El negocio de la lengua

La directiva debía modificarse. El último cambio en profundidad databa de 2007 y desde entonces el mundo audiovisual, donde pasamos buena parte de nuestra vida, nos ha transformado y el modelo de negocio se ha metamorfoseado. “El mercado de los servicios de comunicación audiovisual ha evolucionado de forma significativa y rápida, debido a la convergencia actual entre la televisión y los servicios de internet”. Así consta en la directiva que el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron en 2018. A partir de ese momento los Estados miembros debían trasponerla a su legislación. La mayoría se retrasaron, el martes el Consejo de Ministros aprobó remitir el proyecto al Congreso, urge aprobarla. El redactado actual, que diluye lo acordado con Esquerra para aprobar los Presupuestos, evidencia que el Ejecutivo no tiene como prioridad el cumplimiento de un mandato constitucional: la especial protección de las distintas modalidades lingüísticas de España. Tiene otras.

En la referencia de La Moncloa sobre el último Consejo de Ministros, se consigna que la ley permitirá la adaptación a la nueva realidad del mercado, traspondrá la normativa europea, modernizará la legislación vigente y todo ello sincronizado con uno de los puntales del Plan de Recuperación: el plan Spain Audiovisual Hub dotado con 1.603 millones. El pasado 24 de marzo el presidente Pedro Sánchez lo presentó en el cine Doré de Madrid. En su intervención sí aludió a la riqueza de nuestras lenguas y explicitó que el sector era clave “por su peso en el empleo y en la economía”. Ojalá lo sea más. Ese es el objetivo del plan: hacer de España la principal plataforma comunitaria de negocio, trabajo e inversión audiovisual en Europa. Una de las palancas para lograrlo, como sí se explicita en el documento del plan, es la lengua: “el español es, sin duda, un activo importante para liderar en uno de los mercados más importantes y en crecimiento a nivel mundial”. Como el mar y el clima, que son maná caído del cielo, también el español es petróleo —lo evidenciará un plan estratégico ligado a los fondos europeos—.

¿Por qué su compañía ha apostado tan fuerte por nuestro país? Lo tiene claro Diego Ávalos, director de Netflix en España. “Es un puente entre uno de los idiomas que más se hablan en el mundo y la cultura europea”. También sabe que la inversión de su compañía es clave para la potencialidad del hub y eso le otorga una considerable influencia en el redactado de la ley. Lo sabe también el Gobierno. No es casual que en abril la ministra Reyes Maroto visitase sus instalaciones en Madrid o que en octubre lo hiciese el presidente Sánchez, que en su viaje de este verano a Estados Unidos se reunió con diversas plataformas para contarles que el Gobierno les ofrecía incentivos fiscales y administrativos para que consideraran España como “el Hollywood de Europa”. El epicentro es el Madrid Content City de Tres Cantos, un proyecto urbanístico descomunal al servicio de la industria audiovisual.

La controversia de esta semana sobre Netflix y el catalán, entre leyes y troleos, oculta un ángulo muerto que duele contemplar. Doblar solo es placebo. Obtener cuotas de producción en catalán es urgente para una lengua con un mercado limitado y para revertir una inercia global que incluso afecta al francés o al italiano. Pero es un parche. El problema es otro. Mientras este sector clave se metamorfoseaba, la Generalitat no se dotaba de una política estratégica de promoción del audiovisual. Es otra variante de la década perdida cuyo precio se paga ahora. Porque no solo está implicando una descapitalización del talento —el producido, para empezar, por el Escac (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya)— sino el anquilosamiento de una industria local más y más dependiente de TV3. Y sin industria que sepa aprovechar el potencial de negocio del español y así puedan ofrecérsele ventajas para que produzca también en catalán, la lengua de mis padres y de mis hijos seguirá perdiendo atractivo. Impedirlo, insisto, no es una demanda nacionalista. Artículo 3.3. Es un mandato constitucional.