Fin del soliloquio

Resultados concretos aparte, que los ha habido, la importancia política de la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada ayer radica en que supone un inicio de normalización política y un indicio de incipiente normalidad institucional. Lo anormal era que desde la entrada en vigor del Estatut de 2006 esta institución, de consulta permanente y decisión colegiada, no hubiese funcionado regularmente desde 2011.

Ni siquiera se había reunido más allá de una vez en 2018, ya con el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Era algo insólito porque, en términos legales, debe convocarse obligatoriamente dos veces al año y cuantas desee cualquiera de ambas partes (artículo 183 del Estatut). Nunca lo hizo bajo los gobiernos del PP. Y en esta pasividad fue eficazmente secundado por los sucesivos Ejecutivos de la Generalitat durante la etapa del procés secesionista.

En cuanto a la normalización política, aunque sea solo incipiente y frágil, el encuentro implica el primer paso del retorno de un Govern de factura independentista a la práctica concreta de los procedimientos autonómicos. Eso sí, en la perspectiva de una relación bilateral más amplia —la mesa de diálogo acordada por Sánchez y el president Pere Aragonés— que verse sobre los litigios, la desafección y el desencuentro de una parte de la sociedad catalana con el conjunto de España. Pero que no excluye, de ninguna manera, la conveniencia ni la obligatoriedad de la relación multilateral prevista y concretada en el artículo 176 del mismo Estatut. Las críticas del PP a este encuentro, calificándolo de premio a los desleales o buscando en él una agenda oculta —como ha hecho el portavoz del partido—, no ayudan a la consecución de una mayor normalidad institucional.

Las actitudes del fugado a Waterloo, Carles Puigdemont, y de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que han denostado el encuentro por su “apariencia de normalidad”, siguen situando en el extremismo inmovilista a esa parte del independentismo. La utilidad de la reunión debería servir para que el más pragmático Aragonès no reincida en su absentismo en los foros multilaterales, a los que viene obligado legal y políticamente. Es incoherente postular como prioridad propia el plan de recuperación económica financiado por la Unión Europea y hurtar su presencia en uno de los ámbitos donde se debate su aplicación. El principal perjuicio que crea esa incomparecencia recae sobre la ciudadanía catalana.

Conviene insistir en esta cuestión porque el Estado compuesto en el que se organizan los españoles exige la corresponsabilidad de todos. El diálogo y la negociación no pueden armarse en una sola dirección, deben ser de ida y vuelta. Y no pueden circunscribirse a exhibir memoriales de agravios u orquestar campañas publicitarias, sino que reclaman buscar soluciones a problemas reales. En la cita de ayer se consensuó un calendario de seis meses para el traspaso de nuevas competencias, se avanzó en la política de becas y se adelantó una inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de El Prat. Los acuerdos en ámbitos como estos pavimentan, al fin, el deseable retorno a la política y demuestran el completo sinsentido de los soliloquios.