Juegos pirenaicos

El proyecto Pirineos-Barcelona-Zaragoza para organizar en 2030 los Juegos Olímpicos de Invierno fragua con intensidad creciente, aunque asoman también al mismo ritmo las dudas de sus críticos. El Comité Olímpico Español (COE), el Gobierno español, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña se han comprometido con una iniciativa que, a su vez, ha recibido el apoyo entusiasta del Consejo General del Valle de Arán y de 70 municipios de la cordillera.

A falta de detallar sus características específicas, el proyecto ofrece perspectivas favorables: constituye un buen instrumento para revitalizar el Pirineo oriental y dota de oportunidades económicas a comarcas de bajos ingresos y en peligro de vaciamiento. Impulsa el desarrollo de los deportes de invierno, en los que el talento español no se ve lo bastante correspondido con infraestructuras, atención y horizontes para los deportistas. Incluso cuenta de alguna forma con la memoria todavía viva de unos Juegos Olímpicos muy exitosos, en términos deportivos, económicos, de uso de las instalaciones, distribución de beneficios y explotación de la marca-país: los de Barcelona de 1992.

El Govern explicó ya en julio, en la carta en que oficializó ante el COE su interés en la candidatura, que el evento constituye una gran “oportunidad” y “un revulsivo que revierte muy positivamente en el territorio”. Ese mismo punto de vista ha sido inequívocamente revalidado por partidos tan opuestos como Junts y el PSC. Recientemente, sin embargo, las exigencias de consultas populares —aún sin el detalle de las posiciones de partida ni haber mediado información oficial más allá de la del Comité Olímpico—, alimentan las reticencias de un sector de Esquerra, de la oposición radical de la CUP y del compromiso medioambiental de los comunes. Las exigencias ecológicas no son un elemento marginal y en ningún caso deberían ser obstáculos que impidan el desarrollo de un proyecto creador de riqueza para un sector social desamparado y un territorio preterido. El proyecto podría encontrar problemas en el futuro si se consolidase un maximalismo medioambiental que bloquease su materialización. Tal como señaló en declaraciones a la SER Anna Caula, de ERC, y secretaria general del deporte de Cataluña, los Juegos de Invierno deben “ser sostenibles y útiles para el territorio”.

Desde el punto de vista político, suma más que resta una iniciativa transversal que salva los compartimentos estancos y favorece una conexión interterritorial que implica a múltiples sectores económicos, empresariales e institucionales. Las reclamaciones de carácter territorial tampoco pueden ser desatendidas y con la información disponible hoy no parecen insuperables por el lado técnico ni por el político, a menos que impere alguna forma de boicoteo unilateralista con origen en los sectores más radicalizados del independentismo. No sería tampoco fácil de explicar el rechazo a colaborar con Aragón, entre otras cosas porque siempre podrá encontrar otros aliados dispuestos a promover la oportunidad que significa la candidatura a los Juegos de Invierno.