor de comparación de precios a los servicios y productos de la propia compañía o a sus clientes.

Lo cierto es que las autoridades están encontrando dificultades en todo el mundo para limitar el creciente poder de las tecnológicas. No logran dar con una solución audaz y que propicie una reducción de la posición de dominio de los gigantes estadounidenses. Son varios los intentos de hacerlo, a través de subidas de impuestos, nuevas exigencias regulatorias o la limitación de sus operaciones en los distintos países, pero ninguno de ellos se ha mostrado efectivo. De momento, solo los órganos de competencia logran con su jurisprudencia modificar las condiciones en que esas compañías desarrollan su actividad y proteger, con ello, la privacidad y los derechos de consumidores y clientes. En esa dirección apunta la batería de regulaciones que prepara la Unión Europea sobre la actividad de estas empresas, aunque no estará lista antes de 2023.

Pero el problema va más allá, como ejemplifica el proyecto metaverso de Facebook. Se trata de un mundo paralelo, digital, donde las leyes y normas que rigen esas relaciones virtuales con creciente impacto sobre nuestras vidas serán dictadas por la propia compañía, al margen de los gobiernos y los parlamentos. La consultora Eurasia pone el acento en su reciente informe sobre el estado del mundo en que los ganadores y perdedores económicos, los resultados electorales y la seguridad nacional van a depender de las apuestas que hagan tanto los gobiernos como las tecnológicas. Es ese el nuevo terreno de juego mientras no exista una regulación que proteja los derechos y valores en el nuevo mundo.