Leyendo de pie
Columna
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Monómeros y el ciudadano Alex Saab

Ver a la empresa petroquímica acogerse a la legislación que rige las bancarrotas en Colombia ha debido ser sumamente enojoso para el jefe político de Guaidó

La empresa petroquímica Monómeros, con sede en Barranquilla (Colombia), en una imagen de archivo.
La empresa petroquímica Monómeros, con sede en Barranquilla (Colombia), en una imagen de archivo.CORTESÍA

La empresa petroquímica Monómeros, cuya planta de fertilizantes suple desde Barranquilla más del 50 % de la demanda colombiana de fertilizantes y sobre cuya directiva responde desde hace menos de dos años el Gobierno interino venezolano, presidido por Juan Guaidó, ha sido intervenida por la Superintendencia de Sociedades colombiana.

La Cámara de Comercio de Barranquilla—leo en el diario económico La República— reporta que la petroquímica, que emplea directamente a 600 personas, es la número 15 entre las de mayor tamaño en la costa atlántica y que sus exportaciones alcanzan ya los cuatro millones de dólares anuales.

La directiva de Monómeros ha hecho circular—aunque no demasiado, en verdad: quizá porque ante estos bochornos conviene pasar con el dedo en los labios— un documento, verdadero modelo de eufemística financiera, que al cabo viene a decir a sus acreedores que mejor harán poniéndose en la cola.

Se ha sabido, casi al mismo tiempo, de un comunicado en el que Primero Justicia, uno de los partidos que hace parte del interinato, ve “con suma preocupación la falta de voluntad política y de buena disposición para explorar y discutir soluciones para proteger los activos de la República del régimen o de sus acreedores”.

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Séame lícito interpretar la sintaxis algo parda del comunicado de Primero Justicia: tal vez quiso decir “proteger del régimen los activos de la República” y no “los activos de la República del régimen”. En cuanto a los acreedores, eso de protegerse de ellos suena algo desparpajado, ¿verdad?, a lo menos mezquino, cuando de lo que se trata en estos casos es de asegurar inequívocamente que no les vayan a decir “vuelva el último” hasta la consumación de los siglos.

El vocero de Primero Justicia, nada menos que el canciller del interinato, ha hecho saber el fruto de sus reflexiones ante la intervención de la que debió ser, desde el primer momento, empresa modelo de virtud administrativa.

Dice el doctor Julio Borges que tal vez no fue una buena idea que el ejecutivo interino asumiera el control de esos y otros activos de la nación venezolana y que habría sido más saludable crear, desde el inicio del interinato, un fideicomiso que rigiera sobre Citgo y los lingotes de oro que reposan en el Banco de Inglaterra. Nunca debería ser tarde, pienso yo, para una buena idea. Pero es una pena que para esta del fideicomiso ya sea bastante tarde.

Ver a Monómeros acogerse a la legislación que rige las bancarrotas en Colombia ha debido ser sumamente enojoso para el jefe político de Guaidó porque hace solo un año la presidenta de la junta directiva de la petroquímica, designada ad hoc por el mismísimo Juan Guaidó, declaraba urbi et orbi, en una rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, que “Monómeros constituirá un ejemplo de cómo vamos a recuperar el país. Hoy somos una empresa rentable, hemos reformulado nuestras prácticas y procedimientos, basados en la transparencia”.

Todo esto ocurre mientras en México se reúnen enviados de Nicolás Maduro con una delegación de opositores para buscar salida a la crisis política venezolana. Las palabras más sonadas son “elecciones” y “sanciones”, pero los pundits afirman que de lo que realmente se trata es de avenirse ambos bandos para juntos agenciar los 5.000 millones de dólares de los llamados “derechos especiales de giro” que custodia el Fondo Monetario Internacional.

Como se trata no solo de una delicadísima negociación política sino de un monto considerable, el gang de Maduro ha designado a su bróker estrella, el empresario y diplomático Alex Saab a quien sus ocupaciones retienen por ahora en una cárcel de Cabo Verde pendiente de ser extraditado a Miami.

Visto así, ese nombramiento no sería una provocación sino un razonable requerimiento de paridad de rango entre los negociadores del interinato madrileño y los de la dictadura.

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