Esperar no es la solución en Cuba

Arrastrando los pies, Cuba legalizó las primeras empresas privadas con candados que limitan su autonomía operativa, pero susceptibles de ser abiertos por las exigencias del mercado y la viveza del isleño, acostumbrado a la ganzúa desde que comprobó que la economía estatizada y la retórica antiimperialista no iban a resolver sus necesidades. Las importaciones y exportaciones deberán contar con la intermediación de una empresa estatal, y los socios de las empresas privadas, ser nacionales con residencia permanente en Cuba. Quedan excluidos de las nuevas sociedades los inversores extranjeros, según se infiere del Decreto Ley, mayoritariamente compatriotas domiciliados en Estados Unidos y España, que, a buen seguro, cortocircuitarán el marco regulatorio con testaferros y trucos registrales. El Gobierno los tolerará mientras convengan.

La liberalización emprendida será socialmente fructífera y dinamizadora de otras transformaciones pese a los inevitables agravios comparativos de los nuevos esquemas capitalistas, estigmatizados por una revolución anticapitalista, y pese a las restricciones que embridan el funcionamiento de las contrarrevolucionarias pymes, siempre postergadas por ausencia de voluntad política y discrepancias entre el seno del Partido Comunista de Cuba (PCC), no tan monolítico como se percibe. El aldabonazo callejero de julio, el convencimiento de que el embargo estadounidense no tiene fecha de caducidad, es estructural y hay que asumirlo como parte del paisaje, y los 11 puntos de caída del PIB, activaron la puesta en marcha de negocios con personalidad jurídica propia.

Consolidadas las políticas coercitivas de Washington y el achicamiento de la ayuda venezolana, la acumulación de obstáculos sepultan los márgenes de maniobra de un régimen que sobrevive, paradójicamente, gracias a las remesas de los compatriotas expulsados por los fracasos del socialismo irreal; previsiblemente, ellos serán los capitalistas de las nuevas sociedades. El turismo colapsó con la pandemia, Cuba no puede operar en dólares, quedó fuera de los canales financieros, está endeudada y la importación de bienes de consumo se vino abajo; también, el poder adquisitivo de la mayoría.

¿Consecuencias? La gente sin huevos, sin carne, ni vida, mientras aprietan el mercado negro y las demandas de más libertad de una ciudadanía que reclama una reforma integral y democrática del sistema. Las empresas privadas son un plausible paso adelante a pesar de que se excluye a los profesionales ligados a la prensa, la salud, la enseñanza y otros sectores, cuyos derechos individuales siguen en la inopia al no poder ser empleados por las nuevas empresas, ni ejercer por cuenta propia.

Las interrogantes sobre el alcance del decreto ley son relevantes: el régimen sindical de los trabajadores, el sistema crediticio o el grado de emulación de las experiencias china y vietnamita. A la fuerza ahorcan en Cuba desde hace decenios. Exigencias ineludibles se acometen porque no hay otro remedio cuando, parafraseando a un ministro, esperar no es la solución.