Datos necesarios para la memoria histórica

Con la actual ley de memoria histórica podríamos cerrar el ya largo proceso de resarcimiento y dignificación de los republicanos fusilados y de los perseguidos por la dictadura. Conviene refrescar datos para centrar el debate parlamentario entre los actuales herederos del centro derecha de UCD, y los del PSOE y PCE, siglas estas subsumidas en una coalición.

Ante todo, la Ley de Amnistía de 1977 fue promovida por la conjunción comunista del PCE-PSUC. Puede que bastantes lectores no recuerden la existencia de un PSUC, artífice, años antes de la muerte del dictador, de aquella consigna de “Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia” que, castellanizándola, el PCE enarboló por toda España como grito por la democracia. Así, al empezar el reinado de Juan Carlos I, como gesto de cambio, se indultó a más de 700 presos políticos, incluyendo a Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, los líderes de Comisiones Obreras. A las dos semanas se derogó la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 declarando “revisadas de oficio y anuladas las sanciones y sus efectos” aplicados durante la dictadura. Supuso el reingreso o recuperación de sus derechos de los miles de empleados públicos depurados.

Era insuficiente. Las campañas pro amnistía se relanzaron con amplias movilizaciones que contaron hasta con el beneplácito de la Conferencia episcopal, presidida por el cardenal Tarancón. El año 1976 comenzó con una potente ola de huelgas y una suma de tensiones sociales, incluyendo muertes por violencia policial, que forzaron el cambio de Gobierno. El Rey nombró presidente a Adolfo Suárez y su primera medida fue amnistiar los delitos políticos salvo los realizados con violencia. No satisfizo a la oposición, que logró nuevos indultos en marzo de 1977. Se vaciaron las cárceles de presos antifranquistas, incluyendo presos de ETA, salvo los acusados por violencia, y la amnistía se mantuvo como requisito para iniciar la democracia.

Así, nada más constituirse las primeras Cortes democráticas, elegidas en junio de 1977, el PCE-PSUC promovió la iniciativa legislativa y se sumó con especial ahínco el PNV, cuyo líder, Arzalluz, exigió la amnistía para “comenzar una nueva etapa democrática [y] un olvido de situaciones anteriores”, con la meta de “construir un nuevo país… en el que todos podamos vivir”. La ley tuvo rango de pacto parlamentario, debatido y votado con luz y taquígrafos, incluyó todos los actos de violencia política con daños a personas sin olvidar “los delitos y faltas” cometidos por “autoridades, funcionarios y agentes del orden público” persiguiendo a los autores de actos terroristas, así como “los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas”.

Marcelino Camacho, diputado del PCE, intervino para recordar que desde 1956 solo los comunistas habían luchado para “cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas” con la amnistía. Fue rotundo: “Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”. Además, como “viejo militante, encarcelado y despedido muchas veces”, se enorgulleció de votar una ley que también incluía una amnistía laboral: “la democracia no debe detenerse a las puertas de la fábrica”. Concluyó que también era el modo de “salir al encuentro del pueblo vasco, que tanto sufre bajo diferentes formas” y que, por tanto, la amnistía política y laboral era “una necesidad nacional”.

Todos los grupos votaron a favor, salvo la abstención de Alianza Popular de Fraga. Quisieron clausurar la Guerra Civil y la dictadura para construir otro futuro. Santos Juliá ha subrayado que fueron amnistiados 86 presos de ETA, GRAPO, MPAIAC, más tres condenados a muerte del FRAP, y, en contrapartida, los policías y autoridades implicadas en actos de represión anteriores a 1977. Fue una ley pensada sobre todo para sosegar el País Vasco, porque, tras los citados indultos de noviembre de 1975 a marzo de 1977, la totalidad de presos políticos ya gozaba de libertad. No quedó nadie de ETA en las cárceles y esto en la banda lo interpretaron como debilidad del “Estado español” y así prosiguieron “luchando”, o sea, matando a 68 personas en 1978, a 78 en 1979, a 91 en 1980...

Por otro lado, el concepto de amnistía implicaba también los de reparación y desagravio. Como desarrollo de esta idea, y a tenor de las normas establecidas por la ONU, los sucesivos Gobiernos de UCD y del PSOE desarrollaron una detallada normativa que ha beneficiado exactamente a 608.683 personas que, por republicanas (fusiladas, encarceladas, sobrevivientes o depuradas) o por haber sufrido cárcel en la dictadura, han sido rehabilitadas y restituidas desde 1978 como acto de justicia democrática. Ahí se incluyeron, conviene enfatizarlo, los fusilados en cualquier momento por los sublevados o posteriormente; explícitamente el decreto ley de noviembre de 1978 establecía que las pensiones “se extenderían también a los familiares de aquellas personas que sin haber participado en acciones de guerra, hubieran muerto violentamente por acción directa y de los que hubieran sido ejecutados durante la contienda o posteriormente, por hechos ocurridos en la misma”.

Con el PSOE en el gobierno se reconocieron como años trabajados a efectos de la Seguridad Social “los periodos de prisión sufridos” durante la dictadura y se reconocieron “derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República”. En la ley de presupuestos generales de 1990 el PSOE indemnizó a “quienes sufrieron prisión durante tres o más años” bajo la dictadura, y se incluyeron a los funcionarios públicos depurados en la seguridad social.

Cierto que no se adoptaron medidas eficientes para exhumar y dignificar a los fusilados y enterrados en fosas ni se tocó el Valle de los Caídos. Pero es necesario saber que las compensaciones económicas (pensiones, indemnizaciones, etc.) incluidas en los sucesivos presupuestos del Estado desde 1978 hasta 2020 suman ya un total de 21.748 millones de euros. Todavía figuran más de cien millones anuales para este cometido, cifra menguante por fallecimiento de los beneficiarios. Sin duda, el desagravio y resarcimiento económico significan una rehabilitación política y ética que no se puede ni olvidar ni minusvalorar, pues conllevan la rectificación de un pasado y el reconocimiento de la legitimidad del compromiso con la República y de la lucha contra la dictadura.

En resumen, la aportación de más de 21 mil millones de euros por el Estado ha dignificado y restituido a más de 700.000 personas pertenecientes a los siguientes colectivos: los familiares de fusilados durante la guerra o en años posteriores; los soldados republicanos o sus familiares; los militares profesionales republicanos o sus familiares; los indemnizados por prisión bajo la dictadura; los funcionarios civiles de la República y familiares; los mutilados excombatientes republicanos más los mutilados civiles y los familiares de mutilados de la zona republicana.

Son datos políticamente necesarios para abordar las tareas pendientes con un conocimiento preciso de lo realizado hasta el momento, por más que sea incompleto.