tribuna
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En Cuba, el inmovilismo ya no es una opción

Hay factores nuevos en el aumento del disenso que hacen inviable la reacción del Gobierno, que multiplica la violencia y la criminalización e ignora las peticiones de un diálogo nacional pacífico

Eulogia Merle

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que este no es el peor momento de un Gobierno cubano después de 1959. La intervención en playa Girón y el período especial, afirma, fueron momentos más complicados. Se equivoca. Nunca antes convergieron estos cinco factores: crisis económica estructural, inexistencia de un socio geopolítico firme, agotamiento simbólico del modelo, pérdida del monopolio de la información y de la prensa por parte del partido único, y presión de al menos dos generaciones que nacieron y han vivido en medio de crecientes penurias.

La implosión del socialismo en Europa del Este no aportó suficientes lecciones. Tres décadas y cinco congresos del PCC más tarde, una parte de la ciudadanía se organiza, exige cambios inmediatos y no hay mucho que ofrecerle. ¿Reformar el modelo económico? Lo prometió Raúl Castro hace 15 años y hasta hoy no se pueden mencionar muchos éxitos. ¿Justicia social? El paquete de medidas implementado en enero pasado, denominado Tarea Ordenamiento, provocó el incremento sin precedentes de la pobreza, desigualdad y polarización social. ¿Un nuevo pacto social? La Constitución de 2019, que proclama a Cuba “Estado Socialista de Derecho”, ha resultado letra muerta. ¿Liderazgo? El carisma y la habilidad política de Fidel Castro no se heredan, y la legitimidad del modelo social dependerá ahora de su capacidad para satisfacer las necesidades de la población.

Que el estallido social del 11 de julio ocurriera tres meses después del 8º Congreso del PCC, indica la incapacidad para identificar y dar respuesta al deterioro de la situación, agravada por la pandemia y por medidas hostiles del Gobierno de Estados Unidos.

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Luego de casi 63 años, el modelo político de partido único —representante en realidad de los intereses de una clase burocrática perpetuada—, no puede esconder un disenso que incluye un amplio espectro de tendencias ideológicas, entre las cuales también está la izquierda crítica, como prueba una reciente Declaración de colectivos socialistas respaldada por numerosas agrupaciones de la izquierda internacional. En ella se demandan sindicatos autónomos no subordinados al Estado y el establecimiento de derechos como la libertad de manifestación, de huelga, autonomía universitaria e implementación de una ley de asociaciones.

El modelo de socialismo burocrático no admite la participación real y espontánea de la ciudadanía en la actividad política, de ahí que la reacción del Gobierno ante el aumento del disenso ha sido multiplicar la violencia y la criminalización e ignorar numerosas solicitudes a un diálogo nacional pacífico. Justificado en que la Constitución dictamina como irreversible al socialismo, se declaró ilícita la convocatoria a una manifestación para la que habían pedido autorización grupos de ciudadanos en varias provincias, y que además es un derecho establecido en la Carta Magna.

Con el fin de desalentar la participación, se diseñó una lamentable campaña de desprestigio contra el dramaturgo Yunior García Aguilera —uno de los gestores de la iniciativa—, joven y reconocido intelectual al que acusan de seguir un plan de la CIA y otras instancias contrarias al Gobierno con el objetivo de subvertir el orden político. Una de las principales acusaciones que le imputan es su presencia en un curso en España al que asistió el expresidente Felipe González, con el cual aparece retratado junto a otras personas. Según medios oficiales cubanos, González es un promotor del neoliberalismo, y el periódico Granma recalca que en 1983 “creó los Grupos antiterroristas de Liberación, responsables de secuestros, torturas y asesinatos en ese país”.

Paradójicamente, en esos mismos días la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, recordaba con orgullo la entrega del título de doctor honoris causa al político español Manuel Fraga Iribarne, un hecho que provocó el rechazo de numerosas personas y una declaración de jóvenes universitarios que recordaron su pasado franquista y solicitaron la supresión del reconocimiento.

Son indignantes las penas de prisión a manifestantes del 11-J, en algunos casos de más de 20 años, con evidente intención ejemplarizante; los interrogatorios constantes a opositores, activistas y ciudadanos; amenazas a familiares y amigos de quienes han mostrado intención de participar; despidos de universidades y otros centros; elevadas multas por publicar en redes sociales; cortes de internet; incluso, se ha llegado al punto de que cualquier mensaje de texto con la palabra manifestación es bloqueado automáticamente.

Yunior García, que decidió marchar en solitario el día antes de la fecha convocada, fue sitiado en su casa. Agentes de Seguridad del Estado se sientan a las puertas de aquellos que piensan manifestarse. Algunos han sido apresados. Por las calles circulan patrullas policiales deteniendo personas. Muchos agentes de civil, demasiados, se acercan a los que visten de blanco para indagar por sus motivos.

En un céntrico parque habanero, a la misma hora, el presidente Díaz-Canel disfruta de un acto político-cultural organizado por jóvenes simpatizantes que se distinguen por sus pañuelos rojos. Es un pulso de colores.

Es muy probable que la violencia del Estado desestimule la participación en la marcha de ayer. Aún es domingo y no lo sé. Si así fuera, el Gobierno presumirá de mayor consenso del que en verdad posee. Su gran error ha sido personalizar la oposición en una figura, grupo, o hecho particulares, y negarse a una lectura verdaderamente política del contexto real que hoy existe, donde el descontento popular es muy grande y los cinco factores mencionados crean un potencial conflictivo que indica claramente que el inmovilismo ya no será una opción aceptable para la ciudadanía cubana.

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