El Consejo de Europa reclama a España medidas contra los malos tratos en las cárceles

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del Consejo de Europa, reclama a España medidas para hacer frente a los presuntos malos tratos en las cárceles. El informe anual de este organismo, elaborado tras visitar varias prisiones españolas en septiembre de 2020, advierte de que, aunque la mayoría de los reclusos señalan que el trato de los funcionarios es bueno, “sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos” infligidos por los funcionarios de prisiones “como reacción desproporcionada y punitiva ante el comportamiento recalcitrante de los presos”. “El carácter generalizado de las denuncias de malos tratos en las prisiones visitadas es motivo de grave preocupación para el Comité”, señala el texto, de 130 páginas, elaborado por la delegación del CPT que visitó varias cárceles, los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, un centro de detención para menores en Algeciras y los calabozos de comisarías.

Siete casos de presunto maltrato en prisiones de hombres. Las denuncias de malos tratos se produjeron, sobre todo, en las tres prisiones de hombres que el comité eligió el año pasado para su ronda de visitas periódicas a cárceles: Castellón II, Madrid VII (Estremera) y Sevilla II. También se realizaron visitas específicas al Centro Penitenciario de Madrid V (Soto del Real), Sevilla I y Valencia (Picassent) para, entre otras cosas, entrevistar a los presos recién llegados. La mayoría de los presos entrevistados no alegaron malos tratos por parte del personal y afirmaron que había funcionarios que eran solidarios y correctos en su comportamiento. Sin embargo, en todas las prisiones visitadas los presos se refirieron a varios funcionarios que buscaban “provocar conflictos” o que utilizaban cualquier pretexto “para demostrar su poder” sobre los reclusos, incluso mediante malos tratos físicos y abusos verbales, según el informe. Además, casi todos los presos con los que habló la delegación afirmaron que presentar cualquier tipo de queja formal contra un funcionario de prisiones solo empeoraría su situación.

En la mayoría de los casos, los presuntos malos tratos consistían en bofetadas en la cabeza y el cuerpo, pero algunos internos denunciaron puñetazos, patadas y golpes con porras e incluso en falaka (castigo consistente en golpear las plantas de los pies con una vara o un palo). En algunos casos, señala el informe, las denuncias de malos tratos estaban respaldadas por las lesiones observadas por los representantes del comité o anotadas en los historiales médicos. El documento detalla siete casos concretos de presuntos malos tratos (dos en Castellón, uno en Estremera y cuatro en Sevilla). Entre ellos, el de un preso del centro madrileño que denunció haber sido golpeado por cuatro o cinco funcionarios tras un enfrentamiento con otro interno que en su momento avanzó El PAÍS. El trabajo reprocha que los informes redactados por los funcionarios implicados y por el jefe de servicio no reflejaban el uso de la fuerza y, en particular, el uso de las porras. Los hechos se habían producido unos días antes de la visita del comité, por lo que el médico de la delegación pudo examinar al recluso y comprobar que presentaba “extensos hematomas” en las nalgas, en la parte posterior de las rodillas, en la planta del pie izquierdo y alrededor de los tobillos, así como alrededor del ojo izquierdo donde había recibido un puñetazo. El informe recoge imágenes de todas estas lesiones. España informó en enero al comité de que se había abierto un procedimiento disciplinario contra siete funcionarios y estaba pendiente una investigación penal y el organismo pide en su informe ser informado de ambos procedimientos.

El comité pide también a las autoridades españolas que pongan en marcha una serie de medidas para evitar los malos tratos en prisión y detectar los que se produzcan. Entre estas iniciativas, el organismo destaca mejorar la supervisión de la dirección, una mayor formación del personal en el uso de técnicas de control y contención, una documentación más rigurosa de las lesiones y la notificación “inmediata y sistemática” de las denuncias de malos tratos a la Fiscalía. Además, el comité insta a tomar medidas para garantizar que los sistemas de videovigilancia de todas las prisiones sean plenamente operativos. “Las denuncias representan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles”, señala el documento.

Pocas denuncias en las cárceles de mujeres. En las dos cárceles para mujeres visitadas, la de Ávila y los Módulos 9 y 10 de Estremera, solo se recibieron un par de denuncias de malos tratos. En el apartado sobre estos centros, el informe pone el acento, sobre todo, en la necesidad de desarrollar una política penitenciaria específica orientada “a las necesidades y vulnerabilidades biológicas y de género particulares de las mujeres”. “A la hora de desarrollar nuevos enfoques para la evaluación de riesgos con perspectiva de género y la clasificación de los reclusos, debería tenerse en cuenta el hecho de que las mujeres suelen presentar un riesgo de seguridad menor que los hombres”, añade el documento.

El Comité también insta a España a separar los hospitales psiquiátricos penitenciarios de prisiones y dejar su gestión en manos del Sistema Nacional de Salud. Los pacientes con los que se entrevistó la delegación hablaron, en general, de forma positiva del trato por parte del personal, aunque se recibieron algunas denuncias de malos tratos físicos consistentes en golpes con porras de goma y en fijaciones mecánicas dolorosas e inadecuadas. El comité descubrió durante su visita, al examinar la grabación de las cámaras de videovigilancia del centro de Sevilla, un caso de malos tratos a un paciente sometido a fijación mecánica.

Internos con esquizofrenia sobremedicados. El organismo lamenta que el tratamiento médico proporcionado a los pacientes psiquiátricos en los dos establecimientos que visitó era principalmente farmacológico. “Esto no fue una sorpresa dada la falta de psiquiatras, psicólogos, enfermeras y terapeutas ocupacionales presentes en ambos establecimientos”, señala el texto, que advierte también de que algunos pacientes afectados por esquizofrenia parecían estar sobremedicados. El comité también critica la constatación de que en varios casos el consentimiento de los pacientes para aceptar el tratamiento prescrito parecía “haber sido coaccionado por el personal”.En lo que respecta a los medios de restricción como el aislamiento y la fijación mecánica, el organismo critica la actuación del centro de Sevilla, en particular, las “restricciones prolongadas de la libertad impuestas a los pacientes durante hasta cuatro meses sin las salvaguardias legales apropiadas y una revisión judicial inadecuada”.

Siguen las fijaciones mecánicas en centros de menores. La visita al centro para menores de Algeciras dejó una “impresión positiva” al comité por la “actitud afectuosa del personal” y “su compromiso con la justicia restaurativa”. No obstante, varios menores que se consideró que habían alterado el buen orden del centro se quejaron del comportamiento brusco del personal de seguridad y el uso de las esposas. “Debería transmitirse al personal de seguridad un mensaje claro sobre el uso de la fuerza mínima, junto con una formación adecuada sobre medidas de desescalada y contención”, señala el texto.

El comité, como ha hecho en años anteriores, examinó los medios de contención y fijación mecánica que se usan sobre los menores, después de que en 2016 recomendara suprimir estas medidas. No obstante, el comité concluyó que, aunque el personal mostraba en principio una actitud profesional en la sujeción de los menores, seguían existiendo “cuestiones problemáticas”. Entre ellos, los períodos prolongados de fijación, las “inyecciones forzadas” a los menores fijados y los métodos de contención bruscos y las esposas apretadas por parte del personal de seguridad, por lo que el organismo ha vuelto a pedir a las autoridades españolas que supriman la fijación mecánica reducida y prolongada de los menores. El comité pide también a que se ponga fin al recurso del aislamiento de menores durante un máximo de siete días con fines disciplinarios, a la luz de las normas internacionales, entre ellas las Reglas Penitenciarias Europeas.

Denuncias de maltrato en los calabozos de las comisarías. Respecto al trato que reciben los detenidos en dependencias policiales, el comité señala que, aunque la mayoría de las personas declararon haber sido tratadas correctamente por los agentes de la ley, la delegación recibió “un número importante de denuncias de malos tratos”, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional. Los malos tratos se infligían supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido, según recoge el informe, que concluye que es necesaria una acción concertada para abordar el problema de los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. “Esto debería incluir un mensaje claro por parte del ministro del Interior y de los líderes de la policía de que tal comportamiento es ilegal y poco profesional, y que será sancionado en consecuencia”, señala el texto.