Policiaca

Entre Harry el sucio, poli cabreado ante la defensa de los derechos civiles, y la denuncia del ojicidio en Palestina por parte de Lina Meruane, escritora chilena, que habla del “cambio de estrategia de matar en dictadura y mutilar en democracia”, es difícil encontrar término medio. Vivimos en países en los que recordamos escenas de brutalidad protagonizadas por fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de la represión política. Conservamos memoria genética de una policía franquista que, muerto el dictador, mantuvo procedimientos incompatibles con la democracia: contra la clase trabajadora, contra quienes se manifestaban por los derechos humanos, contra quienes disentían del poder. La violencia sistémica engendra una contestación a veces violenta y, en estos casos, “la fuerza solo debe ser utilizada en el marco de la ley y, si es estrictamente necesaria, no debe ser excesiva”. El último informe del Consejo de Europa denuncia en España maltratos físicos sobre población reclusa, en detenciones e interrogatorios en comisaría. Sobre menores. Se propinan “bofetones, puñetazos y patadas en el cuerpo y en la cara, (…) golpes de porra”. Las fuerzas de seguridad del Estado deberían haber sido mucho más escrupulosas en la contención de las protestas del metal en Cádiz. Pasolinianas en su conciencia de pertenecer a la clase obrera. Una policía democrática no debería dejarse capitalizar por intereses de ultraderechistas pseudo-obrerizados y, en lugar de manifestarse a favor de una ley mordaza que multiplica la indefensión de quienes no pueden más y salen a la calle, procuraría cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa. Así dejaríamos de tenerles miedo, borraríamos malos recuerdos y sabríamos que la policía está al servicio de toda la población: clase obrera indignada, víctimas de desahucios, migrantes menores, personas que ejercemos nuestro derecho a protestar desde un lado distinto de quienes no se llevan ni un rasguño y sacan sus cacerolitas en Núñez de Balboa.